Los jóvenes no pueden irse de casa: la edad media de emancipación supera por primera vez los 30 años

La pérdida de poder adquisitivo de los jóvenes —el 20,6% de los que trabajan está en riesgo de pobreza o exclusión social— y la subida ininterrumpida de los precios de la vivienda —el alquiler medio supone más del 80% del salario medio de un joven— hacen casi imposible que la juventud española se independice. Así lo refleja el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE) en su Balance general del segundo semestre de 2022, presentado este viernes, que concluye que el porcentaje de jóvenes que residía fuera del hogar familiar era de un 15,9%, la mitad de la media de la Unión Europea (31,9%). De esta forma, la edad media de independencia se sitúa en 30,3 años, el rango de edad de una persona joven es de 18 a 30 años, según el CJE; aunque para la UE llega hasta los 34. La cifra, que por primera vez se establece por encima de la treintena, es la más elevada desde que se empezó a publicar el informe, hace dos décadas. “Nos hemos encontrado este año con algo inusual desde que se tienen datos. Las personas jóvenes ya no se emancipan, lo hacen cuando dejan de serlo”, ha señalado Andrea González Henry, presidenta del CJE. Lo que se resume en una “población emancipada más vieja”.

Esteban Pérez tiene 26 años y vive en Dos Hermanas, en Sevilla, con su familia. Quiere salir del nido, porque “es un paso fundamental que hay que dar para desarrollarse y avanzar”, pero, de momento, no puede. En el pasado ha vivido, compartiendo piso, en Barcelona y en Madrid. Son las ciudades más caras de España —compartir piso en la ciudad catalana cuesta de media 575 euros al mes; en la capital, 527, según el informe más reciente de Fotocasa—, pero entonces tenía unos salarios que se lo permitían. Para Juan Antonio Báez, vicepresidente y responsable de Socioeconómica del CJE, se ha sumado otro fenómeno cada vez más común en España: la movilidad joven. “La gente joven que se emancipa ha tenido que moverse de provincia. Apenas un 10% de los que dejan el hogar residen en la misma provincia”. Pérez ahora no tiene trabajo. Sí ahorros, pero no le dan para vivir emancipado. Por eso, hace unos meses optó por registrarse como demandante de vivienda de protección oficial (VPO) en su municipio, para en un futuro entrar a vivir en un barrio de viviendas protegidas que está todavía en construcción, Entrenúcleos, en Dos Hermanas. “Como están financiadas por las administraciones, son más asequibles que las viviendas libres”, justifica.

En todo caso, tener un empleo tampoco garantiza poder acceder a una vivienda por cuenta propia, ya sea mediante compra o alquiler. A pesar de que el salario medio de los jóvenes aumentó en un 4,6%, llegando a los 13.079,19 euros netos anuales (o 1.089,93 euros netos mensuales), el coste de las viviendas en alquiler se incrementó en un 7,55% en el segundo semestre de 2022. En ese momento, el alquiler medio de una vivienda se situaba en 912 euros, según recoge el informe. Es decir, una persona joven trabajadora tendría que destinar el 83,7% de su salario para cubrir el alquiler por sí sola. Sumando a esto los 141 euros en promedio que cuestan los suministros y servicios de una vivienda (como el agua, la luz o el gas), el total ascendería a 1.053 euros al mes, lo que representaría el 96,6% de su sueldo. En otras palabras, solo dispondría de 36,93 euros para alimentos, ropa y ocio.

En 2023, el panorama es todavía peor. Poder sufragar el alquiler íntegro de una casa se ha convertido en un lujo y muchos jóvenes se ven forzados a compartir piso. Aunque es una opción más asequible, el precio de las habitaciones se ha disparado y equivale casi tanto como lo que costaba arrendar una casa entera hace tan solo unos años. El coste promedio de alquilar una habitación a finales de 2022 era de 282,19 euros. Hoy cuesta, de media, 440 euros al mes, según el último estudio de Fotocasa. El año pasado, pagar ese alquiler suponía un 25,9% del salario promedio de los jóvenes. Este 2023, un 40%, un dato por encima del 30% que establecen los organismos de control europeos. El esfuerzo financiero medio —la parte del salario que el ciudadano destina al pago de la casa— ha aumentado un 66,2% desde 2015, tal y como indica el portal inmobiliario.

