Los negociadores del PSOE y Junts enfrían la expectativa de una investidura esta semana: “No podemos dar un horizonte temporal”

La negociación entre el PSOE y Junts por la investidura ha entrado en una espiral donde lo único que avanza es el tiempo. Los socialistas se las prometían muy felices el jueves pasado, cuando todo estaba a punto para cerrar en una sola jornada, en Bruselas y Barcelona, los pactos con ERC y el partido de Carles Puigdemont. Pero una vez confirmada la comparecencia del líder republicano, Oriol Junqueras, para anunciar el acuerdo con los socialistas, el expresident dio la sorpresa, haciendo gala de su condición de político imprevisible, al dilatar los plazos para un acuerdo. Desde entonces ha transcurrido casi una semana y las dos partes siguen atascadas en detalles técnicos de la amnistía a los encausados del procés. “No podemos dar un horizonte temporal, únicamente que seguimos hablando”, manifestaron fuentes conocedoras del estado de las conversaciones.

Y, a la espera de la fumata blanca, lo que ya parece claro es que, a falta de otros pasos imprescindibles y que también requieren de sus ritmos y escenificación ―como la firma del pacto con el PNV; que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, fije la fecha del debate de investidura de Pedro Sánchez, su celebración como mínimo durante dos días...―, todo apunta a que tendrá que demorarse a la próxima semana. Lo contrario obligaría a que toda esta serie de hitos tuvieran que sucederse de forma extraordinariamente rápida. La intención de Ferraz y La Moncloa era que Sánchez llegase como presidente con plenos poderes el sábado a la clausura del congreso del Partido Socialista Europeo. Una fiesta a la que no parece que Sánchez llegue encumbrado y que se ha visto aguada por la dimisión del primer ministro de Portugal, António Costa, tras ser investigado por corrupción.

Sin micros ni cámaras, los equipos negociadores del PSOE y de Junts en la capital comunitaria aseguran que el pacto está “casi está hecho” y que las discrepancias se limitan a “cuestiones técnicas”, que nadie especifica. Las fuentes consultadas añadían que, además, se trabajaba “en algunos detalles del acuerdo político” sin concretar. Las explicaciones oficiales escasean sobre por qué se alarga la rúbrica de un acuerdo que en teoría satisface las ganas de amnistía que tiene Puigdemont y amarra los apoyos que Sánchez necesita para asegurarse la reelección. Este martes, por primera vez desde el pacto frustrado del jueves pasado, los negociadores del PSOE apuntaron que el calendario no es un factor decisivo y volvían a ponerse de límite el 27 de noviembre, la fecha tope para que haya investidura o repetición de elecciones el 14 de enero.

La revelación de que no hay un horizonte temporal supone un giro en el guion que marca el ritmo de la transacción. Los socialistas habían divulgado que esta semana se podían dar todas las condiciones para formalizar la investidura. Por esa misma razón, la Mesa del Congreso habilitó el viernes los festivos y fines de semana hasta el día 27, ante la posibilidad de que la investidura se celebrase este miércoles y el jueves, que es la festividad de la Almudena en Madrid. “Seguimos hablando y matizando textos”, se limitan a decir desde el equipo negociador que comanda Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y enviado de confianza de Sánchez, bajo la presión creciente contra la amnistía, con protestas cada más vez más multitudinarias en Ferraz y otras sedes socialistas. “Ellos eran los que tenían prisa, y ahora dicen que no hay que correr”, responden desde Junts.

La negociación permanece atascada en definir el alcance que pueda tener la ley de amnistía. “Es una ley importante, es la primera ley de amnistía de la democracia”, por eso “es importante hacer un buen trabajo”, manifiestan fuentes socialistas de la negociación. Puigdemont defiende que es necesario garantizar el carpetazo judicial de causas que afectan a personas de su entorno, aunque sean casos que poco o nada tienen que ver con el procés. Es lo que desde Junts se define como lawfare, una práctica consistente en hacer un uso torticero de la justicia para hostigar judicialmente a personas que, desde el punto de vista de la política, suponen un estorbo. El propio letrado de Puigdemont, Gonzalo Boye, mantiene que ha sido perseguido judicialmente con intencionalidad política, pese a que su procesamiento tiene que ver con un presunto delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, en connivencia con Sito Miñanco.

“Me quedo a pasar otra noche más”, manifestaba a primera hora de la tarde Cerdán, entrando a la carrera en el vestíbulo del hotel del centro de Bruselas donde se hospeda, muy cerca del Parlamento Europeo. El jefe del otro bando negociador, Puigdemont, se dejó ver en el Parlamento, para hacerse una foto junto a unos religiosos del monasterio de Montserrat. El pasado mes de abril, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, escogió Montserrat para iniciar una gira por lugares emblemáticos de Cataluña, en lo que se interpretó como el inicio de un movimiento del Gobierno para destensar relaciones con instituciones representativas de Cataluña.

No hay acuerdo, pero tampoco hay nada roto, mantienen desde Junts y el PSOE. La negociación se alarga de manera repetitiva, sin avances que permitan a ninguna de las partes desvelar que el acuerdo está sellado. Como cada día desde el jueves pasado, las expectativas para cerrar el pacto eran altas en ambos bandos, a primera hora de la mañana. Pero la confianza ha ido menguando a medida que avanzaban las horas, y seguía habiendo escollos para escenificar el apretón de manos. “Paciencia. Primero el acuerdo y luego la fecha. Lo importante es el acuerdo. Después, la investidura”, remitía un ministro que acudió a la sesión de control en el Senado. “Estamos tranquilos”, se despedía confiada otra ministra.

A 20 días de la fecha límite, la discreción sigue siendo absoluta, tanto entre la delegación del PSOE como en el entorno de Puigdemont y los emisarios de Junts. La creciente presión que hay sobre el posible acuerdo no impone prisa a los equipos negociadores. Al menos por la parte de los independentistas, aunque los socialistas confían en que Puigdemont tendrá en cuenta la reacción del PP y Vox a la medida de gracia. Fuentes al tanto de las negociaciones reflexionan que el líder de Junts debería haber satisfecho uno de sus objetivos: plasmar, dentro de su competencia con ERC, que los votos de los siete diputados neoconvergentes son más correosos que de los de Esquerra. Junts minimiza los logros de ERC y ha deslizado que pondría mayores exigencias para asegurar una ley de amnistía de largo alcance.

A expensas de un acuerdo que se da por descontado y que se lleva diciendo una semana que está al caer, los “flecos técnicos” continúan enquistados. Pero mientras a Sánchez le surgen nuevos frentes: Esquerra ya advirtió este lunes de que revisará los términos del acuerdo sobre la amnistía que puedan consensuar el PSOE y Junts.

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