La amnistía beneficia a tres expresidentes de la Generalitat, a cargos de ERC y Junts y al entorno de Puigdemont

La proposición de ley de amnistía registrada este lunes en el Congreso beneficiará, según sus autores, a casi 400 personas. El texto incluye a la clase política catalana que ha marcado la última década: tres expresidentes de la Generalitat (Artur Mas, Quim Torra y Carles Puigdemont), altos cargos de ERC y de Junts y, también, personas del círculo más cercano a Puigdemont. La amnistía alcanza a los organizadores de las consultas ilegales de independencia del 9-N de 2014 y el 1-O de 2017, pero el grueso de beneficiados serán los ciudadanos que fueron detenidos durante su participación en los disturbios posteriores a la sentencia de 2019. También quedan dentro de la ley de amnistía, según las mismas fuentes, los policías que cargaron el 1-O contra las personas que se parapetaron en los centros de votación.

El texto no cita de forma explícita ninguna de las causas judiciales abiertas durante los últimos diez años a raíz del proceso independentista en Cataluña. Y, aunque su aplicación dependerá en última instancia de los jueces, del redactado se deduce con facilidad cuáles de esos procesos ampara. Estas son las causas y las personas que, sin citarlas, presumiblemente quedarán al abrigo de la amnistía:

Artur Mas y el 9-N. La proposición de ley de amnistía incluye actos ligados al procés desde el 1 de enero de 2012. Eso significa que el primer embate del independentismo, la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, está incluida. Mas y tres consejeros de su Gobierno (Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs) fueron condenados a penas de inhabilitación. En paralelo, el Tribunal de Cuentas abrió un proceso contable que acabó con la condena al pago de casi cinco millones de euros.

Los líderes del 1-O. El mayor número de beneficiarios de la ley de amnistía surge del referéndum del 1-O, también declarado inconstitucional. Algunos de sus líderes se marcharon al extranjero para evitar ser juzgados (como Puigdemont) y otros, los que permanecieron, fueron condenados por el Tribunal Supremo dos años después por delitos de sedición y, en algunos casos, malversación. Entre ellos estaba el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios consejeros de aquel Govern, pero también dos líderes sociales (Jordi Cuixart y Jordi Turull) y a la entonces presidenta del Parlament Carme Forcadell. Todos salieron de prisión en 2021 tras ser indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque la medida de gracia fue parcial: se mantuvieron las penas de inhabilitación que ahora, con la amnistía, también desaparecen. El beneficio es más evidente aún para los políticos que huyeron tras el referéndum, incluido Puigdemont o el exconsejero de Salud Toni Comín, que evitarán así su ingreso en prisión y podrán regresar a Cataluña. También podrá hacerlo la secretaria general de ERC, Marta Rovira, investigada en el caso Tsunami Democràtic.

Los organizadores del referéndum. Un peldaño por debajo de los consejeros se sitúa toda una serie de cargos y excargos públicos de la Generalitat que también fueron investigados por su participación en el procés. Esas personas con responsabilidades ejecutivas fueron, de hecho, claves en la organización del referéndum del 1-O y se verán especialmente beneficiadas por la amnistía. Son una veintena de miembros de los dos grandes partidos independentistas (Junts y ERC) que aún no han sido juzgados. Entre ellos se cuentan pesos pesados de la formación republicana, como Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, considerados los arquitectos del referéndum y personas muy cercanas al exvicepresidente Junqueras.

La Mesa del Parlament y los alcaldes. La ley amnistiará también, previsiblemente, a los miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron resoluciones a favor de la independencia. En la etapa de Forcadell al frente de la cámara, fueron condenados por desobediencia Anna Simó, Joan Josep Nuet, Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet. En la etapa de Roger Torrent (también de ERC) como presidente, fueron absueltos tanto el propio Torrent como otros miembros de la mesa (Josep Costa, Adriana Delgad y Eusebi Campdepadrós). Por poner a disposición espacios públicos para el 1-O, también sufrieron consecuencias cinco alcaldes catalanes; algunos fueron condenados y otros están a la espera de juicio. También ellos serán, si la ley sale adelante, amnistiados.

Los policías. Durante el 1-O, miles de policías y guardias civiles se desplegaron en ciudades y pueblos de Cataluña con la orden judicial de impedir el referéndum. Se produjeron enfrentamientos en las puertas de algunos colegios usados como centros de votación y, en algunos casos, los agentes se excedieron. La amnistía afecta a las causas judiciales abiertas contra policías antidisturbios, según fuentes del Ejecutivo. En Girona, 27 policías y guardias civiles fueron procesados por delitos de lesiones. En Barcelona, un juez también procesó a otros 45 policías por lesiones, pero también en algunos casos por delito contra la integridad moral. Aún no han sido juzgados y la Fiscalía no ha anunciado qué calificación jurídica atribuirá a esos hechos. La ley de amnistía excluye los delitos de torturas pero alude a la convención de derechos humanos sobre la tortura, y no al delito contra la integridad moral incluido en el Código Penal.

