La renta básica universal: un experimento llevado a cabo en varios países al que el Govern no renuncia

La academia siempre va varios pasos por delante de la política para dar ideas sobre cómo transformar la realidad. En Cataluña, el movimiento para establecer una renta básica universal, que es sobre todo académico pero que ya suma experimentos distintos en varios países, estaba a punto de materializar su propuesta con un plan piloto muy ambicioso. Pero el viernes, en la votación de los Presupuestos, este proyecto cayó, después de que el PSC y Junts aprobasen el viernes pasado una enmienda, con los votos de Ciudadanos, Vox y PP, para suprimir este plan piloto, que estaba contemplado en el artículo 58 de la ley de acompañamiento de Presupuestos. El ejecutivo catalán no renuncia al plan, diseñado durante año y medio, y asegura que lo sacará adelante con otros socios parlamentarios y buscando mecanismos para financiarlo.

¿En qué consistía el plan piloto?

En los programas electorales de ERC y la CUP ya constaba el compromiso de avanzar hacia una renta básica universal, así que no fue extraño que, en el pacto de investidura, uno de los acuerdos fuese crear una oficina para diseñar un plan piloto. Esta oficina, creada en julio de 2021, ha desplegado la propuesta de otorgar durante dos años una prestación de 800 euros (de 300, para los menores de edad) a un grupo de 5.000 personas: la mitad seleccionadas aleatoriamente, y la otra mitad serían los habitantes de dos municipios enteros, de unos 1.200 habitantes. El objetivo es ver qué ocurre a los beneficiarios aleatorios, qué impacto tiene en los microcosmos que serían los dos pueblos, y cómo se comparan con otro grupo de 5.000 personas que no reciba esta prestación. La medida sería evaluada por el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua).

¿La renta básica universal es para todo el mundo?

Sí. La renta básica universal es una medida para redistribuir riqueza y buscar la igualdad de oportunidades que se concibe como individual (no para los hogares, como pueden ser otras prestaciones) incondicional (no está sujeta a ningún requisito) y universal (para todo el mundo, no solo a las personas pobres). Esta es la gran diferencia entre la renta básica universal y prestaciones como la renta garantizada de ciudadanía o el ingreso mínimo vital: el enfoque no es dar una ayuda solo a quienes menos tienen, sino que todo el mundo tenga, de base, unos ingresos equivalentes al umbral de la pobreza, para hacer frente a necesidades básicas. Uno de los argumentos es que las ayudas a las personas pobres no terminan llegando a todos los que tendrían derecho a ellas, además de que el gran aparato burocrático que se necesita para delimitar quien las merece cuesta dinero. En una renta básica universal, también los más ricos recibirían esta prestación —en el plan piloto del Govern, se dejaría fuera al 10% más rico de la población, los que tienen una renta superior a los 45.000 euros brutos anuales—, y para que funcionase, debería ir acompañada de otras medidas: un régimen fiscal en el que los más ricos paguen más, y posiblemente medidas de regulación de precios para evitar que la renta básica universal empujase la inflación.

¿Cuánto costaría el plan piloto?

Pese a que el proyecto no tiene asignación presupuestaria, el artículo 58 de la ley de acompañamiento de los Presupuestos, que es lo que tumbó la enmienda de PSC y Junts, sí que fija las cuantías de la prestación, y señala que el Govern aprobará la dotación económica necesaria para llevar a cabo el proyecto cuando se despliegue la normativa. La previsión es que cueste unos 40 millones de euros.

¿Qué experimentos parecidos se han hecho?

Más allá de otras propuestas académicas para redistribuir riqueza (como la de Thomas Piketty de dar 120.000 euros a todo el mundo cuando cumpla 25 años, con el riesgo de que no hay una segunda oportunidad), se han hecho varios planes piloto, experimentos y hasta aproximaciones reales a una renta básica universal que hacen las delicias de los sociólogos. Es el caso de Alaska, donde el Estado creó una fundación para repartir parte de los beneficios que da el petróleo a todos los ciudadanos, que reciben desde 1982 unos 2.000 dólares anuales cada uno. “Nadie se atreve a tocarlo, ni Sarah Palin, que fue su gobernadora. Ha provocado que sea uno de los Estados con menos desigualdades, y está demostrado que provoca unos efectos muy buenos”, explica Sergi Raventós, jefe de la oficina del Plan Piloto del Govern. También destaca otras experiencias como un casino en una reserva india de EE UU, que reparte los beneficios en toda la comunidad, o los países nórdicos: “Algunos, como Dinamarca, tienen una red de protección social muy importante, y que prácticamente es como si fuese una renta básica”. Pero también hay “docenas” de planes piloto parecidos al que ha diseñado el Govern: Corea del Sur, Namíbia, Kenia, Gales, Canadá, Finlandia... Aunque en muchos de estos países el experimento no se ha hecho con carácter universal e incondicional: se ha hecho solo con jóvenes, con mayores, con personas en paro, o con personas en riesgo de pobreza, como fue el plan piloto de Barcelona.

¿Quién está a favor y en contra?

Esta semana, los investigadores que forman parte del comité científico del proyecto piloto, entre los que se encuentra el teórico más importante sobre esta medida, Guy Standing, han publicado una carta abierta para defender la oportunidad de poner a prueba en Cataluña esta prestación. En 2020, activistas de toda Europa recogieron 300.000 firmas para lanzar una iniciativa legislativa europea. Aunque no se logró, porque se necesitaban un millón de firmas, en países como Alemania, Italia o España se recabaron más apoyos de los que eran necesarios. Según una encuesta reciente de la Generalitat, el 79% de la población catalana aprobaría una implementación de esta medida. Paradójicamente, desde los sectores más liberales, especialmente en Estados Unidos, también están de acuerdo con la renta básica universal si a cambio se desmantela el estado del bienestar. “No es nuestro modelo, la medida tiene que reforzar el estado del bienestar”, dice Raventós.

Las que todavía no se han posicionado son las entidades sociales en Cataluña, que trabajan atendiendo a los sectores más vulnerables del país. En un comunicado, la Taula del Tercer Sector explica que todavía no tiene claro si la solución a la pobreza vendría con una renta básica universal o si sería mejor reforzar las prestaciones para los sectores más vulnerables. Pero pide que se lleve a cabo el proyecto piloto para tener evidencias. En contra está el PSC, que afirma que hay otras prioridades actualmente, y que el proyecto piloto no se podría implementar de forma real para toda la población por su elevado coste (entre 55.000 y 90.000 millones, según sus cálculos, mientras que otros expertos apuntan a que costaría unos 7.000 millones). Junts también está en contra porque considera que, sin tener un país independiente ni tener un control total sobre los impuestos, no se podría implementar.

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