El Gobierno impulsa un pacto de Estado para erradicar la pobreza infantil

España tiene la peor tasa de riesgo de pobreza infantil de la Unión Europea. En 2022, último año con datos disponibles para todo el club comunitario, ocupó el primer puesto de este ranking que nadie quiere liderar. Y en 2023, la cifra para España empeoró en 1,1 puntos, hasta alcanzar al 28,9% de los menores de 18 años. Unos datos “absolutamente desoladores”, ha afirmado este lunes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que esta legislatura quiere impulsar un pacto de Estado para erradicar este problema que ha definido como “estructural”. Para ello, ha creado un grupo de trabajo con las principales entidades del tercer sector en protección a la infancia, e impulsará otro a nivel interministerial. El objetivo es tener la hoja de ruta para alcanzar este pacto definida a lo largo de 2024. Su intención es involucrar también a los partidos políticos que conforman el arco parlamentario, así como a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, competentes en asistencia social. La ministra ha insistido en la necesidad de que España disponga de una prestación universal por crianza.

La pobreza infantil se está cronificando, según alertan los expertos desde hace años. Hay 2,3 millones de niños y adolescentes que viven en un hogar bajo el umbral de la pobreza. Crecer en estas condiciones implica tener menos oportunidades y aumenta las papeletas para sufrir peor salud, alcanzar una peor formación y un peor empleo. Por lo que aboca, a su vez, a más pobreza. Un círculo del que resulta difícil salir. Y un problema que, “por desgracia, es un elemento de largo recorrido”, ha señalado Rego a los periodistas, antes de comenzar la reunión con las entidades del tercer sector.

Por ello, la ministra se ha propuesto alcanzar un pacto que no incluya únicamente medidas del Ejecutivo, y pretende “también interpelar a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a los grupos parlamentarios”. Es decir, ir más allá de los colores políticos, “a todos los niveles competenciales y sociales”, en palabras de Rego. El ministerio y las entidades sociales han comenzado a trabajar este lunes y han acordado la creación de un grupo de trabajo estable que arrancará después de Semana Santa y que en un inicio estará formado por representantes de Unicef, la Plataforma de Infancia, Save the Children, Cruz Roja, Mensajeros de la Paz, Cáritas y Fundación Secretariado Gitano —presentes en la reunión de este lunes—, pero más adelante podrán sumarse otras organizaciones. Según se explica en un comunicado, Rego impulsará también la creación de un grupo de trabajo interministerial “en el que se hará seguimiento y se coordinará” la respuesta del Gobierno, formado por el PSOE y por Sumar, espacio al que pertenece la ministra.

Rego ha destacado que se persigue “una estrategia de país”. “En primer lugar, vamos a buscar un diagnóstico, vamos a establecer cuáles son las medidas de corto, de medio y de largo alcance, a coordinarnos con los Gobiernos autonómicos y con los ayuntamientos porque consideramos que algunas de las medidas ya se han puesto encima de la mesa y se trata también de buscar dispositivos de coordinación para agilizarlas”, ha dicho, sin dar detalles sobre las mismas.

La ministra ha destacado que ya se han dado pasos, como el proyecto de ley de familias recientemente aprobado y que actualmente se tramita en el Congreso. Pero hace falta más. España invirtió en 2021 el 1,5% en familia e infancia, frente al 2,4% de la media europea. “El compromiso del ministerio es aumentar las partidas destinadas a la infancia en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2025″, se lee en el comunicado. Este año no habrá cuentas, porque así lo decidió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el adelanto electoral en Cataluña.

Rego ha destacado la necesidad de una renta universal por crianza. España es uno de los siete países de la UE que no dispone de una prestación de este tipo. Las organizaciones de infancia defienden desde hace años que exista una ayuda a todas las familias hasta que los hijos cumplan 18 años, pero en la anterior legislatura la medida no cosechó el apoyo del PSOE, pese a que la entonces ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (Podemos), trató de incluirla en la ley de familias.

Tanto Rego como el actual ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, también de Sumar, han vuelto a ponerla sobre la mesa. Pero no está recogida en el acuerdo de coalición con el PSOE. Bustinduy ha recalcado en varias ocasiones que en el tramo hasta los tres años la protección es “casi universal”, a través de una deducción fiscal reembolsable por maternidad o del complemento de infancia del ingreso mínimo vital (en ambos casos de unos 100 euros al mes). Y ha defendido que su intención es, como primer paso, extenderla hasta los seis años, algo que se estaba negociando en los presupuestos de 2024, antes de que se renunciara a ellos. La ministra y las entidades sociales han coincidido, además, en que también es preciso revisar los requisitos para acceder al ingreso mínimo vital.