La incógnita judicial sobre la inmunidad de Puigdemont marca el arranque de la campaña electoral en Cataluña

Una nueva campaña electoral llama a la puerta. Sin margen para recobrar el aliento tras la carrera por las municipales, esta semana arranca formalmente la pelea por las elecciones generales, unos comicios que decidirán la capacidad de resistencia de la coalición progresista ante el empuje de la derecha y la ultraderecha. En el cuadrilátero político catalán, el disparo de salida de la campaña será prácticamente simultáneo a una resolución del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que puede ser determinante para el futuro de Carles Puigdemont. Este miércoles, el tribunal europeo de primera instancia tiene previsto publicar la sentencia sobre la inmunidad de Puigdemont, una decisión con capacidad para influir en un retorno a Cataluña del expresident, que escapó a Bélgica tras el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.

El fallo judicial es doble. A parte de decidir si es plena la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado —también la de sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí—, el TGUE debe entrar a valorar si fue pertinente la decisión que tomó la Eurocámara en marzo de 2021 de levantar la protección parlamentaria a los tres independentistas catalanes. Se contaron 400 votos favorables a retirarles la inmunidad, casi el doble de los que votaron a favor de garantizarles el amparo. Gonzalo Boye, el letrado de Puigdemont, mantiene que la causa responde a una “persecución política” para poderlos juzgar a los tres en España.

El alegato de los abogados de la Eurocámara sostiene que los tres representantes de Junts accedieron al acta de eurodiputado “probablemente de forma ilegal”, porque nunca se ha recibido notificación de que los demandantes hayan sido nombrados o elegidos parlamentarios en España. Pese a lo cual, indican los letrados, se trató al expresidente catalán de forma “perfectamente correcta” cuando el entonces presidente de la Cámara, el fallecido David Sassoli, les concedió el escaño en virtud de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que, en diciembre del 2019, dio la razón al presidente de ERC, Oriol Junqueras, sobre su inmunidad y resolvió que esta se adquiere tras la proclamación de los resultados de las elecciones europeas.

El futuro de Puigdemont depende, en buena parte, de lo que resuelva el TGUE, con sede en Luxemburgo. El 5 de julio “será una fiesta de toda Cataluña”, pronosticó hace unas semanas Jordi Turull, secretario general de Junts, en alusión a los buenos augurios con que afronta el fallo judicial. Turull considera que la “persistencia” del ideólogo del partido tendrá “premio”.

En caso de que la sentencia sea adversa para los intereses del expresidente catalán, le queda la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la segunda instancia de la justicia comunitaria, que ya falló a favor de mantenerle la inmunidad de forma cautelar hace un año.

En cualquier caso, la hoja de ruta de Junts está salpicada de semáforos en rojo y es un rompecabezas dar con un jefe de filas que pueda desempeñarse con plenas competencias, incluido el rango de cabeza de cartel cuando lleguen elecciones a la Generalitat. Exprimir el tirón del líder supremo resulta complicado, mientras siga cobijado en Bélgica. “No volveré esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente, lucharé por volver libre”, aseguró Puigdemont en enero tras conocer que, en virtud de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, se le retiraba la acusación por sedición pero se le mantenía la de malversación agravada —que implica hasta 12 años de cárcel— y la de desobediencia.

Jordi Turull, el urdidor de la estrategia electoral de Junts, está cumpliendo una condena de 12 años de inhabilitación por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre y no tiene posibilidad de aparecer en las papeletas electorales. “Nada inhabilitará mi compromiso activo con el objetivo de lograr la independencia de Cataluña”, ha manifestado recientemente. Por su parte, Laura Borràs, la presidenta de Junts, también está en el dique seco tras ser condenada a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por haber troceado contratos públicos para beneficiar a un amigo suyo, cuando dirigía una entidad integrada en la consejería de Cultura de la Generalitat.

Los rivales políticos de Junts diseñan su campaña en función de lo que suceda esta semana en Luxemburgo. Dentro del independentismo, Esquerra, y en menor medida la CUP, saben que no es lo mismo competir contra un Puigdemont con el micro apagado que hallarlo reforzado judicialmente. Pero las apariencias cuentan. La consejera de Acción Exterior, Meritxell Serret, ha asegurado que el Govern de Pere Aragonès espera que la sentencia del TGUE haga “evidente” que al expresident fugado se le han vulnerado los derechos.

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