Junts y la CUP utilizan la detención de Ponsatí para atacar a Esquerra
La eurodiputada catalana ha regresado este miércoles a Bruselas para participar en un pleno del Parlamento Europeo
El regreso a España de la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, tras cinco años y cinco meses evadiendo la justicia española, ha abierto una nueva brecha en las ya deterioradísimas relaciones entre los diferentes actores del independentismo catalán. Junts y la CUP culparon ayer a la Generalitat que preside el republicano Pere Aragonès casi de colaboracionismo con “la represión contra el independentismo” al no impedir que los Mossos d’Esquadra detuvieran a la representante de Junts, cumpliendo con la orden de captura emitida por el Tribunal Supremo para que comparezca por un delito de desobediencia. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, recordó que la vuelta de Ponsatí es posible gracias a la reforma del Código Penal pactado entre su formación y el Gobierno y que Junts siempre ha criticado. Ponsatí ha regresado a Bruselas este miércoles para participar en un pleno del Parlamento Europeo, informa RAC1.
El intercambio de duros mensajes entre el Gobierno y las fuerzas secesionistas marcaron las cinco horas que pasaron entre que Ponsatí fue detenida en la plaza de la Catedral, en el centro de la capital catalana, y su puesta en libertad después de notificarle que ha de comparecer ante el Supremo el día 24 de abril. El papel de los Mossos, que actuaron como policía judicial, hizo arreciar las críticas, pero fue la propia eurodiputada la que empezó a cargar sin ambages contra los republicanos y su estrategia de negociación con el Ejecutivo central.
En la rueda de prensa previa a su detención, Ponsatí había dicho que uno de los objetivos de su regreso era denunciar “la pasividad del Govern” frente a la situación del expresident Carles Puigdemont y los otros huidos en Bélgica. Preguntada sobre ese punto, la eurodiputada calificó al Ejecutivo catalán de ser “una herramienta más de la ocupación española”. También dejó entrever que, aunque era consciente del riesgo de ser detenida, había margen político en esa decisión. “Ellos y sus superiores sabrán si una orden de detención a una eurodiputada, que tiene inmunidades, es una cosa que deban ejecutar o no”, advirtió.
Puigdemont, en un mensaje en Twitter, había felicitado a Ponsatí, poniendo de relieve que no “había pasado por Madrid” en su regreso. Contrastaba así con la actuación de la ahora consejera de Acció Exterior, Meritxell Serret, quien sí acudió al Supremo en marzo de 2021 cuando decidió poner punto final a su huida. Ambas comparten situación judicial tras la revisión de las condenas del juicio al procés por los cambios en el Código Penal: solo están procesadas por desobediencia, un delito que no tiene penas de cárcel (solo de inhabilitación para ocupar cargo público) y que tampoco implica el ingreso en prisión preventiva. Ponsatí descartó incluso acompañar este miércoles a Serret en su declaración en el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. A la anticapitalista Anna Gabriel, que también fue directamente a ver a Llarena después de dejar Suiza, no la criticó, al recordar que no está en la primera línea de la política.
De ahí que el mensaje de bienvenida de Junqueras, también en Twitter, incidiera en que Ponsatí podría volver gracias a la derogación del delito de sedición. La eurodiputada, como el resto de Junts, siempre había criticado el pacto entre republicanos y el Gobierno para reformar el Código Penal y ahora se beneficia de él. La extitular de Educación del Ejecutivo de Puigdemont quitó peso a la contradicción entre sus críticas y el que haya aprovechado la reforma, alegando que era libre de expresar sus críticas ante el pacto y usar “los espacios de libertad” que tiene.
La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, precisamente celebró el hecho de que Ponsatí haya vuelto a España sin presentarse directamente delante de Llarena. El movimiento de la representante de Junts pone ahora los focos en Marta Rovira, huída a Suiza hace cinco años, y sobre cómo gestionará y escenificará su regreso la líder republicana. En las filas de ese partido, sin embargo, dudan de que Ponsatí no termine acudiendo ante el Supremo, a pesar de su retórica encendida y la intencionalidad de darle épica a su regreso.
Pero ha sido la acción del Govern la que más se ha puesto en cuestión. El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera participó en la concentración que esperaba la salida de Ponsatí de la Ciudad de la Justicia y desde allí criticó que Aragonès “no haya asumido responsabilidades” y que el titular de la cartera de Interior, Joan Ignasi Elena, no actuara para “revertir la situación y poner en libertad a la eurodiputada”. Sobre ella pesaba una orden de detención emitida por el Supremo y era obligación de la policía catalana detenerla al ser público y notorio su paradero.
Puigdemont evitó cargar contra los Mossos y aseguró desde Bruselas que la culpa de la detención recae en el juez Llarena, a quien acusa de violar la inmunidad de Ponsatí, que es de carácter cautelar, a la espera de que la justicia europea evalúe el recurso de los independentistas sobre la decisión de la Eurocámara de retirársela. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pedido “una reflexión del independentismo” ante lo que considera “un nuevo episodio de represión por parte de una cúpula judicial desbocada”.
Elena se ha visto obligado a comparecer, ante las críticas por la actuación policial, justificando que la detención de la “exiliada” respondía a las funciones de policía judicial conferidas a los Mossos. El Govern del que forma parte, ha insistido, seguirá “trabajando incansablemente por la autodeterminación, la amnistía y el final de la represión”.
Posteriormente, ha sido el propio Aragonès quien ha emitido un comunicado expresando su satisfacción por la vuelta de Ponsatí. Horas antes, el expresident Quim Torra se había quejado del silencio del jefe del Govern ante el regreso inesperado de la eurodiputada. El republicano ha asegurado que la existencia de la orden de detención “pone de manifiesto que el Estado español no respeta su inmunidad” y ha instado a seguir construyendo una solución política al encaje entre Cataluña y España.
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