El PSOE defiende que el límite de la negociación con Junts es la Constitución frente a las críticas de su vieja guardia
Al rechazo de voces del partido como Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Almunia o Jesús Eguiguren se suman las reticencias de actuales barones socialistas como Page o Lambán
La dirección del PSOE defiende la negociación con Junts y garantiza que cualquier acuerdo se hará dentro de la Constitución. Es la forma de hacer frente a las críticas de algunos exdirigentes del PSOE a la posibilidad de que se apruebe una amnistía como exigen los líderes del procés a cambio de facilitar la investidura de Pedro Sánchez. La reunión entre Yolanda Díaz y el expresident Carles Puigdemont del pasado lunes, en la que la vicepresidenta en funciones se comprometió a “explorar todas las vías para desbloquear el conflicto catalán”, y la conferencia del líder de Junts el martes, en el que exigió una ley de amnistía aprobada antes de la investidura, han indignado a algunos veteranos ex dirigentes, que han querido dar a conocer públicamente su rechazo a este perdón penal. A las críticas emitidas durante la semana por dos voces históricas del partido como Felipe González o Alfonso Guerra, este viernes se han sumado las de otro exsecretario general, Joaquín Almunia, y el exdirigente del PSE Jesús Eguiguren.
El rechazo se concentra en la vieja guardia del PSOE, aunque los dos barones socialistas más críticos tradicionalmente con Sánchez, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. y el expresidente de Aragón Javier Lambán, también han mostrado su oposición a una posible amnistía. Por el contrario, el resto de barones no han mostrado su rechazo. El asturiano Adrián Barbón, mucho más cercano al presidente del Gobierno, sí acepta indirectamente un pacto que pueda incluir una amnistía. “Hay que pagar un precio por los acuerdos, y si de ese acuerdo se deriva un Gobierno de España, yo estaré contento porque creo que es bueno para este país. Lo que yo quiero es que haya un Gobierno de Pedro Sánchez. Uno que suba las pensiones, el salario mínimo y las becas”, ha señalado este viernes en Onda Cero cuando le han preguntado por este asunto, aunque también ha confiado en que todo se hará dentro del límite de la Constitución. “Mi postura es que haya Gobierno, al precio que sea, pero siempre dentro de la Constitución”, ha insistido.
Y este es precisamente el punto que todos los ministros están reforzando en cada declaración pública para despejar cualquier duda dentro de su partido o el electorado progresista. También Sánchez lo hizo esta semana: cualquier cosa que se haga estará dentro del límite de la Constitución. De hecho, tiene que ser así, porque sin duda el PP recurrirá cualquier norma ante el Tribunal Constitucional, que tendrá que sancionarla. “El método es el diálogo y el marco la Constitución”, repiten como un mantra Sánchez y sus ministros.
La ministra en funciones de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, defendió durante su viaje a Bruselas de este jueves la valentía de su partido por atreverse a “plantear soluciones”, pero rápidamente trató de despejar toda sospecha que se pueda cernir sobre una supuesta sumisión a las peticiones nacionalistas al dejar claro que todas las negociaciones en torno a una eventual ley de amnistía debían producirse dentro del marco constitucional. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, en la misma línea, ha asegurado este viernes que Pedro Sánchez sostiene que para su investidura “se puede hablar de todo”, pero siempre, “dentro de la Constitución”.
Frente a esta convicción de la versión oficial del Gobierno, varios ex dirigentes de la vieja guardia creen que una amnistía no cabe en la Constitución. El primero en pronunciarse fue Felipe González, que el pasado martes afirmaba en Onda Cero que “ni la amnistía ni la autodeterminación caben en la Constitución”. Dos días más tarde, el que fue vicepresidente de González en Moncloa, Alfonso Guerra, cargaba en la cadena Cope duramente contra la amnistía a los independentistas catalanes al tildarla de una “ruptura con la sociedad democrática construida durante la Transición”, a la vez que calificaba de “infamia” la reunión mantenida entre Yolanda Díaz y el expresident Carles Puigdemont en Bruselas el pasado lunes.
Ante este clima, el exsecretario general del PSOE Joaquín Almunia ha secundado las críticas durante una entrevista en Radio Euskadi emitida este viernes, en las que ha afirmado que desde el punto de vista del interés general de la sociedad española ”no se dan las condiciones para una amnistía”. Y en caso de que saliese adelante, ha dejado claro que quien deberá decidir sobre la viabilidad de la medida ha de ser el Tribunal Constitucional.
El exministro ha planteado pedir una “profunda rectificación” a quienes fueron protagonistas de un “golpe unilateral contra la Constitución”. Solo así se podrían darse las bases para “debatir y buscar soluciones de manera civilizada” y no “como hicieron en 2017″, señala en referencia a la declaración unilateral de independencia tras el referéndum del 1 de octubre.
Otras dos figuras históricas del partido han dedicado sendas tribunas este viernes para mostrar su rechazo a la amnistía exigida por Puigdemont. El expresidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, ha criticado en un artículo en El Diario Vasco el modo en que los partidos nacionalistas han adquirido la capacidad de regir el destino del país pese a haber perdido respaldo popular en los comicios del 23-J. Para él, hay que buscar una “fórmula alternativa a la amnistía”, y que, en caso de que la investidura de Sánchez pase por “ofender a los constitucionalistas”, es mejor que se repitan las elecciones generales.
Por otro lado, el exministro de Justicia Tomás de la Quadra-Salcedo dedica una tribuna en EL PAÍS en la que explica que la amnistía podría tener un encaje constitucional, pero que sería “un error político” aceptarla como condición de posibilidad que facilite la investidura de “cualquier representante de un partido de Estado”. De la Quadra-Salcedo coincide con Guerra al afirmar que la amnistía de 1977 era necesaria para vertebrar la recién nacida sociedad democrática, pero que, en el caso de un prófugo que “sigue negando la Constitución” como Puigdemont, el significado y la finalidad de la amnistía “perderían su sentido”.
Barones socialistas
Los dos barones socialistas más críticos con Sánchez también han apuntado en la misma línea. Javier Lambán ha rechazado este viernes la amnistía como moneda de cambio para investir a Sánchez al afirmar que “abriría una vía de agua que podría llevar la nave constitucional a pique”. En un tono similar, Emiliano García-Page aseguraba el pasado lunes en Cope que el PSOE tiene que ser “garante de la Constitución y del modelo territorial del país” en contra del escenario de ruptura que encarnan los independentistas. Y sobre la capacidad para condicionar la política nacional que poseen los siete diputados de Junts, llegó a decir que, si bien evitar la entrada de Vox en el Ejecutivo era una buena noticia, la solución tampoco pasa por dar el “mando a distancia del país” a Puigdemont.
