El Gobierno y la Generalitat catalana cambian la mesa de diálogo por reuniones bilaterales discretas

El calendario electoral impone nuevas reglas al juego político y altera las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña. Las fotos con gestos de complicidad y apretones de manos se van al cajón hasta que pasen las elecciones municipales, y se abren paso las reuniones en la sombra, sin convocatorias oficiales y sin focos. En este contexto, la mesa de diálogo ha quedado aparcada, pero los contactos no se han roto. El president Aragonès y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mantuvieron este mismo jueves una reunión en Barcelona para abordar, según dijeron más tarde, asuntos de gestión ordinaria. “Era un encuentro privado y se quedó en que no se iba a explicar”, apuntan fuentes de la Generalitat para justificar las reservas con las que transcurrió la cita. Fuentes de ERC aseguran que se habló de los compromisos derivados del pacto presupuestario entre este partido y el PSC, y que no se abordaron los frentes judiciales del procés.

Justo esta semana, la portavoz del Gobierno catalán, Patrícia Plaja, había admitido que la Generalitat asume que en los próximos meses no habrá ninguna nueva reunión de la mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno. La Moncloa circunscribe esa nueva fase en la “normalidad institucional”; fuentes del Ejecutivo autonómico replican: “Relación la tenemos que tener, porque hay asuntos de gestión que se tienen que tratar, pero no hay una relación de normalidad entre los dos Gobiernos”.

La reunión de este jueves entre Bolaños y Aragonès, adelantada por La Vanguardia, se produjo aprovechando una visita del ministro a Barcelona. El Govern no da detalles de un encuentro que se celebró lejos del Palau de la Generalitat y que se alargó algo más de una hora. “No había nada que anunciar”, refieren desde la Generalitat. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha declarado por su parte en RTVE que sí existe una “relación de normalización” entre las dos administraciones, y que el encuentro de ayer es prueba de ello. El Ejecutivo precisa, eso sí, que no se cerró ningún acuerdo ni medida concreta.

ERC ha encontrado en el PSC un aliado imprescindible para aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2023, pero, a cambio, los socialistas catalanes han puesto sobre la mesa un listado de exigencias en materia de infraestructuras. En algunos casos son asuntos que tienen una gestión compartida, como la autovía orbital de Barcelona, la B-40, o el proyecto para aumentar el tráfico del aeropuerto de El Prat. El encuentro entre Aragonès y Bolaños sirvió para empezar a poner las bases para abordar esas cuestiones, según fuentes de ERC. Apenas se habló, sin embargo, del escenario que deja el revés judicial que han recibido recientemente varios altos cargos o ex altos cargos de la Generalitat: pese al objetivo que buscaba la modificación del Código Penal pactada en diciembre por el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC —reducir el castigo penal a los condenados del procés y a los que están pendientes de juicio—, el Tribunal Supremo ha decidido mantener inhabilitado a Oriol Junqueras hasta 2031 y la Fiscalía ha hecho público que pide siete años de cárcel para Josep Maria Jové y seis años para Lluís Salvadó, altos dirigentes de ERC, por el 1-O .

El lunes, la portavoz de la Generalitat dijo que “el contexto político no ayuda” a poder realizar determinadas escenificaciones entre los dos gobiernos. Apenas tres días después, Aragonès y Bolaños dieron muestra de ello, reuniéndose sin avisar a los medios.

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