Hasta 71 días para que tu hijo vea a un psicólogo en la red pública de Cataluña: “La gente que puede se va a la privada”

“Ya conocía cómo funcionaba la pública, así que fuimos a la privada”. Al hijo pequeño de Flors Moreno le costaba concentrarse. Era movido, dice, y aumentó su impulsividad cuando entró en la adolescencia. Su hermana había sufrido hacía años un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) y la familia conocía los entresijos del sistema público de atención a la salud mental de los menores de edad. Moreno sabía que la forma más rápida de iniciar una terapia para su hijo era visitando un profesional privado. A los 13 años, el joven visitó en 2022 por primera vez al psicólogo. Hizo terapia durante cerca de un año, y le diagnosticaron un Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).

La familia planteó el pasado marzo a su pediatra introducir una medicación y le derivaron a un Centro de Atención a la Salud Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ), espacios clínicos especializados principalmente en el ámbito de la psicología y la psiquiatría. Tras los primeros contactos con el centro ahora esperan una cita con un psiquiatra para el próximo día 15 de junio.

En Cataluña hay actualmente unos 57 CSMIJ según el Departamento de Salud. Y están permanentemente sobrepasados. “Las familias buscan otras vías ante la dificultad de acceder al sistema”, avisa Marta Poll, directora de la Federació Salut Mental Catalunya. Quién puede pagar un psicólogo privado, lo paga. Quien no, aguanta. “Eso genera una brecha económica muy peligrosa”, insiste Poll. La familia de Moreno abonó unos 900 euros aproximadamente en sus visitas al psicólogo privado. “Íbamos una o dos veces al mes, a 60 euros la visita”, concreta la madre.

Según responde Salud requerido por EL PAÍS, una primera visita ordinaria (no urgente) en psicología clínica de un CSMIJ tardó de media en abril entre los 31 días en la región del Alt Pirineu y los 71 de Barcelona Metropolitana Sur. Las visitas preferentes tardan entre 9 y 28 días. El tiempo de espera depende de diferentes factores, como el tipo de población o el número de servicios habilitados en el territorio, entre otros: la región sanitaria de Alt Pirineu y Arán cuenta con un CSMIJ por cada 12.300 habitantes y tiene una espera media entre dos y tres veces menor que la región sanitaria de Catalunya Central, con un centro por cada 181.500 habitantes. La media catalana es de un centro por 135.000 personas, con una desviación que alcanza el máximo en la región sanitaria de Lleida, con un CSMIJ por 365.000 habitantes.

El problema de accesibilidad, entiende Poll, es que una vez los usuarios entran en el circuito público, las visitas sucesivas pueden llegar a tardar meses. “Tenemos familias que esperan hasta tres o cuatro meses y esto genera mucha angustia entre los usuarios y los familiares”, lamenta. El malestar emocional es especialmente difícil de gestionar sin un acompañamiento en la adolescencia. La intensidad propia de esta etapa y los cambios que se suceden en un periodo corto de tiempo dificulta la gestión del día a día. “En la vida de un joven ocurren muchas cosas en tres o cuatro meses”, insiste Poll.

¿Cómo se abordan los trastornos si los jóvenes tienen que aguardar tanto tiempo entre cita y cita? “Es evidente que algún tratamiento está por debajo del umbral terapéutico y no se ofrecen las visitas requeridas”, admite Roger Ballescà, coordinador del Comité Infancia y Adolescencia del Colegio de Psicólogos de Cataluña. En estas situaciones se dan mayoritariamente dos escenarios, apunta el experto: la patología puede “empeorar o cronificarse”, dice; o se recorre a la medicación cuando la resolución sería posible con “abordajes terapéuticos”.

La salud mental de los jóvenes se ha resquebrajado tras la pandemia. Las visitas en los CSMIJ aumentaron un 8,5% en Cataluña entre 2021 y 2020, y las primeras visitas, un 13%. Las conductas suicidas crecieron hasta los 1.658 casos (un aumento del 135,2%), de los cuales 1.397 (84,3%) fueron mujeres. “La demanda ha aumentado muchísimo, sobre todo a raíz de la pandemia”, remarca Ballescà, “pero los recursos son prácticamente los mismos y la capacidad de respuesta está comprometida. Son las mismas manos con mucha demanda”. El Departamento de Salud, en todo caso, destina 521,5 millones de euros a la salud mental, un incremento del 10% respecto a las cuentas anteriores.

Las propias familias son conscientes de la situación y reclaman más herramientas. “Yo soy docente y veo a diario esta problemática creciente”, resume Moreno. “Los profesionales te atienden muy bien, pero ves que están quemados y colapsados por la gran demanda. Y cuando están de vacaciones o de baja, no los cubren y tienen más trabajo aún”. Para Poll, es necesario implementar medidas para el día después: “Existen programas de acompañamiento para recuperar el proyecto vital de los usuarios a nivel de estudios, empleo, relaciones, etc, pero depende demasiado de donde vives”.

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