Cataluña corre el riesgo de perder 12.000 plazas geriátricas, según los directores de residencias

La continuidad de 12.000 plazas geriátricas está en peligro en Cataluña, según la asociación Ascad, que agrupa a los directores de centros de atención a la dependencia. El motivo son los nuevos requisitos para la acreditación oficial de centros colaboradores del sistema público, aprobado en 2022, muy difíciles de asumir en centros ubicados en edificios antiguos o pequeños o que no pueden acometer inversiones para afrontar las nuevas condiciones. Ascad ha enviado una carta a distintas instituciones, entre ellas la Fiscalía, para alertar de que la obligación de presentar la solicitud de acreditación aboca a los responsables de los centros a incurrir en un delito de falsedad documental.

El profundo impacto que sufrieron las residencias de ancianos durante la pandemia de la covid-19 —las estimaciones más altas apuntan que en Cataluña el 31% de los fallecidos por el coronavirus fueron usuarios de residencias— obligó a una también profunda reflexión sobre el modelo de estos centros. ¿Seguían siendo útiles y seguras las macroresidencias? ¿Cómo debería ser la atención a los usuarios? ¿Y la relación con los centros y los profesionales de salud? En 2022, la entonces ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, impulsó un acuerdo de acreditación para los centros colaboradores, que fijaba los requisitos que deben cumplir las residencias para entrar en el sistema público, y que pasan por implementar una serie de cambios organizativos, estructurales y físicos para que los centros se parezcan cada vez más a un hogar y para que tengan una atención más personalizada.

La carta de los directores la han recibido la Fiscalía, el Síndic de Greuges, el Imserso, el consejero en funciones de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, y la Mesa del Parlament. En ella, Ascad expone los vaivenes normativos que han tenido un impacto en los centros de dependencia desde la pandemia, empezando por el decreto 69/2020, que salió justo después del confinamiento, y que ya establecía requisitos que debían cumplir los centros, aunque sin fecha límite. Dos años después llegó el llamado acuerdo Belarra, de 2022, que se hizo bajo el paraguas de la Ley de Dependencia. Cataluña al principio no se adhirió al acuerdo, pero luego sí que lo firmó, y recibió financiación por ello.

Los gerentes consideran que la normativa catalana, basada en el decreto de 2020, debía adaptarse al acuerdo Belarra, y en reiteradas ocasiones pidieron a la Generalitat que lo hiciera. La carta especifica que en la presentación de la documentación se incluye una declaración responsable conforme que se cumplen las condiciones materiales de la normativa anterior, con lo que firmarla llevaría a los responsables a incurrir en un delito de falsedad documental. El Departamento de Derechos Sociales todavía no ha contestado al requerimiento ni a las preguntas de este diario.

Los directores añaden que el pasado 15 de junio Derechos Sociales convocó una reunión en la que, sin entrar en cómo se adaptará la normativa catalana al acuerdo Belarra, pone ahora sí como fecha límite el 5 de agosto para presentar la documentación de acreditación, con la declaración responsable. “Nos encontramos en una disyuntiva”, explica Iñaki Antón, vicepresidente de la asociación. “Te presionan para que acredites tu centro, con lo que si no cumples con los requisitos, tendrás la responsabilidad”, señala sobre unos requisitos que pueden ser de organización, pero también de estructura física: que los pasillos y las habitaciones tengan una determinada medida, o que se supriman las habitaciones triples. Antón asegura que más de la mitad de los centros no puede cumplir con todos los requisitos. “Y además dicen que a medida que vayan falleciendo las personas que ocupan las plazas, estas dejarán de ser públicas si no están acreditadas. Esto puede dejar a Cataluña sin más de 12.000 plazas públicas, justo cuando hay una larga lista de espera”, alerta Antón.

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