El nuevo presidente del puerto de Barcelona avanza que los cruceros se quedan: “Son un proyecto estratégico”

El relevo en el puesto de mando del Puerto de Barcelona no conllevará un golpe de timón en la hoja de ruta de la institución. Ni siquiera en uno de los temas que generan más controversia en la gestión de la actividad portuaria: el impacto de los cruceros en el medio ambiente. “Los cruceros son un proyecto estratégico para el país” ha avanzado este lunes Lluís Salvadó. El diputado de Esquerra, su nombramiento en el puerto le obliga a renunciar al escaño, ya ha anunciado que sus intenciones pasan por mantener el rumbo fijado por su antecesor, Damià Calvet, un hombre fuerte de Junts per Catalunya. En plenas negociaciones para aprobar los presupuestos catalanes de 2023, Catalunya en Comú ha manifestado su voluntad de que se note “un cambio” en el puerto. Joan Mena, portavoz de los comunes, pone de relieve que hace falta aplicar un “criterio medioambiental y de transición ecológica”. Salvadó, uno de los investigados por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, replica que “el Puerto de Barcelona tiene que hacer su política”.

La gestión que hace el puerto del tráfico de cruceros, y de sus emisiones contaminantes, es un tema que enciende la polémica y que ha tensionado las relaciones de la Autoridad Portuaria con el Ayuntamiento de Barcelona. El consistorio es crítico con el impacto medioambiental de los grandes buques. La alcaldesa Ada Colau ha insistido varias veces en que la ciudad tiene que regular esta actividad. “Preocupa a la ciudadanía por el impacto que tiene, tanto medioambiental como de masificación”, declaró Colau el pasado verano. Su punto de vista chocó entonces con la opinión del presidente del puerto, Damià Calvet. El consejero de Territorio, Juli Fernàndez, ha valorado positivamente la tarea desempeñada por Calvet pero alega que la salida de Junts del Govern impone a Esquerra nombrar a un presidente que tenga la plena confianza del partido. Salvadó es muy próximo al presidente de ERC, Oriol Junqueras.

La Generalitat trata de nadar entre dos aguas. La consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, anunció la semana pasada que el Govern ya “tiene a punto” el impuesto a los cruceros, que entrará en vigor el 2023 si se aprueban los presupuestos. El nuevo tributo estará basado en el principio “quien más contamina, más paga” y, por lo tanto, grabará los grandes barcos que más emisiones hacen en las zonas portuarias de Cataluña. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Jordà aseguró que su departamento, junto con el de Economía, ya tiene “muy avanzado” el despliegue del nuevo impuesto. Los comunes reivindican que el impuesto a los grandes barcos se incluya en la ley de acompañamiento a los nuevos presupuestos.

Jordà mantiene que no se limitará la entrada de cruceros. La idea la confirma Lluís Salvadó, que si bien defiende la necesidad de encontrar “un punto de equilibrio” y de dar con la fórmula para que “todo el mundo se sienta cómodo”, en su primer discurso como nuevo responsable del puerto ha dejado claro que la instalación no va a variar las bases de su actividad económica. El año pasado el Port facturó 151 millones de euros, un 9% más que en el 2020 pero aun a distancia de los 172 millones obtenidos en el 2019. Entre enero y septiembre de este año, el puerto registró 1,6 millones de cruceristas, el 68,5% de los que tuvo en el mismo periodo de 2019, el último año antes de la pandemia y que se saldó con unos registros récord.

Lluís Salvadó será sustituido en el Parlament por Oriol Pallissó, candidato de Esquerra a la alcaldía de Montblanc (Tarragona). Salvadó fue secretario de Hacienda de la Generalitat entre 2016 y 2017 cuando Junqueras era el consejero de Economía. El nuevo presidente del puerto barcelonés es uno de los investigados por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y está procesado por desobediencia, prevaricación y malversación, según comunicó la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia Cataluña (TSJC). La Mesa del Parlament de Cataluña descartó activar los mecanismos para suspenderle como diputado junto a Josep Maria Jové, también procesado. “Estamos absolutamente convencidos que las acusaciones se van a caer”, ha manifestado Salvadó. En caso de una eventual condena podría enfrentarse a inhabilitación para desempeñar un cargo público.

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