“Me llamaron, fui a ver los pisos, y en principio lo he cogido. He pagado una reserva de 3.300 euros y, aparte, el 10% del valor de la vivienda. Digo en principio porque cuando el piso esté, que será a finales de 2025, tendré que tener un empleo con un contrato indefinido, un sueldo fijo y ciertos ahorros acumulados para que me concedan una hipoteca. Difícil. Pero si no me la conceden, al menos ese dinero me lo devuelven. Si no fuera por esta oportunidad, yo vería lo de independizarme a años luz”, explica Pérez, que estudió Periodismo y un máster en Documental y Reportaje Periodístico Transmedia. “Necesitaría una estabilidad laboral, y eso es muy complicado siendo periodista. Al final, quizás tengo que renunciar a trabajar de lo que he estudiado”, lamenta el chico, que está en paro, al igual que el 22,2% de los jóvenes españoles.

Además de todo esto, tanto para Pérez como para otros muchos jóvenes la opción de pedir una hipoteca queda descartada. La cuota inicial promedio para adquirir una vivienda se situaba en 49.852,20 euros a fines de 2022, lo que equivalía a 3,8 años completos de salario para alguien menor de 30 años. Y para aquellos jóvenes trabajadores que lograban acceder a una, la cuota mensual inicial promedio ascendía a 661,33 euros, lo que representa el 60,7% del salario promedio de un empleado menor de 30 años.

El mito de la meritocracia

Como la mayoría de los de su generación, Pérez ha crecido escuchando un mito: que una mayor formación y un trabajo duro se traducirían en una mayor estabilidad económica y, por lo tanto, garantizarían una vivienda digna. Que los jóvenes podrían disfrutar de ciertas comodidades si se esforzaban lo suficiente. “Es el falso mito de la meritocracia”, define Báez, de la CJE, que argumenta: “Se nos prometió que con una carrera, un máster y un doctorado tendríamos un trabajo acorde a nuestra formación académica que nos permitiría tener una vida maravillosa. Nada más lejos de la realidad. Lo que ha creado este discurso es un grave problema de sobrecualificación y una parcialidad no deseada tremenda”.

En el periodo analizado, el 42,6% de las personas menores de 30 años con estudios superiores que trabajaba lo hacía en un puesto que requería una formación más baja de la que poseía. Y casi la mitad de las personas jóvenes ocupadas a tiempo parcial lo hacía de manera involuntaria. “¿Y esto es nuestra culpa, como dicen?”, se pregunta Báez. “No, esto es consecuencia de la falta de acción política. Aunque la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional han mejorado la situación, es necesario un pacto de Estado, una alianza real entre la población y los sectores públicos y privados para mejorar la situación de la vivienda y el empleo en España”, afirma. “Necesitamos que se deje de tratar la vivienda como un bien de mercado y se use como un bien real. Estamos cansados de que se utilice a las personas jóvenes para decir que somos los culpables de la situación que padecemos”. Con eso concuerda la presidenta del CJE, que enfatiza que los jóvenes están “infrarepresentados” en las tomas de decisiones a la hora de hacer políticas públicas.

En España, tener estudios superiores no garantiza poder independizarse. En el segundo semestre de 2022, tan solo un 22,9% de los jóvenes que habían completado estudios de formación profesional de nivel superior o estudios universitarios habían logrado emanciparse. De hecho, la tasa de emancipación entre ellos y los jóvenes que no continúan los estudios es similar.

Pero el problema de la juventud va mucho más allá de la incapacidad generalizada de los jóvenes trabajadores para independizarse. Una de cada cinco personas menores de 30 años con empleo se encontraba, en el segundo semestre de 2022, en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social y, por lo tanto, no alcanzaba los umbrales mínimos de bienestar. Esto no solo genera desafíos materiales para los jóvenes, sino que también tiene un impacto en su salud mental por la incertidumbre que supone. Nuria, que tiene un grado en Ciencias Políticas y de la Administración con una decena de matrículas de honor, un máster universitario en Criminología y Ejecución Penal con la mejor nota de la promoción y diversos cursos de especialización, pero un trabajo por el que cobra 1.100 euros que no le permite emanciparse en su ciudad, Barcelona, lo explica: “Yo creo que lo que afecta es esta sensación de que las cosas no van bien, de que el futuro no es lo que te esperabas, de que los trabajos no funcionan como quieres. Y la incertidumbre. Sumado a que todo cuesta muchísimo dinero, y a la presión social que sentimos los jóvenes por independizarnos y a la vez ahorrar”.

Con información de Ana Cristina Basantes