Prebenda de obispo

Cuentan que cuando José María Pemán presidía la Comisión de Cultura y Enseñanza de los militares sublevados –conocida por su esmero y dedicación en la depuración de maestros republicanos en los prolegómenos del que sería el primer Gobierno como tal del dictador– algunas voces le sugerían a Franco que no hacía falta crear un futuro Ministerio de Educación pudiendo contar para esta tarea con la Santa Madre Iglesia. La recomendación tenía sentido. Eran tiempos en que era difícil distinguir entre el discurso de un obispo y el de un general golpista. Muchos testimonios recuerdan que para un cura era habitual –recuerda el escritor católico Georges Bernanos en Los grandes cementerios bajo la luna– “dar la absolución entre descargas, con los zapatos entre la sangre”.

Con la democracia, la niebla fruto de la pólvora y el incienso ha escampado. Sin embargo, hay tics del viejo nacionalcatolicismo que perviven más en el poder político que en una sociedad cada día más distanciada de la práctica religiosa. No hay otra manera de entender cómo el Gobierno central permitió desde 1998 y hasta 2015 –desde Aznar a Rajoy, pasando por Zapatero– la inmatriculación de 35.000 bienes –que algunos cálculos elevan a más de 100.000– por parte de la Iglesia católica sin otro requisito que la firma del obispo dando fe, como si de un notario se tratara y, por tanto, sin mediar título de propiedad alguno.

Cataluña no se ha mantenido ajena a estas prácticas amparadas por una ley franquista y resucitadas por un Gobierno del PP. José María Aznar abrió la veda para que el episcopado de un país constitucionalmente aconfesional actuara como administración pública. En el territorio catalán se produjeron oficialmente 3.722 inmatriculaciones por parte de la Iglesia. En 2020 el Ejecutivo de la Generalitat decidió hacer público ese listado que los Gobiernos centrales hacían lo imposible por mantener en secreto. Sin embargo, la iniciativa catalana nacía coja, pues no iba acompañada de la publicitación de las notas simples de los registradores de la propiedad. Es decir, no se especificaban todos los bienes que la Iglesia se había autoatribuido, pues la inmatriculación de un templo suele ir acompañada de cementerio, casa rectoral y terrenos adyacentes, lo que en realidad serían cuatro inmatriculaciones. La mayoría de casos afecta a propiedades comunes o colectivas de los pueblos, pagadas a través de aportaciones de la población durante siglos. Para evitar tensiones, la Generalitat creó una oficina de mediación, cuya gestión fue considerada hace unos días un fracaso, según confesó en el Parlament la consejera de Justicia, Gemma Ubasart. “Dos no pueden mediar si uno no quiere y en este caso, digámoslo claro, la Iglesia no ha querido cooperar con la oficina”, dijo Ubasart, tal como escribía en estas páginas Camilo S. Baquero.

Uno de los incansables luchadores contra la arbitrariedad de las inmatriculaciones en Cataluña es Joan Casajuana, de la Unió de Pagesos, que ya ha conseguido, a pesar de la opacidad episcopal, anular bienes que la Iglesia se había autoatribuido. Ahora las grandes organizaciones municipalistas de Cataluña se han puesto de acuerdo –con el apoyo de cuatro grupos parlamentarios– para presentar una propuesta de resolución en el Parlament solicitando a la Generalitat que el Colegio de Registradores de Cataluña aporte las notas simples de todas las inmatriculaciones y que el Gobierno central cancele los asientos realizados por la Iglesia católica. Algunas comunidades como Asturias, Baleares e incluso el Gibraltar vaticanista –como titulaba Indalecio Prieto al País Vasco y Navarra– se han puesto manos a la obra en el primer paso para facilitar las notas simples.

Es el momento de que la que Torras i Bages denominaba “la nación más entera y sólidamente cristiana” haga su aggiornamento y aparque privilegios y prebendas episcopales, propias de las épocas de pólvora e incienso.

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