Los restauradores de Barcelona piden a los partidos que apoyen el cambio en la tasa de terrazas para no tener que pagar cuatro veces más
Bares y restaurantes se juegan el viernes en el pleno si pasan de pagar dos millones de euros al año, a ocho millones, o los 4,6 pactados con Collboni
El Gremio de Restauración de Barcelona lleva desde la semana pasada pidiendo y reuniéndose con los partidos políticos del Ayuntamiento para que les apoyen y voten sí al cambio en la tasa de terrazas que propone el gobierno del alcalde Jaume Collboni en el pleno del próximo viernes. Les va un dineral en la votación. Desde la pandemia han pagado dos millones de euros al año: lo que aportaban tras la bonificación del 75% de la tasa vigente desde 2020, que nunca se llegó a desplegar porque la pandemia lo paró todo. Si se aplicaran las tarifas de 2020, el coste subiría hasta ocho millones al año, pero el equipo económico del alcalde propuso un cambio de cálculo supondría pagar 5,8 millones, que rebajó a 4,6 después de negociar con el gremio. Total, si se aprueba la nueva tasa solo tendrán que pagar el doble; si no se aprueba, cuatro veces más.
Retirado el pasado miércoles el presupuesto de Collboni por falta de apoyos, el interés del pleno se centra en qué pasará con las ordenanzas, la normativa que fija impuestos y tasas municipales. El gobierno del PSC, en minoría con solo 10 concejales de 41, se estrelló en la Comisión de Economía: no logró apoyos para tramitar el presupuesto de 2024 y la oposición en pleno votó contra las ordenanzas. Pero éstas tienen una segunda oportunidad el viernes: las dos principales novedades son apurar el tramo local para subir la tasa turística a cruceros y pisos turísticos; y la citada tasa de terrazas.
De ahí que entre declaraciones públicas apelando “a la responsabilidad”, llamadas telefónicas y reuniones presenciales, el gremio está pidiendo a los partidos políticos que voten a favor. También se han mostrado favorables a que la votación no sea conjunta, del global de ordenanza, sino una genérica, y otra separada de los puntos en los que hay más discordia. El Gremio admite que pide “ayuda a los distintos grupos de la oposición para que pongan todo lo que esté en sus manos para cerrar, de forma definitiva, el conflicto de la tasa de terrazas”. “Tanto las diferentes fuerzas políticas como el propio sector valoran el esfuerzo que se ha hecho para llegar al acuerdo que se presentó hace justo una semana”, indican fuentes del Gremio.
Junts, abierto al sí a cambio de una rebaja del IBI
El grupo municipal de Junts, con quien Collboni sumaría mayoría, es quien más favorable se ha mostrado a dar su sí, pero con condiciones. “Cualquier acuerdo entre el Gobierno y sectores económicos y sociales de la ciudad que beneficien a las partes es positivo”, dijo este martes el concejal Jordi Martí Galbis, que también avisó de que la rebaja que piden del 2% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), “sería un bálsamo”. “Hasta el viernes hay tiempo”, señaló mientras el equipo de Collboni coincide en que hablará “con todos y hasta el último minuto”. Los restauradores también se reunieron este martes con el grupo municipal del PP. Su líder en el consistorio, Daniel Sirera hizo público el encuentro ofreciéndoles “todo el apoyo” de los populares.
ERC y los comunes se muestran por ahora contrarios a apoyar a los restauradores. Desde las filas republicanas, la concejal Elisenda Alamany se mostró muy crítica con el Gremio: “No puede ser una concejalía más del PSC, los partidos gobiernan para todo el mundo, no para unos pocos que son los que mayor capacidad de presión tienen”. La edil reprochó además a Collboni que haya “dejado caer” 33 expedientes abiertos por la ex alcaldesa Ada Colau de retirada de terrazas a locales de Ciutat Vella que no cumplen la ordenanza. En cualquier caso, Alamany advirtió de que “el voto de ERC en las ordenanzas será muy político”, porque ven a Collboni escorado a la derecha tras ser investido con los votos de los comunes y del PP.
‘No de los comunes y amago de reprobación a Collboni
Por parte de Barcelona en comú, el concejal Jordi Martí Grau, ha avisado esta semana de que su voto a las ordenanzas será negativo, como la semana pasada en la Comisión de Economía. “El paso adelante en las terrazas es tímido, timidísimo, da la sensación de que quieran hacer un presupuesto que contente a todo el mundo, cuando tienen dos opciones: contentar a Trias per Barcelona o al bloque de izquierdas”, dijo el lunes.
Barcelona en comú y su líder, Ada Colau, han elevado en los últimos días su tono hacia Collboni. La ex alcaldesa dijo ayer que ve a los socialistas “empachados” en su nuevo papel de Gobierno y les instó a negociar con ellos y ERC los presupuestos y un pacto de gobierno. Los comunes presentaron a la Junta de Portavoces una proposición para reprobar a Collboni, a quien votaron en junio en su investidura. El texto se conoció ayer, justo el día en el que el PSOE y Sumar presentaron su acuerdo de Gobierno. A mediodía, y tras sondear a los otros grupos de la oposición si apoyarían el texto, y acordar una reunión con el alcalde, los comunes acabaron retirándolo.
Los cruceristas crecen un 60%
La llegada de cruceristas al puerto de Barcelona se ha disparado este año, que hasta septiembre suponía el desembarco de 2,67 millones de pasajeros. A falta de que concluya la temporada, se trata de casi un 60% más que en los nueve primeros meses de 2022 y una cifra que va aproximándose a los datos de 2019, antes de que el covid diera un mazazo a la industria turística. La velocidad a la que se recupera el tráfico de cruceros choca con el del aeropuerto de El Prat, que evoluciona a una velocidad inferior. Y se explica por el protagonismo que han tomado los visitantes estadounidenses este año y que previsiblemente seguirán teniendo en la campaña crucerista de otoño.
En los tres últimos meses del año pasado pasaron por las instalaciones portuarias más de medio millón de cruceristas, una cifra que podría ser muy superior este año si se mantiene la tendencia hasta ahora, que ha hecho caso omiso al rechazo que Barcelona en comú ha mostrado a esa industria turística durante los ocho años de mandato de Ada Colau, que ha optado por recargar la tasa turística a sus usuarios.
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