La Cámara de Comercio alerta de que los precios de la vivienda amenazan el Estado del Bienestar

La Cámara de Comercio de Barcelona ha presentado este martes un estudio sobre La accesibilidad de la vivienda en Cataluña, un trabajo realizado con el apoyo del departamento de Economía del Govern que constata las dificultades de comprar o alquilar un piso, cómo el alquiler se ha disparado como fórmula de acceso desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, y que los principales colectivos afectados por el alza de precios son los jóvenes y los migrantes. Con datos que en su mayoría ya estaban publicados, el jefe del Gabinete de Estudios de la Cámara, Joan Ramon Rovira, ha alertado de que los precios de la vivienda son “una barrera con consecuencias a largo plazo” que amenaza el Estado del Bienestar.

“Con los jóvenes y migrantes destinando más de un 40% de su renta a la vivienda, detrás de esta vulnerabilidad está en juego el Estado del Bienestar, porque si no tenemos población joven que acceda con facilidad a la vivienda, sea en propiedad o de alquiler en condiciones adecuadas, es muy difícil que pueda iniciar proyectos de vida, tener empleo estable, contribuir a la seguridad social o cotizar”, ha avisado Rovira. El experto ha mostrado como desde la gran crisis de 2008 la tasa de sobrecarga en el pago del alquiler se ha disparado, de manera que se ha creado una gran brecha entre inquilinos y propietarios. Para el 20,7% de la población española que vive de alquiler, pagarlo supone más de un 40% de su renta disponible (datos de 2020), mientras que para quien paga hipoteca la sobrecarga no llega al 5%. “Es habitual que la sobrecarga se concentre en el alquiler pero con un diferencial tan grande solo ocurre en España y el Reino Unido en Europa. Es muy difícil que con estas cifras jóvenes, migrantes o rentas bajas puedan emanciparse, formar una familia...”, ha lamentado para concluir: “Tiene consecuencias en la economía, la tasa de fecundidad y la demografía, afecta al futuro del país”.

El informe constata otras brechas. Como que el 77% de hogares de España donde todos los miembros son de nacionalidad española son familias que viven en pisos de propiedad (con el piso pagado o hipotecados); una cifra que se invierte en las familias donde algún miembro es de nacionalidad extranjera, donde el 68% de los hogares vive de alquiler.

Para paliar una situación que tanto Rovira como el presidente de la Cámara, Josep Santacreu, han considerado “estructural”, la institución propone “un gran pacto entre agentes económicos para aumentar el alquiler”. Con medidas concretas en materia urbanística (agilizar planes urbanísticos para generar suelo, simplificar la tramitación de licencias, movilizar suelo público y privado para vivienda social), en materia económica (bonificaciones fiscales para los promotores de alquiler, mejorar las competencias profesionales del sector de la construcción o más presupuesto para vivienda); y en la carpeta de las infraestructuras (una red de transporte público que conecte mejor la periferia con los centros económicos y mejorar los servicios en las zonas rurales). “Por ello exigimos un gran pacto, porque es una cuestión estructural y es urgente abordarla con medidas a largo plazo”, ha manifestado Santacreu.

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