El independentismo busca rehabilitar a toda una generación política con la amnistía

El proceso independentista ha trastocado, en la última década, todas las esferas de la vida pública en Cataluña. Y ha alterado, en especial, la clase política. La ofensiva judicial en la que confió el Gobierno del PP para responder al desafío territorial se llevó por delante prácticamente a toda una generación de cuadros de Esquerra, de la CUP y de las sucesivas formaciones que han ocupado el espacio dejado por Convergència. La aprobación de una ley de amnistía —condición de Junts y los republicanos para investir a Pedro Sánchez— serviría antes que nada, tal como lo han verbalizado los independentistas, para rehabilitar a más de 60 electos y altos cargos procesados o condenados en causas vipuiculadas al procés. Esos dirigentes y cuadros medios del secesionismo han visto truncadas sus trayectorias políticas, en ocasiones de forma prematura, con penas de prisión, inhabilitaciones o multas.

El independentismo considera que solo una ley de amnistía permitiría poner el contador a cero, pues supone un borrón y cuenta nueva en el historial de cada afectado (y no un mero perdón gubernamental). Sería el punto de partida, insisten, para empezar una negociación con el Gobierno en igualdad de condiciones y con reconocimiento mutuo. Pero los efectos de una medida de ese calado van mucho más allá y afectan a la esfera más personal de los encausados. La rehabilitación de los dirigentes —algunos ya han sido condenados, otros permanecen a la espera de juicio— no implica que vayan a regresar necesariamente a la primera línea política. Pero hay aspectos de una amnistía, como la supresión de antecedentes penales o el fin de las inhabilitaciones, que tienen efectos benéficos, por ejemplo, en su desempeño profesional.

El procés devastó el sistema de partidos y las alianzas políticas en Cataluña: provocó un cisma en el socialismo, acabó con la histórica federación de Convergència i Unió, dio impulso a Ciudadanos y, finalmente, provocó el surgimiento de Junts en torno a la figura del expresident Carles Puigdemont. Los procesos penales y administrativos (a través del Tribunal de Cuentas) abiertos alcanzan a diferentes niveles de la Administración: desde tres presidentes de la Generalitat (Artur Mas, el propio Puigdemont y Quim Torra) hasta cargos políticos y técnicos, pasando por militantes de partido que aguardaban desde una discreta segunda fila un mayor protagonismo.

Las penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos que han conllevado muchos de esos procesos penales —por los delitos de malversación o desobediencia— han tenido como consecuencia la pérdida de peso atómico en el seno de las formaciones independentistas, que también han tenido que madurar prematuramente algunos liderazgos. Quim Torra se vio forzado a dejar la presidencia tras ser condenado por negarse a retirar lazos amarillos (símbolo de apoyo a los políticos encarcelados por el 1-O) de la fachada del Palau de la Generalitat. Algo parecido le ocurrió al diputado de la CUP Pau Juvillà, también inhabilitado por orden judicial.

Los partidos han visto cómo las sentencias han dejado a sus primeras espadas fuera de juego, ninguna con tanta repercusión social y política como la de los líderes del procés. Además de elevadas penas de cárcel, el Tribunal Supremo inhabilitó prácticamente a todo el Ejecutivo que había organizado y liderado el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Políticos como Josep Rull (55 años), Santi Vila (50 años) o Raül Romeva (52 años) han visto, de momento, truncadas carreras que se antojaban de largo recorrido político. El indulto parcial del Gobierno les permitió salir de la cárcel, pero no suprimió esas inhabilitaciones, algo que sí ocurriría con una amnistía.

Tras el 1-O y la fallida declaración unilateral de independencia en 2017, Puigdemont huyó a Bélgica, desde donde ahora trata de monopolizar las negociaciones para la investidura. El expresident ya ha advertido de que la amnistía es una condición necesaria si Sánchez quiere volver a gobernar y la pone como condición incluso previa a esa votación. Él es uno de los beneficiarios más evidentes de una posible ley de amnistía, y su regreso a España sería uno de los hitos más notables de este proceso. Tanto el eurodiputado como Junts y Esquerra insisten en que no buscan una solución personal, sino que el mecanismo está pensado para todo el colectivo de personas “represaliadas” por su papel en el procés.

La organización material del 1-O estuvo en manos de cargos y altos cargos de ese Govern de Puigdemont y del exvicepresidente Oriol Junqueras, que permanecen encausados y a la espera de juicio por malversación y desobediencia, toda vez que el Gobierno, con el voto de ERC, derogó el delito de sedición. Un juzgado mantiene abierta la causa, que afecta a más de una veintena de cargos de Junts y Esquerra. La reforma del delito de malversación por el Gobierno se llevó a cabo, entre otras cosas, por exigencia de los republicanos para aliviar la situación de esos encausados. Pero se ha visto que no era la solución. La Fiscalía interpreta que cometieron una malversación agravada y pide elevadas penas de cárcel. Por citar un ejemplo, solicita siete y seis años de prisión para dos de los cerebros del referéndum: Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, ambos de la máxima confianza de Junqueras.

Aunque aún no ha formulado su propuesta de amnistía, el independentismo ya enseñó sus cartas hace dos años, cuando presentó una proposición de ley en el Congreso que ni siquiera fue tramitada. En ese texto se recoge que serán amnistiados “todos los actos de intencionalidad política”. Y se contempla de forma explícita la investigación en la Audiencia Nacional sobre Tsunami Democràtic —el movimiento que lideró las protestas contra la sentencia del procés— así como las personas que participaron en las movilizaciones y que fueron arrestadas por desórdenes públicos. Uno de los debates actuales es si los actos de violencia (también, por ejemplo, los cometidos por policías encausados por pegar a manifestantes el 1-O) deben ser perdonados.

El contorno temporal de la amnistía es igualmente relevante. Según la propuesta rechazada, debe incluir todos los actos castigados desde 2013. Eso significa que también beneficiaría a los políticos condenados por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. El expresidente Artur Mas y tres consejeros de su Gobierno fueron condenados a penas de inhabilitación por una jornada que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional. En paralelo (como también ocurrió en el 1-O), el Tribunal de Cuentas abrió procesos que han obligado al independentismo a un esfuerzo titánico para evitar la ruina económica a cargos de los partidos.

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