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La Generalitat agrupará consejerías en la Zona Franca a partir de 2019

Las obras del ‘campus’ del área económica arrancan el próximo año

Proyecto del futuro 'campus' administrativo. Ampliar foto
Proyecto del futuro 'campus' administrativo.

Las consejerías del área económica de la Generalitat se trasladarán en 2019 al primero de los llamados campus administrativos, que albergarán en el futuro albergarán todas las dependencias que ahora se hallan repartidas en 115 inmuebles. La construcción del edificio, de 58.000 metros cuadrados, arrancará el año que viene en un solar de la Zona Franca que se adjudicó en julio Zumaran Inversiones, del grupo asegurador Axa. La constructora de origen tejano Hines se encargará de levantar el inmueble, cuyas obras estarán dirigidas por el despacho Batlle i Roig Arquitectes.

La Generalitat ha enfilado la segunda etapa de su plan de racionalización de inmuebles. La primera etapa ha consistido en la venta de edificios para pasar a ocuparlos en régimen alquiler. La idea de los responsables del patrimonio público pasaba por luego concentrar todas las dependencias de la Administración catalana en dos grandes polos: un campus en la Zona Franca que aglutine el área económica y todas las que estén relacionadas con esta y otra en el Fórum con todas las consejerías relacionadas con los servicios del Estado del bienestar.

Sin embargo, la Generalitat aún no ha decidido definitivamente las consejerías que irán a la Zona Franca, más allá la que ahora dirige el propio Andreu Mas-Colell. Sí se trasladará a un edificio anexo al futuro campus la Agencia Tributaria de Cataluña el próximo año. La decisión ha sido polémica entre los trabajadores de la agencia, que rechazan dejar las oficinas que ocupan ahora en el centro de Barcelona al considerar que es el lugar adecuado para atender al contribuyente.

La operación que protagoniza la Generalitat es la de mayor volumen del mercado inmobiliario barcelonés de oficinas en los últimos años. El edificio tendrá espacio para 46.000 metros cuadrados de oficinas, mientras que el resto irá destinado a archivos, aparcamiento y servicios comunes. El precio que abonará el Ejecutivo catalán es de 12,25 euros por metro cuadrado.