La Generalitat permitirá a las empresas canjear las multas lingüísticas por clases de catalán

Las encuestas oficiales reflejan que el uso del catalán en Cataluña está en caída libre y el gobierno de la Generalitat trata de mover ficha para mitigar un mayor retroceso. “No hay tiempo que perder”, ha apuntado este martes el president Pere Aragonès, tras una reunión extraordinaria del Govern que se ha resuelto con la adopción de un paquete de 100 medidas para resguardar esta lengua. Más catalán en la consulta del médico, en las escuelas, en la tele y en el cine e, igualmente, en las autoescuelas o en las instalaciones deportivas. Ese es el objetivo que persigue la nueva estrategia del Ejecutivo. También se pretende garantizar que tengan dominio del catalán los cuidadores de gente mayor o aquellos que están al cargo de personas discapacitadas. De partida, se asegura el mantenimiento de subvenciones para los medios de comunicación que usen el catalán y se seguirá sancionando a aquellos negocios que lo marginen. Sin embargo, las polémicas multas lingüísticas sufrirán cambios para dejar claro, según el Govern, que no tienen un objetivo recaudatorio. De ahí que, según lo anunciado este martes, el importe de la multa se podrá invertir en acciones de “formación y concienciación lingüística del personal”.

El Ayuntamiento de Barcelona presentó recientemente datos relativos al uso ciudadano del catalán. Más de la mitad de los barceloneses no lo habla nunca en su día a día o lo habla muy poco. Entre los jóvenes, el uso del catalán cae al 28%. Es en la capital y en su área metropolitana donde el uso del catalán presenta datos más flojos, pero la situación no es boyante en ninguna zona de Cataluña. En lo que llevamos de año la Generalitat ha tramitado 456 denuncias por “vulneración de los derechos lingüísticos” y ha activado 968 actuaciones de oficio. Atendiendo a lo que prevé el Código de consumo, las empresas y los establecimientos comerciales tienen la obligación de ofrecer como mínimo en catalán “toda la información comercial y las invitaciones de compra, como por ejemplo la carta de un restaurante, los folletos publicitarios, la documentación contractual, los presupuestos, los resguardos de depósito o las facturas”.

Dispensar protección al catalán es “una prioridad de país”, ha advertido Aragonès, que ha emplazado a los partidos de la oposición a no poner trabas a su programa lingüístico: “Nos implica a todos”, ha argumentado el president, antes de poner de relieve que para desplegar el plan sería de gran ayuda contar con el apoyo necesario para desbloquear los presupuestos catalanes del 2023. “Disponer de un presupuesto aprobado faclitará que se apliquen más rápido y de manera completa”, ha apuntado Aragonès, sobre la manera de encarrilar las 100 medidas por el catalán.

El presidente de la Generalitat ha convocado una reunión extraordinaria de su gobierno en la sede del Institut d’Estudis Catalans (IEC) para debatir sobre la situación de la lengua en diferentes ámbitos de la sociedad catalana. Acompañado de la consejera de Cultura Natàlia Garriga, el jefe del Ejecutivo autonómico ha aludido a una “nueva etapa” y ha desmenuzado su plan “transversal” por la lengua. El foco se pone en algunos sectores sensibles. Aragonès ha avanzado acciones de formación para los profesionales sanitarios y para aquellos que están a cargo de personas mayores o que prestan atención a dependientes, “todo el mundo tiene derecho a ser atendido en catalán”, ha dicho. Se incide, también, en el terreno educativo. El máster obligatorio para los docentes de secundaria incorpora formación específica en inmersión y gestión del multilingüismo. También se prevé el impulso del catalán en las autoescuelas, en los contenidos audiovisuales, en las comunidades religiosas o en los clubes deportivos.

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