Puigdemont defiende su inmunidad en la Eurocámara tras el rechazo belga a la extradición de Lluís Puig

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí, han comparecido este jueves en la comisión del Parlamento Europeo encargada de estudiar si levanta o no su inmunidad parlamentaria, y lo han hecho con un recientísimo as en la manga: la sentencia del Tribunal de Apelación belga que rechazó la semana pasada la extradición a España del también exconsejero catalán Lluís Puig.

Los tres políticos independentistas reclamados por la justicia española tras su huida a Bélgica en 2017 gozan de protección desde que tomaron posesión de sus actas en la Eurocámara a principios de 2020. El Tribunal Supremo, encargado de instruir la causa del procés, cursó inmediatamente un suplicatorio para reclamar a los fugados, poniendo en marcha el procedimiento mediante el cual sus colegas en el hemiciclo europeo deberán decidir si les retiran la protección.

En caso de que esta fuera retirada, Puigdemont y Comín deberían acudir a la justicia de Bélgica, que es la encargada de decidir si concede o no la extradición que reclama el Supremo español, un proceso por el que ya pasó Lluís Puig, que no es eurodiputado y por tanto no goza de la misma protección, en un caso que sería un claro precedente. Ponsatí, en cambio, debería personarse ante un tribunal de Escocia, donde se asentó tras escapar de Cataluña.

Este primer y en principio único intercambio de impresiones de los tres eurodiputados con los miembros de la comisión encargada de estudiar su caso ha arrancado poco después de las cinco de la tarde en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. A la puerta, Puigdemont se mostraba “tranquilo”, según declaraciones recogidas por EFE. En el interior de la sala, donde la vista ha transcurrido en secreto y a puerta cerrada, los tres han expuesto sus argumentos durante cerca de 15 minutos cada uno, seguido de un intercambio de preguntas y respuestas que se ha prolongado más de lo esperado, ya que normalmente tiene una duración limitada, pero esta vez se les ha dejado hablar sin límite de tiempo. Puigdemont y Comín se han expresado en francés, mientras que Ponsatí lo ha hecho en inglés, según una fuente próxima al encuentro. Y no habrían aportado ningún elemento significativo “nuevo” en su defensa. La cita ha concluido al filo de las ocho, quedando pendiente para mañana el debate de la comisión sobre sus casos. Al acabar la comparecencia, un miembro del equipo de defensa de los catalanes ha declarado que salía “contento”.

Tras la cita de este jueves y el intercambio de posturas de mañana, la comisión parlamentaria deberá reunirse de nuevo para deliberar si decide o no levantar la inmunidad; emitirá a continuación una recomendación para el resto de eurodiputados, en un proceso que se prolongará probablemente hasta primavera. Finalmente, el pleno del Parlamento Europeo, tomando nota de la recomendación, deberá votar si retira o no la inmunidad.

En noviembre tuvo lugar la primera vista de esta comisión después de meses paralizada por las estrictas medidas de distanciamiento impuestas por la pandemia, cuando los servicios jurídicos de la Eurocámara autorizaron las comparecencias “híbridas”, en parte presenciales y en parte telemáticas. En ese momento, la defensa de los políticos catalanes relató varias de las líneas maestras de su argumentación: por un lado expondrían las posibles deficiencias durante el proceso (como las posibles irregularidades en la celebración telemática) mientras, por otro, buscarían convencer a los eurodiputados de que Puigdemont, Comín y Ponsatí sufren “una persecución política”; que se les reclama por sedición, “un delito que no existe en muchos países de la UE”; y que el Tribunal que quiere encausarlos, el Supremo, “no es competente” para ello, y por tanto tampoco para solicitar el suplicatorio, tal y como demostraría el fallo de la justicia de Bélgica que rechazó entregar a España a Lluís Puig.

En noviembre, ese fallo se encontraba recurrido y pendiente de ser revisado en apelación. Ahora, con la sentencia definitiva dictada la semana pasada, los eurodiputados catalanes han dado un paso más: el lunes enviaron una carta al resto de parlamentarios explicándoles el fallo sobre Puig, “perseguido en el mismo caso penal”, por lo que las valoraciones del Tribunal belga serían “totalmente aplicables” también a ellos. La misiva exhortaba a sus colegas: “Estos procedimientos de inmunidades podrían perfectamente acabar convirtiéndose en una vergüenza para este Parlamento, ya que está siendo arrastrado a la persecución de un movimiento democrático”.

El presidente de la comisión responde

Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la comisión encargada de valorar los suplicatorios, ha asegurado este jueves en una rueda de prensa que la decisión del poder judicial belga y la del legislativo de la UE no deben mezclarse. “Son dos cosas absolutamente diferenciadas”. Apelando al “principio de separación de poderes”, ha esgrimido que lo único que hacen ahora es seguir un “procedimiento parlamentario”. “La comisión de Asuntos Jurídicos no es un tribunal. Yo no soy un juez. Los miembros de la comisión no son ni abogados defensores ni fiscales en el procedimiento. No nos metemos en el fondo del asunto. No valoramos si son culpables o si son inocentes”.

Vázquez, que lleva meses empujando para sacar adelante los procedimientos de suplicatorios, ha añadido que lo único para lo que la comisión tiene competencia es para valorar si la petición de un Estado miembro para que se retire la inmunidad “se basa en un voto o una opinión emitida por los eurodiputados en sede parlamentaria” o si existe una posible persecución política, conocida como fumus persecutionis, relacionada “con su labor como europarlamentarios”. Solo en esos supuestos, rechazarían levantar la inmunidad. El Parlamento Europeo acabó retirándola en más del 90% de los 60 casos votados en la última legislatura.

Por su parte, el eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons ha asegurado que hay una “clara mayoría” en el seno de la comisión que es partidaria de retirarle la inmunidad a Puigdemont. “Este no es un juicio político, es un juicio jurídico”, ha recalcado, según recoge Efe.

Si se les levanta, tal y como argumentaba la semana pasada Gonzalo Boye, abogado de los políticos catalanes, el caso de la extradición de Puigdemont y Comín aterrizaría entonces sobre la mesa de los mismos jueces que ya rechazaron la de Puig en primera instancia. Y si se volviera a recurrir, el asunto llegaría a los mismos jueces del Tribunal de Apelación que reiteraron la extradición de Puig la semana pasada. “El resultado será el mismo”, esgrimía Boye.