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Cataluña instalará una desalinizadora flotante en el puerto de Barcelona por la sequía

La Generalitat, que también ha aprobado la instalación de 12 desaladoras móviles en la Costa Brava, descarta definitivamente traer barcos con agua a la capital catalana

Zona de captación del agua del mar de la desaladora del Llobregat (Barcelona).
Zona de captación del agua del mar de la desaladora del Llobregat (Barcelona).ALBERT GARCIA

La Generalitat ha anunciado este jueves que instalará una desalinizadora en el puerto de Barcelona para garantizar el acceso a agua de la población durante la emergencia por la crisis hídrica en la que se encuentra Cataluña desde hace más de tres años. “Es la apuesta del Govern para los futuros episodios de sequía que podamos tener”, ha señalado el consejero de Acción Climática, David Mascort. Además de esta infraestructura, que aportará 14 hectómetros cúbicos anuales y que estará funcionando en octubre, el Ejecutivo catalán instalará 12 desaladoras móviles en la Costa Brava. “Aseguramos el acceso a agua de toda la población en las actuales condiciones de emergencia”, ha afirmado Mascort, que ha descartado nuevas restricciones en los 239 municipios que se encuentran en la fase más grave del Plan Especial de Sequía (PES) si se mantiene esta tendencia meteorológica. Ambas operaciones hidrológicas supondrán en total la inversión de 110 millones de euros en un periodo de cinco años procedentes de los fondos de la Generalitat.

A las puertas de las elecciones del próximo 12 de mayo, el Govern renuncia así a la llegada de buques con cargamentos de agua después del verano. “La que presentamos es una solución más económica y sostenible”, ha destacado el conseller, quien ha subrayado que “es evidente que no podemos traer un barco cada día”. Los cerca de 40.000 metros cúbicos diarios que aportará la desalinizadora flotante, el equivalente al 6% del consumo del área metropolitana de Barcelona, se inyectarán directamente a la red de abastecimiento. Según Mascort, esta agua cuesta la mitad (4,4 euros el metro cúbico) que la procedente de un barco (unos 10 euros el metro cúbico), que cargaría con alrededor de 30.000 metros cúbicos. La empresa Abengoa fabricará la desalinizadora flotante.

En cuanto a las 12 desaladoras móviles que se instalarán en la Costa Brava, que abastecerán a los municipios de la cuenca de la Muga y que sufragarán el Consorcio de Girona y la Agencia Catalana del Agua (ACA), cuatro se ubicarán en el municipio de Roses (Girona), cuatro en la ETAP de la Empuriabrava y otras cuatro en la playa de este núcleo urbano. Las ocho primeras estarán en funcionamiento en junio y, las restantes, en octubre. Estas infraestructuras aportarán el consumo del 35% de los habitantes de esta municipios que se encuentran en Emergencia II. “Corríamos el riesgo de que la población de esta zona, tensionada por la falta de lluvias, no tuviera acceso a agua después del verano”, ha explicado Mascort.

Sobre el revuelo causado el martes por la flexibilización en el llenado de piscinas, el consejero ha afirmado que la modificación del Plan Especial de Sequía no está pensada para municipios costeros “ni para que los hoteles rellenen las albercas”, sino para dar solución “a las poblaciones de interior” que no tienen alternativas públicas suficientes para garantizar espacios que se puedan considerar como refugios climáticos. Mascort ha remarcado que la Generalitat prevé declarar la Emergencia II en el área metropolitana de Barcelona “si no llueve más y continuamos con la tendencia actual”. Los embalses de las cuencas hidrológicas internas se encuentran al 18% de su capacidad.

El Ejecutivo catalán, que preside Pere Aragonès, ha sido criticado en varias ocasiones por la gestión de la sequía. Jessica Albiach, la candidata de los Comunes en las próximas elecciones de la comunidad, ha manifestado este jueves que el Govern “ha pasado la patata caliente” a los ayuntamientos, quienes tendrán que acordar con el sector hotelero y las comunidades de vecinos la condición de refugio climático para las piscinas privadas. Albiach se ha comprometido a “blindar” la ejecución de las inversiones en medidas antisequía, como las desaladoras, y prohibir por ley la posibilidad de realizar un trasvase del Ebro.

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