El bloqueo patronal condena a los temporeros al salario mínimo

Todos los otoños patronales y sindicatos del campo se reúnen y discuten sobre lo mismo: cómo dignificar la recolección de la fruta, una actividad en la que, a diferencia de en otros países, los jóvenes locales no quieren participar, y en la que terminan trabajando temporeros de origen extranjero en condiciones a menudo precarias. Los sindicatos lo tienen claro: los salarios son demasiado bajos, y pese a que se ha conseguido implementar mayoritariamente el salario mínimo interprofesional (SMI), cualquier otro incremento está bloqueado por la patronal desde 2018. Frente a ellos está Unió de Pagesos que, junto al Instituto Agrícola Catalán San Isidro y la Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC), representan a las empresas del sector. Estas argumentan que los bajos precios de los productos hacen imposible subir sueldos, y lamentan que ya llegan muy justos solo para el SMI.

En este sector, en el que las empresas son mayoritariamente pequeños agricultores y ganaderos, la frontera entre trabajadores y propietarios se difumina: ambas partes comparten la certeza de que la agricultura catalana es cada vez más insostenible económicamente, y tienen las mismas reivindicaciones sobre el valor de sus productos.

Pero con la temporada de cosecha llegan los trabajadores más vulnerables. El año pasado, y tras una intensa llamada de las patronales, que temían no tener trabajadores para la campaña a causa de la pandemia, se formalizaron 30.000 contratos temporales (los sindicatos calculan que se repartieron en no más de 8.000 personas, una cifra récord que desbordó el sector y, con la transmisión del coronavirus elevada, supuso un verdadero problema). Este año, las heladas han reducido la cosecha un 40%, y han venido unas 5.000 personas a trabajar.

Estos temporeros son los que tienen los salarios más bajos y los menos protegidos. Tras mucha presión, los sindicatos consiguieron que el convenio se renovara en 2020 solo para publicar las tablas salariales con el SMI, de 950 euros al mes (7,40 euros la hora, de los que se descuenta un 10% si el agricultor proporciona alojamiento). Pero cualquier otro incremento o mejora siguen bloqueadas. “Desde hace años, solo conseguimos acuerdos pasada la campaña, y de esta manera se ahorran tener que aplicar las mejoras que pedimos en la campaña vigente”, afirma Xavier Perelló, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro en Lleida de UGT. Josep Cuscó, de Unió de Pagesos, explica que, tras tener prorrogados los convenios de 2019 y 2020, en otoño empezarán a negociar el de 2021. “Pero no tenemos ninguna propuesta de los sindicatos. Y si ha habido retrasos, también ha sido por la pandemia y porque cambiaban los acuerdos sin avisar”, detalla.

Los sindicatos aseguran además que, a pesar de que la mayoría de agricultores pagan el SMI, algunas empresas no lo hacen. “Pagan cinco euros la hora o así. La Inspección de Trabajo lo sabe, pero es muy difícil de demostrar, porque los temporeros no denuncian y las gestorías hacen nóminas y registran horarios que no se corresponden con la realidad”, lamenta Buenaventura Campo, de CC OO. El sindicalista asegura que el convenio “es solo un trozo de papel”: “Muchas veces no se cumple, ni en salario, ni en formación, a veces con condiciones terribles y casi feudales. Eso sí, cuando hacemos balance, todos dicen que se tiene que dignificar”.

Desacuerdo sindical en el convenio de almacenes

Además del convenio agropecuario, en el sector de la fruta de Lleida también rige el convenio de recaptación, almacenamiento, manipulación y venta de frutas y verduras. La UGT llegó a un acuerdo el pasado mes de julio con la patronal Afrucat para firmar este convenio, con un incremento salarial medio del 7,5%, la equiparación de fijos con fijos discontinuos y medidas de conciliación. “Estamos orgullosos porque ha sido difícil”, dice Perelló, de UGT, que tiene el 70% de la representación. CC OO, en cambio, se negó a firmarlo. “Para las categorías más bajas el incremento solo es de 6 euros al mes, mientras que es mayor para los trabajadores de oficinas”, lamenta Campo.