Una campaña proabstención en Cataluña pone en jaque al independentismo ante el 23-J

En la última encuesta publicada por el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), el CIS catalán, se preguntaba cuál es el principal problema que padece Cataluña. La respuesta más mayoritaria fue la “insatisfacción con la política”. El disgusto político adelanta a las quejas por los achaques de la economía, el paro y la precariedad laboral, la relación de Cataluña con el resto de España, el estado de la sanidad o la inseguridad ciudadana. El muestreo se realizó entre febrero y marzo de este año y se preguntó a 2.000 personas de más de 18 años y con derecho a voto.

Ante las elecciones del 23 de julio, una parte del independentismo trata de capitalizar el desapego político para promover una abstención masiva con el objetivo de presentarla como una protesta ciudadana colectiva. La idea es denunciar que ningún partido sigue claramente comprometido con la independencia y exhibir una supuesta capacidad de fuerza del secesionismo para bloquear la vida política catalana. Pero, la estrategia ha puesto en alerta a los partidos independentistas mayoritarios, que se enfrentan a la posibilidad de perder cuota de representación en el Congreso en beneficio de las formaciones rivales del ámbito constitucionalista. Además, se teme que promover la abstención implique iniciar un camino de difícil vuelta atrás en el futuro.

“El 23 de julio nos jugamos muchas cosas”, advirtió Pere Aragonès el miércoles, en el Parlament. Esquerra tiene muy presente que perdió 300.000 votos en las elecciones municipales de mayo, unos comicios marcados por una baja participación, 55,5%, nueve puntos menos que hace cuatro años. Junts sufrió un recorte de 6.400 votos y la CUP contó 43.000 papeletas menos. “La abstención es una excusa común para justificar malos resultados electorales, pero afirmar que perjudica más a unos que a otros entraña riesgos, porque siempre irá en función de quien se abstenga”, manifiesta Toni Rodon, politólogo y profesor en la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

La abstención del independentismo en las elecciones del 23 de julio es una idea que pregona la Assemblea Nacional Catalana (ANC), la entidad que en los años más frenéticos del procés usó su capacidad para movilizar a miles de personas en la calle para ejercer influencia en las decisiones que se tomaban en los despachos de la Generalitat. “President, posi les urnes” (”presidente, ponga las urnas”) le espetó Carme Forcadell, entonces presidenta de la ANC, a Artur Mas. Era septiembre de 2014 y, dos meses después, se celebró la consulta popular del 9-N.

La ANC ha venido a menos, pero de manera recurrente trata de marcar músculo y reivindica un espacio propio dentro del independentismo. Hasta el punto que su presidenta, Dolors Feliu, amenazó hace unos meses a los partidos con la posibilidad de impulsar una candidatura propia. “Si los partidos no reaccionan, no penséis que estaremos siempre ligados a votos cautivos, hay mucha base independentista, se pueden hacer otras opciones y nos moveremos”, dijo. La amenaza ha quedado en nada y ahora la estrategia de la entidad pasa por promover la abstención. Se busca rescatar el espíritu del referéndum del 1-O, incluso promoviendo el voto nulo con el uso de papeletas de aquella consulta declarada ilegal.

La acción se enmarca en un clima de confrontación contra los partidos “por su incapacidad para formar un frente común de bloqueo a Madrid”. La propuesta de boicot electoral ha generado división dentro de la propia ANC y este fin de semana la entidad convoca una consulta a sus socios para decidir qué rol adopta ante la cita con las urnas. La pregunta deja pocas dudas acerca de cuál es la postura que defiende la dirección: “Estás de acuerdo con que en las elecciones españolas del 23 de julio la Assemblea promueva la abstención activa y el voto nulo político, con la papeleta del sí a la independencia del 1 de octubre?”.

La apuesta por la abstención cuenta con varios altavoces dentro del independentismo radical. Clara Ponsatí, eurodiputada de Junts, avala mostrar desinterés por las urnas. Ya lo propugnó en las municipales y aboga por repetirlo en las generales. “La abstención refleja que existe una necesidad de organizaciones políticas nuevas”, justificó en una entrevista que fue difundida por, entre otros, el expresident Quim Torra. Los CDR, autoproclamados Comités en Defensa de la República, han usado las redes sociales para poner de relieve que “el voto nulo y la abstención son un toque de atención”.

El politólogo Toni Rodon considera que “la papeleta en blanco no deja ningún mensaje claro porque acepta muchas lecturas” y advierte que “desde el punto de vista de la politología, lo que hace reaccionar a un partido es ver que sus rivales crecen en votos”.

La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha avisado que la “única manera” de evitar la implantación de la ultraderecha es “ejerciendo el derecho a voto”. Josep Costa, exdiputado de Junts per Catalunya y que fue vicepresidente del Parlament, defiende que “decirle a una persona que si no vota van a ganar los otros es tan estúpido como decirle a un trabajador que si hace huelga no va a cobrar”.

El planteamiento abstencionista incomoda a Junts y Esquerra, que tratan de tejer un plan mínimamente común que les dé tirón el 23-J. Los partidos temen que si triunfa la renuncia al voto independentista su presencia en el Congreso quede muy mermada, lo que les dejaría escaso margen de influencia para negociar con el próximo Gobierno. El politólogo Toni Rodon explica que promover el abstencionismo es abrir una caja de truenos: “supone un perjuicio de cara al futuro”, indica. Una vez se llama a la desmovilización, cuesta volver a generar confianza sobre la importancia del voto.

El Consell de la República es uno de los faros del independentismo más encendido, pero discrepa del boicot electoral y hace un llamamiento a “la participación masiva del independentismo en las elecciones”. La entidad está liderada por Carles Puigdemont y Toni Comín, cuyos escaños de eurodiputado se someten a reválida el año que viene.

El PDeCAT se queda con todos lo derechos electorales, en perjuicio de Junts

La Junta Electoral Central (JEC) ha resuelto a favor del PDeCAT y le ha otorgado al partido que se presentará a las elecciones del 23-J bajo la marca Espai CiU el 100% de los derechos electorales de la coalición Junts per Catalunya. El PDeCAT y Junts se presentaron de manera conjunta en las últimas elecciones generales y sacaron ocho escaños. Los derechos electorales derivados de aquel resultado han sido motivo de disputa y la JEC tumba una resolución previa de la Junta Electoral de Barcelona, que había llegado a la conclusión que los derechos se tenían que repartir al 50% entre los dos miembros de la coalición. Ahora, el árbitro electoral argumenta que el acuerdo de coalición pactado el 2019 establecía que los derechos eran íntegramente para el PDeCAT. Así, el partido que presenta a Roger Montañola como cabeza de lista no tendrá que compartir con Junts los recursos de campaña ni tendrá que ceder presencia en los espacios y debates electorales. Junts tiene la posibilidad de recurrir el fallo en los juzgados.

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