El informe del Parlament sobre la covid en las residencias evita señalar a culpables pero denuncia deficiencias en el sistema

Hace casi cuatro años que el virus de la covid-19 irrumpió en la sociedad catalana, y donde más estragos causó fue en las residencias de ancianos. Hasta junio de 2022, el departamento de Salut de la Generalitat cifró en 4.566 los residentes que murieron en los centros por la covid desde el inicio de la pandemia, una cifra que los datos de Imserso aumentan hasta más de 8.200 —contando hasta enero de 2023 y tanto los que murieron en los centros como en hospitales, así como los que fallecieron por síntomas compatibles con la covid sin que se confirmase la infección—. Casi un tercio de los muertos por covid en Cataluña eran usuarios de residencias, según la estimación más alta. La pandemia, pues, se cebó en los más mayores, y los familiares pidieron responsabilidades. Casi cuatro años después, este miércoles la comisión de Derechos Sociales en el Parlament debatirá y aprobará las conclusiones a las que ha llegado el grupo de trabajo que se creó para analizar el impacto de la covid en las residencias. Según los familiares, las conclusiones llegan tarde y mal: el informe apunta a deficiencias en el sistema de salud, de los servicios sociales y de la inspección, pero evita señalar culpables. La asociación de familiares Coordinadora 5+1 se concentrará este miércoles ante la cámara catalana para protestar contra unas conclusiones que consideran insuficientes.

El informe del grupo de trabajo, que ha avanzado El Periódico y al que ha tenido acceso EL PAÍS, llega tras un tortuoso camino. Durante la legislatura de Quim Torra, aún con el impacto de la pandemia muy reciente, se creó una comisión de investigación en el Parlament, pero esta decayó sin haber dado resultados cuando se adelantaron las elecciones. Con la nueva legislatura, los grupos volvieron a pedir una comisión de investigación, pero en noviembre de 2021 ERC, Junts y PSC votaron en contra y dijeron que era mejor un grupo de trabajo a puerta cerrada, lo que indignó a los familiares. El grupo echó a andar en 2022, se han llevado a cabo diez sesiones y han intervenido expertos, entidades y representantes políticos, pero a un ritmo lento que exasperó hasta a Amnistía Internacional, que exigió celeridad en la exposición de las conclusiones.

Finalmente, las conclusiones se votarán este miércoles en la comisión de Derechos Sociales. El documento incluye las propuestas de los grupos y unas conclusiones comunes. Estas apuntan que la pandemia sorprendió a un sistema que ya tenía debilidades demasiado grandes para hacer frente a una emergencia como esta. “Muchos de los errores cometidos fueron consecuencia de la falta de información científica y del hecho de no disponer de estructuras preparadas y protocolos claros para actuar en una situación de pandemia”, señala el informe sobre el primer momento de la irrupción de la covid.

También expone que ya desde el principio no había herramientas, entre otras cosas, porque la cartera de servicios sociales no se actualiza desde 2010, y porque se demostró que había “desconocimiento entre los sistemas de servicios sociales y de salud, y falta de recursos asistenciales sanitarios en las residencias”, es decir: los ámbitos social y sanitario funcionaban con sistemas de información distintos y sin bases de datos compartidas, y los médicos y enfermeras de las residencias no tenían acceso a los expedientes clínicos de los usuarios. A esto se le suma, como antecedentes, que las residencias catalanas tienen una creciente densidad de usuarios con altos grados de dependencia: actualmente, la media de edad es de 87 años, el 46% de los usuarios tiene demencia, el 51% tiene alta complejidad clínica, y la mortalidad anual en las residencias catalanas se sitúa entorno al 20%, según los datos del informe.

Derivaciones hospitalarias “desiguales”

Uno de los puntos clave del informe es ver si los residentes recibieron un trato médico adecuado, y si fueron derivados a los hospitales de la forma en que tenía que hacerse. “Las decisiones [sobre las derivaciones] se tomaron siguiendo criterios médicos [...] ahora bien, la tensión del sistema sanitario y la falta de coordinación con el sector residencial provocaron un acceso desigual en los centros hospitalarios”, resume el informe, que también destaca que los residentes que se quedaron en los centros fueron confinados en sus habitaciones, lo que conllevó “consecuencias físicas y psicológicas”. “Hasta algunas residencias vulneraron el derecho de los familiares a la información sobre el estado de salud y la evolución de los residentes”, añade.

El informe pone muy en valor los esfuerzos del personal de las residencias, pero señala problemas estructurales: falta de titulación adecuada y adaptada, sueldos bajos, largas jornadas laborales, alta rotación de personal y una ratio desequilibrada que no se actualiza desde 2011. El grupo de trabajo asesta una dura crítica contra todos los gobiernos: “Es contradictorio querer reconocer el sector residencial como un sector esencial al mismo tiempo que hay una precariedad sistémica que los gobiernos han mantenido durante la última década”. “El sector residencial no se tiene en consideración, está poco profesionalizado y mal retribuido”, añade, a la vez que critica que el sistema “sufre una infrafinanciación crónica”, entre otras cosas porque el Estado solo aporta el 16% de los fondos cuando la ley de Dependencia dice que debería aportar la mitad. El informe también expone que los servicios de inspección “son deficientes”, porque no actúan de oficio, hay falta de personal y los usuarios no denuncian porque no conocen sus derechos.

El grupo de trabajo termina proponiendo cambios, que el Govern defiende que ya ha empezado a aplicar. Entre las propuestas, está la de integrar la visión sanitaria con la social, apostar por un modelo más domiciliario y comunitario (retrasando la llegada de los usuarios a las residencias), fomentar la colaboración público-privada con una financiación suficiente y aumentar las dotaciones de inspección. El grupo de trabajo insta a crear, en un plazo de seis meses, una mesa residencial para promover y diseñar este nuevo modelo.

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