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El campo se resiste a tener que pagar el salario mínimo

Trabajadores del campo y sindicatos denuncian incumplimientos laborales generalizados en el sector agrícola con fraude en las retribuciones y en las cotizaciones a la Seguridad Social

Jornaleros en una explotación agrícola en Murcia.
Jornaleros en una explotación agrícola en Murcia.

Después de 20 años trabajando en el campo murciano, Bachid, que prefiere no dar su verdadero nombre por miedo a que su testimonio le depare problemas, perdió su empleo a principios de 2019, justo cuando entraba en vigor el real decreto que elevaba el salario mínimo a 900 euros mensuales. En el sector agrario, la subida se traduce en unas retribuciones de 6,93 euros por hora, muy por encima de los cinco euros que en realidad le estaban pagando. "En el recibo de la nómina sí figuraban los 6,93 euros. Cuatro compañeros fuimos a hablar con el jefe y al día siguiente estábamos despedidos", relata.

Bachid es uno de los poquísimos jornaleros que se ha atrevido a llevar el caso a los tribunales y espera el juicio mientras exprime el dinero del paro. Estos meses le han dado para analizar esa nómina que desencadenó su situación actual: "Si había hecho nueve o diez horas al día, en la nómina ponía solo siete. Si había trabajado 20 días, unicamente aparecían 15", detalla.

"En la nómina siempre es todo legal. Juegan con los incentivos, con los horarios, con los pluses, con lo que sea para legalizar los salarios", corrobora Ahmed, que también lleva trabajando en el campo murciano desde que llegó a España desde su Marruecos natal hace 21 años. En su caso, es más difícil aún calcular si le están aplicando el salario mínimo, porque su empresa paga "por incentivos" o "a destajo". En su caso, por cada lechuga recogida. "Para ganar 50 euros al día, hay que recoger entre 7.000 y 8.000 lechugas", explica. Si esa cantidad se recoge en ocho horas, el sueldo sería inferior al salario mínimo (SMI), un total de 6,25 euros por cada hora. Pero Ahmed asegura que trabaja una media de 10 horas diarias, a las que hay que sumar otras tres del transporte de ida y vuelta, que no se paga en la empresa.

Esas duras condiciones laborales provocan un éxodo de la mano de obra, que en la región de Murcia es, en su mayoría, de origen marroquí. "Cuando consigues la nacionalidad española, lo primero que piensas es cómo irte a Francia. Allí pagan a 10 euros la hora y las condiciones son mejores", asegura Ahmed. José Ibarra, responsable regional de CC OO, apuntala la tesis. Señala que otros extranjeros que tradicionalmente trabajaban en el campo, como los ecuatorianos, han desaparecido casi por completo.

Jornaleros recogen lechugas en una explotación agraria de Murcia.
Jornaleros recogen lechugas en una explotación agraria de Murcia.

"Diría que los datos que aparecen en las nóminas son ficticios en un 85% de los casos. Las grandes empresas son las más cumplidoras, pero las pequeñas empresas, que son la mayoría, camuflan los datos. Si el trabajo es a destajo, traducen el salario que van a pagar en horas, y figuran así en la nómina, pero no se está cotizando todas las horas ni todos los días trabajados", subraya Mustapha Es Sabir, delegado sindical de CC OO. Según sus cálculos, las empresas pequeñas pagan de media entre 5,70 y 6,20 euros la hora y las medianas, entre 6,30 y 6,70.

Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja, una de las patronales del sector agrario, defiende que "desde el primer momento se ha informado de la obligación de aplicar el nuevo salario mínimo". En la organización, que representa a 1.500 productores, reconocen que los pequeños agricultores tienen "muy complicado" asumir el coste del nuevo SMI porque ya encadenan varias campañas con bajadas en los precios y aumentos en los costes.

Miguel Padilla, el presidente de COAG, la otra gran patronal, insiste también en que la "inmensa mayoría" de las empresas cumple la ley y son los empresarios quienes los denuncian los incumplimientos por "competencia desleal". Por eso, dicen, quienes no se ajusten al SMI son "casos minoritarios, no generalizados".

Su posición choca con la posición de CC OO. Mari Cruz Vicente, responsable del sindicato, denunció hace unos días incumplimientos "bastante generalizados" en el sector. La queja del sindicato propició una huelga en Extremadura convocada junto con UGT. En Cádiz, fue necesaria la mediación del Sistema Extrajudicial de Conflictos Laborales andaluz, según cuentan desde UGT.

El de Bachid y Ahmed no son casos aislados. En Almería los jornaleros de los invernaderos también denuncian salarios por debajo de cinco euros. Abu, senegalés con 16 años en España, ha acordado un precio con sus jefes de 34 euros al día. "Para ganar 1.000 euros al mes, trabajo los 30 días, sin descanso. Luego en la nómina te engañan, no cotizan por esos días y, si no quieres firmarla, no te renuevan", lamenta. Su compatriota Seydina dejó el trabajo en los invernaderos hace un año por esas malas condiciones. Cobraba cuatro euros la hora, aunque en su nómina figuraban 5,84 euros (el mínimo fijado por convenio, caducado desde 2015) con la misma trampa: menos días cotizados que los trabajados.

La situación en Murcia es más compleja: hay cuatro convenios del sector agrario, cada uno está vinculado a las distintas patronales del sector. No obstante, Ángel Torregrosa, de CC OO en Lorca, recuerda que solo uno de ellos, el del sector del tomate, lechuga y otros productos agrarios, está en vigor. A él se acogen las grandes multinacionales de productores y exportadores, representadas por Proexport. Pedro Alfonso Garre, uno de los responsables de esta asociación, asegura que fueron pioneros en alcanzar un acuerdo con los sindicatos para aplicar el salario mínimo. Aseguran pagarlos desde enero, cuando empezó a ser obligatorio.

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