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La Generalitat concentrará sus oficinas en menos sedes y comprará la mayoría

El Gobierno se convierte en el gran actor del mercado de oficinas

La Generalitat, como la mayor parte de los ciudadanos, también prefiere la compra al alquiler. El consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, ha hecho sus números y concluido que, a largo plazo, sale más rentable la propiedad. Su plan es concentrar las sedes gubernamentales en menos edificios y fomentar la compra, lo que en volumen de metros cuadrados le convierte en el primer operador del mercado catalán de oficinas.

La nueva política patrimonial del Gobierno catalán ha convertido a éste en el principal operador del mercado de oficinas en Cataluña. Su estrategia de concentrar las sedes en menos edificios y de mayor dimensión, y potenciar la compra frente al alquiler, está provocando todo un vuelco en este sector en la ciudad de Barcelona, en la que se mueven unos 400.000 metros cuadrados de oficinas anuales.

El objetivo de esta nueva política es matar varios pájaros de un tiro: "Un uso más eficiente del espacio, la capitalización de la Administración, el ahorro financiero a largo plazo, la transparencia en la gestión y una mejora de la configuración urbana de la ciudad", explicó ayer el consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells. El personal de su departamento, por ejemplo, se reparte en seis dependencias.

De los 361 edificios que se utilizaban en 2005 (123 de propiedad), la Generalitat quiere pasar a 250 (83 comprados), pero de mayor dimensión. El proceso requerirá la venta de unos edificios para la compra de otros que sean más funcionales. De hecho, de los 541.842 metros cuadrados que ocupa en total, pasará a 555.125.

El plan llevará a que en 2009 la Generalitat sea la propietaria del 74% de los metros cuadrados que ocupe -ahora lo es del 57%-, en detrimento de los metros cuadrados que supone el alquiler, ahora un 30% y se prevé que un 14% en 2009.

En esta estrategia se enmarca la compra de la antigua sede de Aguas de Barcelona (Agbar) para el Departamento de Interior (19.000 metros cuadrados), de la sede que Trabajo e Industria tenía alquilada hasta ahora (8.000 metros cuadrados) y del Edificio Fórum (16.000 metros cuadrados) para el Departamento de Universidades y Sociedad de la Información (DURSI), entre otras.

Está previsto también el traslado de otras dependencias del Ejecutivo catalán a la antigua Escuela de Magisterio de Lleida, de 25.000 metros cuadrados. Además, Medio Ambiente y Vivienda se trasladará a la antigua fábrica Batlló de la Bordeta. En total son ocho las operaciones inmobiliarias en marcha.

Vuelco en el mercado

El Gobierno catalán lleva gastados 122 millones de euros; pero, tal como aseguró Castells, este esfuerzo inversor se verá compensado con el ahorro futuro, que ascenderá a 9,8 millones anuales en 2021. Los metros cuadrados en proceso de compraventa se cuentan, pues, por cientos de miles.

"Somos conscientes de que no podemos sacar al mercado todos estos inmuebles de golpe porque sería un problema para éste, y lo haremos gradualmente", aseguró la directora general de Patrimonio de la Generalitat, Immaculada Turu.

En cualquier caso, la compra de un edificio de unos 15.000 metros cuadrados, cifra en torno a la cual se mueven los espacios que busca el Gobierno catalán, ya representa una operación muy relevante para el mercado barcelonés. Mayor sería el impacto en Girona, donde la Generalitat cuenta con varios inmuebles, que suman 28.000 metros cuadrados. "Todo junto a la venta en el mercado ocasionaría un problema para la ciudad", apuntó Turu.

Fin de las cesiones

"La política de patrimonio es una de las que dan frutos a largo plazo", explicó el secretario general de Economía y Finanzas, Martí Carnicer, que recordó en en los gobiernos anteriores de CiU "se optaba por hipotecas y censos para obtener recursos económicos inmediatos".

Carnicer se refirió con estas palabras a los llamados censos enfitéuticos, que son la cesión de la propiedad de un inmueble a cambio de una cantidad y la redención de ésta mediante el pago de una renta durante un periodo determinado. Este censo, que se sitúa en unos 200 millones, "se va redimiendo poco a poco", apuntó Carnicer.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de febrero de 2006