El Gobierno catalán cambia de estrategia y quiere volver a ser propietario de la mayoría de sus oficinas
La Generalitat se fija el objetivo de tener en propiedad el triple de despachos que ahora en 15 años, y prevé invertir 68 millones en un nuevo edificio en la ampliación de Fira de Barcelona
La Generalitat de Cataluña hizo caja durante las vacas flacas de la crisis financiera vendiendo muchos de los edificios de los que era propietaria, y ahora quiere revertir esta estrategia. En 2012 la administración catalana era la propietaria del 63% de las oficinas que usaba, pero en los dos años siguientes vendió 40 de sus edificios, lo que rebajó el porcentaje hasta el 22% actual. El objetivo ahora es el contrario, según ha explicado este lunes la consejera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas: se ha fijado la meta de que en 2038, dentro de 15 años, la Generalitat sea la propietaria del 68% de sus oficinas en Barcelona, más del triple que ahora. En este sentido, el Govern aprobará este martes un acuerdo para invertir 68 millones de euros en la construcción de un nuevo edificio en el recinto de Fira de Barcelona en la Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat, que está actualmente en ampliación.
En el nuevo edificio la Generalitat prevé ubicar a 1.200 trabajadores de la administración autonómica. A la espera de los detalles que apruebe este martes el Consell Executiu, el edificio, que se bautizará con el nombre de “pabellón cero”, se ubicará en el recinto de Fira de Barcelona, y será propiedad de la sociedad Fira 2000, que está participada mayoritariamente por la Generalitat. Además de personal de la administración, una parte se destinará al uso de la propia Fira de Barcelona, que está acometiendo actualmente los trabajos de ampliación de sus instalaciones en L’Hospitales de Llobregat (que albergan la mayor parte de los grandes congresos de la ciudad, entre ellos el Mobile World Congress).
Los trabajos de construcción finalizarán en 2027 y la superficie total será de 25.000 metros cuadrados. Este edificio se sumará al complejo inmobiliario que la Generalitat ya tiene cerca de ahí, en el distrito administrativo de la Zona Franca, un proyecto que se inició en 2016 y donde trabajan 4.865 personas. La Generalitat prevé llevar a cabo más proyectos de construcción en suelo que ya es propiedad de la administración: el objetivo es tener dentro de 15 años un total de 145.000 metros cuadrados de nueva construcción en oficinas de la Generalitat. Estos proyectos estarán sujetos a los presupuestos de los próximos ejercicios.
El motivo de este giro en la estrategia patrimonial del Govern es que en los próximos cuatro años tendrá que reubicar a 2.700 personas que trabajan en inmuebles en los que el contrato de alquiler finaliza. Entre 2028 y 2037 estarán afectados otros 8.100 empleados por el fin de los contratos de alquiler. A esta situación se ha llegado por la venta —en la mayoría de casos a precio rebajado por la urgencia financiera— de patrimonio que llevó a cabo el consejero de Economía Andreu Mas-Colell cuando estaba en el cargo, una decisión que Mas ha evitado criticar: “En cada momento se toman las decisiones que tocan”, ha dicho. Mas, compañada del director general de Patrimonio, Josep Maria Aguirre, ha responsabilizado la rápida venta de estos inmuebles a la crisis financiera y al “déficit fiscal crónico” que hay en Cataluña. Estos factores, junto con el marco de estabilidad presupuestaria que se fijó, contribuyeron a aliviar la situación mediante los ingresos extraordinarios que generó la venta, pero ahora la gestión es “muy compleja y existen riesgos e ineficiencias” propios del régimen de alquiler. “La nueva estrategia permitirá dotar a la Generalitat de patrimonio y evitar las fluctuaciones del mercado inmobiliario”, señala el Govern en un comunicado.
Ahora mismo, la Generalitat ocupa 109 inmuebles en Barcelona (el 63% en alquiler) que suman un total de 453.000 metros cuadrados, en los que trabajan 20.000 personas. La idea es rebajar los metros cuadrados hasta los 364.000 pese a que son más de 100.000 metros cuadrados menos de los que disponía en 2012, y hay más empleados que entonces, una situación que prevén compensar con el teletrabajo. Así, los 145.000 metros cuadrados de nueva construcción albergarán oficinas para 10.000 trabajadores; se rehabilitarán integralmente 35.000 metros cuadrados que son ahora de propiedad de la administración (para 1.300 trabajadores); se optimizarán 47.000 metros cuadrados en propiedad (para 1.200 trabajadores), y se aplicarán mejoras en 59.000 metros cuadrados en alquiler (para 800 personas). La inversión total del plan no la ha cuantificado, pero Aguirre ha afirmado que permitirá un retorno de 1,98 euros por cada euro invertido en un plazo de 22 años.
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