Los disturbios de 2019. El texto es explícito a la hora de señalar que amnistía los delitos cometidos durante acciones de protesta a favor de la celebración del referéndum, pero también en contra del “procesamiento o condena” de sus líderes. En octubre de 2019, tras el fallo del Tribunal Supremo, diversas ciudades catalanas y en especial Barcelona fueron escenario de protestas masivas, que en muchos casos derivaron en acciones violentas. Algunas de ellas fueron organizadas por los autoproclamados Comités de Defensa de la República (CDR), grupos de ciudadanos que pretendían dar validez a los resultados del 1-O tras la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Este grupo constituye el más numeroso de los beneficiados por la amnistía pero, como las causas se tramitan de forma individual y en múltiples juzgados, su número es difícil de precisar.

Los organizadores de las protestas. En pleno auge de aquellas protestas, la Audiencia Nacional abrió una investigación (que ha mantenido secreta más de tres años) sobre una plataforma llamada Tsunami Democràtic, que en octubre de 2019 organizó protestas de gran envergadura. La que dio la vuelta al mundo fue el intento de ocupación del aeropuerto de El Prat de Barcelona, aunque también se produjeron cortes masivos de carreteras. Esa causa ha estado en estado de letargo hasta que, recientemente, el juez instructor ha decidido citar como investigados a quienes considera sus promotores. El juez incluye a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, pero también a Puigdemont, a quienes atribuye un delito de terrorismo.

Caso Judas: 12 procesados por terrorismo. Un grupo de CDR fue más allá de las acciones reivindicativas y, según la investigación abierta por la Audiencia Nacional, se preparó para pasar a la acción. El juez ha procesado a 12 de ellos por terrorismo en el llamado caso Judas, pero también podrán beneficiarse presumiblemente de la amnistía, ya que no ejecutaron ninguno de sus planes.

Quim Torra y los lazos amarillos. El expresidente de la Generalitat Quim Torra fue condenado por desobediencia en dos ocasiones. En diciembre de 2019, a un año y medio de inhabilitación por negarse a cumplir la orden de la Junta Electoral Central de retirar, en plena campaña electoral, pancartas a favor de los presos del procés del balcón del Palau de la Generalitat. Esa condena le hizo perder el cargo. Más tarde, en mayo de 2022, volvió a ser condenado por hechos muy similares.

El ‘mosso’ de Puigdemont y el consejero de Interior. La huida de Puigdemont a Bélgica tuvo otras consecuencias. Bajo el Gobierno de Torra, el consejero de Interior Miquel Buch contrató los servicios, como asesor, de un sargento de los Mossos d’Esquadra, Lluís Escolà, amigo del expresidente catalán que le había ayudado en la fuga. El problema es que el cargo de asesor era una tapadera: Interior le pagaba con dinero público para ejercer como una suerte de guardaespaldas o protector del expresident en Waterloo. Buch fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, y Escolà, a cuatro años. Buch y Escolà fueron dos de los nombres más discutidos durante las negociaciones entre PSOE y Junts. La amnistía les beneficia finalmente porque contempla el delito de malversación si está vinculado al procés y porque menciona de forma explícita la “asistencia de cualquier tipo”, incluida “protección y seguridad” a los responsables del 1-O.

Alay y el círculo más cercano al ‘expresident’. Una de las preocupaciones de Puigdemont era que la ley de amnistía incluyera a su círculo más cercano. Y por encima de todos, a Josep Lluís Alay, jefe de gabinete de su oficina en Waterloo. Alay está imputado en tres causa judiciales: además de Tsunami Democràtic, el caso Voloh (que investiga la financiación del 1-O y una presunta trama rusa ligada al procés) y una causa de presunta malversación por el uso de fondos públicos para visitar Nueva Caledonia con motivo de un referéndum de independencia. El de Alay fue otro de los apellidos más batallados. La ley de amnistía parece que sí lo contempla al incluir, entre los actos que “no se encuentren directamente relacionados con las consultas”, una circunstancia como la que llevó a Alay a viajar a ese país: actos para “recabar información y adquirir conocimiento sobre experiencias similares”.

Los excluidos: Boye y Borràs. El texto de la amnistía deja claro que los procesos penales y administrativos deben estar vinculados al procés y, a diferencia del acuerdo político firmado entre PSOE y Junts, no menciona la lawfare (guerra judicial), un concepto que alude al uso de la justicia para combatir al adversario político y que había molestado especialmente a los jueces. Personas de la máxima confianza de Puigdemont están involucradas en causas que no tienen que ver con el procés pero que, siempre según el prisma del independentismo, son consecuencia de la lawfare. Una de ellas es la expresidenta del Parlament Laura Borràs (Junts), condenada por delitos de corrupción por haber troceado contratos públicos para beneficiar a un amigo suyo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes. El otro es Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, investigado por el presunto blanqueo de dinero del narco Sito Miñanco.

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