El Govern presenta su plan contra la pobreza infantil pero sin apenas recursos para implementarlo

Uno de cada tres menores se encontraba en 2023 en situación de pobreza o de exclusión social, definido por la tasa Arope, lo que traducido en cifras son unos 442.300 niños y adolescentes, según la Encuesta de condiciones de vida. Para intentar reducir estas alarmantes cifras, la Generalitat ha presentado la Estrategia de lucha contra la pobreza infantil en el horizonte 2024-2030. Pero lo hace a las puertas de la campaña electoral, que arranca el viernes, y con unas propuestas sin presupuesto asociado, o difícil de implementar por su complejidad o que ni tal solo depende del Govern.

Hay varias formas de medir la pobreza infantil, pero todas ellas indican cifras inquietantes. Si me mira el nivel de ingresos y el nivel de privación de material, las estadísticas indican que este porcentaje se sitúa en el 26,8% y el de pobreza infantil severa, en el 12%. En cambio, si se tienen en cuenta la citada tasa Arope, que también tiene en cuenta el riesgo de exclusión social, el porcentaje se dispara hasta el 32,5%, mientras que el de la población en general es del 24,4%.

Con este negro panorama, que además se viene arrastrando desde hace años, el Govern aprobó el pasado octubre la elaboración de una Estrategia de lucha contra la pobreza infantil, que el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha presentado este lunes. “Estas tasas son inaceptables y no puede ser que el código postal donde naces predetermine tu futuro”, ha terciado el consejero.

La Estrategia, elaborada por un comité de representantes de varios departamentos de la Generalitat y asesores externos, se plantea el objetivo de reducir estos índices de pobreza hasta niveles medios europeos, que en 2022 se situó en el 24,7%. Un largo camino que el Govern quiere abordar no solo desde las prestaciones sociales, sino también desde el ámbito educativo, habitacional, salud o laboral, entre otros.

El plan se concreta en 12 medidas, algunas de difícil implementación por su complejidad, pero otras porque dependen de una partida económica que actualmente no existe. Una de las medidas estrella es la creación de una prestación universal para familias con niños, que recibirían todos los hogares, independientemente de su nivel económico. Pero no se trata de una ayuda que impulsaría el Govern, ya que Campuzano ha dejado claro que la Generalitat tiene capacidad limitada, así que ha instado al Gobierno central a ponerla en marcha.

Asimismo, se plantea modificar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) para ampliar los beneficiarios y mejorar el sistema de gestión de estas prestaciones. De hecho, esta ayuda ha sido muy criticada por el complicado trámite burocrático que hay que hacer para conseguirla.

En el ámbito educativo se propone la gratuidad de las guarderías para todos los alumnos (actualmente solo se aplica a la etapa de infantil 2). El Departamento de Educación ya ha admitido que ampliará la gratuidad cuando tenga dinero para hacerlo. Y es que la tasa de escolarización en I2 fue del 62% (según datos de hace dos años del Idescat), lo que implicaría crear un gran número de plazas y nuevas escuelas, una tarea difícil de asumir para los ayuntamientos (que son los que tienen la titularidad) en un momento de caída de natalidad. En este ámbito también se está pendiente de la elaboración del plan de choque contra el abandono escolar y del plan para universalizar las actividades extraescolares, que el departamento se comprometió tener listo antes del final de legislatura. Asimismo, se apuesta porque todas las becas comedor cubran el 100% del coste del menú.

En cuanto a la sanidad, se plantea desplegar un programa de lucha contra la obesidad infantil y mejorar el servicio de salud mental, actualmente colapsado. Asimismo, se propone ampliar el parque de vivienda social (un déficit en muchos municipios, pero una tarea nada rápida de implementar) o fomentar la inserción laboral entre familias con niños, a través de ayudas para la conciliación.

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