La burocracia crispa el gran huerto de Barcelona

Los payeses del Baix Llobregat, el gran huerto de Barcelona, enfrentan un laberinto administrativo con el Área Metropolitana (AMB) desde hace meses según el Instituto Agrícola de San Isidro. La Patronal del sector pide una moratoria para modernizar la normativa del Parc Agrari con la legislación laboral (estatal) y sanitaria (autonómica). Mientras que AMB niega esa contradicción legal, el Instituto calcula que se han producido 1.200 expedientes, con multas de entre 300 y 3.000 euros, que exigen eliminar instalaciones básicas de las fincas como almacenes de herramientas, vestuarios y vallas de más de 150 centímetros de altura.

José Ramón Llonch, uno de los afectados, ha recibido este lunes a varios directivos de la asociación en su explotación en Viladecans (Barcelona). En el centro de sus 30 hectáreas de alcachofas y calabacines hay un invernadero, un par de árboles para resguardarse del sol y cuatro contenedores portátiles de 12 metros de largo. Una de estas estructuras opacas de varios años de antigüedad alberga un vestidor para sus 12 empleados; otras dos sirven para almacenar herramientas y productos sanitarios. El último tiene un despacho-cocina muy rudimentario con una pequeña nevera y una mesa al fondo con un ordenador.

Estas instalaciones y la altura de las vallas de esta finca, 170 centímetros, han involucrado a Llonch en un expediente sancionador de 3.000 euros que recurrió hace dos años. “Si ahora viene un inspector del Ministerio de Trabajo, no ve ese espacio para los peones y me pide los papeles y no están, me multan”, indica el empresario. “¿Les digo que se vayan al monte a hacer sus necesidades y que se cambien al aire libre?, ¿con esas instalaciones quieren que trabaje la gente en el campo?”. Además, si reduce la altura de su vallado veinte centímetros, como le reclaman por motivos paisajísticos, Llonch tendría que prescindir del seguro que cubre sus tractores, azadas y otras herramientas.

AMB ha respondido a estas acusaciones con un comunicado donde rechazan que exista tal “inseguridad jurídica” en la zona agrícola del área protegida del Delta del Llobregat. Asegura que su reglamento específico, modificado por última vez en 2015, “permite las construcciones para almacenaje, seguridad salud y otras relacionadas con la actividad agrícola” en condiciones “para preservar la naturaleza del régimen no urbanizable”.

Gavà, Sant Boi y Viladecans, los municipios que concentran la mayoría de hectáreas del Parc Agrari, delegan en AMB las competencias para vigilar la normativa urbanística. Sus alcaldes han emitido una declaración conjunta donde demandan al organismo solucionar la “disfunción” con las “normativas sectoriales” de las explotaciones agrarias: “Hemos solicitado que se inicien los trámites para su revisión, que llevaría pareja la suspensión de los expedientes sancionadores, hasta la redacción de una nueva normativa”.

Lluís Parés, responsable urbanístico del sindicato Unió de Pagesos, indica que el reglamento actual permite ese tipo de construcciones “en un 0,01% de las superficies de hasta 20.000 metros cuadrados”. Un requisito que Llonch asegura cumplir en su terreno, y que lo han certificado técnicos de distintas administraciones: “Vienen y me dicen que tampoco entienden el expediente, pero se pasan la pelota entre el Ayuntamiento, el Consorcio y AMB. Y luego no cogen el teléfono”.

Este limbo administrativo se junta con las restricciones de agua que miles de agricultores del área de Barcelona enfrentan desde hace meses. “Es increíble la velocidad a la que se deshidrata una hectárea cuando dejo de regarla. Me juego toda la cosecha y 150.000 euros en julio. Yo no tengo aquí una barbacoa ni una piscina, tengo una explotación de primera necesidad”, concluye Llonch.

Pendientes de modernización

A diferencia de Llonch, que emplea un riego por goteo, gran parte de las explotaciones del Parc Agrari usan el sistema a manta, que requiere 200 litros más de agua por hectárea según el gerente. El presidente de la cooperativa agrícola de Viladecans, Carles Faura, señala que el Parc Agrari, compuesto por 3.473 hectáreas y 318 explotaciones profesionales, debe materializar inversiones ambiciosas para aumentar su productividad y que la ciudad pueda surtirse de más productos de proximidad. Según cálculos del Institut Agrícola, entorno al 20% de las frutas y hortalizas de Mercabarna provienen de esta región de la provincia de Barcelona.

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