Un presupuesto para un cambio de paradigma educativo

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son la principal herramienta que tiene el Gobierno de coalición para mostrar la vía por la que las políticas públicas deben transitar. En el ámbito educativo, llevamos ya unos años en los que las tijeras ideológicas del PP han quedado en el cajón de la historia y avanzamos hacia la media de inversión educativa europea. ¡Ya era hora! La inversión educativa [del Gobierno central] ascenderá por primera vez a más de 6.400 millones de euros, con un aumento de 760 millones de euros respecto a los PGE anteriores, esto es, un incremento del 6%.

Desde el punto de vista educativo, estos no son unos presupuestos cualesquiera porque serán los primeros que se aprueben con la nueva ley de educación, la Lomloe, ya dentro de las aulas. Se trata de que los presupuestos tengan la capacidad de entrar en las aulas de nuestras escuelas con el objetivo de mejorar el sistema educativo, dotarlo de la cohesión que perdió con los gobiernos de Rajoy y blindar el derecho a la educación que estuvo en duda durante una década en que las familias más vulnerables fueron desnudadas de un derecho tan básico. La reducción de becas, los precios que impedían a las clases populares acceder a la universidad o la falta de plazas públicas en educación 0-3 o Formación Profesional provocaron esa clara vulneración de derechos.

En las cuentas que ha presentado el Ministerio de Educación y que ahora iniciarán el trámite y el debate parlamentario para poder ser enriquecidas por parte de los grupos parlamentarios hay que destacar tres aspectos que son fundamentales para entender este cambio de paradigma que fija la Lomloe. La apuesta por la educación 0-3, la necesidad de universalizar la escuela inclusiva y el pleno desarrollo de la Formación Profesional pública en España son las categorías fundamentales para entender los PGE. Los primeros presupuestos acordados entre Unidas Podemos y el PSOE, el acuerdo de Gobierno y los últimos PGE del Gobierno de coalición ya demostraron que Unidas Podemos apostamos claramente por la educación 0-3 como una etapa plenamente educativa, pública, gratuita y de calidad. La Lomloe ya incluye una disposición adicional que mandata a los poderes públicos a dotar al sistema educativo de plazas de titularidad pública en la etapa infantil para superar este déficit histórico en nuestro país. En este sentido, debemos coordinar con todas las comunidades autónomas el cumplimiento de la ley. No puede ser que haya comunidades, como Andalucía, Murcia o Madrid, que estén desobedeciendo la Lomloe y jugando a la privatización y extensión de los conciertos educativos de la red infantil, porque va claramente en contra del criterio marcado por la ley. Por esto, los PGE destinan casi 14 millones de euros para la creación de plazas de primer ciclo de educación infantil de titularidad pública.

Si era necesario estructurar la apuesta por la educación infantil en España, la formación profesional era también una necesidad imperante. La falta de oferta pública y muchas veces alejada de las necesidades ocupacionales y formativas de los territorios situaban a nuestro país en la cola europea de la FP. La partida destinada a la formación profesional para el empleo es la más elevada de todo el presupuesto educativo y asciende a 1.178 millones de euros, con casi 30 millones de euros más que en los presupuestos pasados. Esas partidas deben ir destinadas, sí o sí, a la FP pública que es donde España tiene una deuda de oferta de plazas. Unidas Podemos y En Comú Podem seremos intransigentes ante quien pretenda, como ha ocurrido en los últimos años, privatizar la FP y descapitalizar la pública.

Y en el mismo nivel de prioridades está la escuela inclusiva, aquella que permite que todo el alumnado conviva en el mismo centro educativo independientemente de su situación física o psíquica, y que demuestra que la voluntad es la de construir un sistema educativo para todos porque también queremos una sociedad donde quepa todo el mundo. La apuesta clara por la educación inclusiva supuso, durante el trámite de aprobación de la Lomloe, la mayor campaña de difamación y fake news por parte de la derecha política y mediática cuyo único objetivo era estigmatizar la educación pública y desgastar al Gobierno de coalición. Esa campaña no les funcionó porque el sentido común de las familias, incluso aquellas que tienen hijos que requieren de atenciones especiales, dice que el alumnado debe convivir siempre que así sea posible en el mismo espacio educativo. Lo demás es segregación educativa que no ayuda a construir una sociedad justa, equitativa y democrática. La escuela inclusiva es justamente eso: más recursos, mejor adaptación de los espacios escolares para el uso del alumnado, más y mejores becas, integración de las diferentes culturas evitando el absentismo en nuestras escuelas, equilibrio territorial en el acceso a la educación y garantía de escuela pública en todos sitios. Ese es el camino y por ahí van los presupuestos del Estado.

Además de estos tres elementos que se refuerzan legislativamente en la Lomloe y económicamente en los PGE, hay un componente que es también fundamental para entender ese cambio de paradigma y es donde, especialmente la ultraderecha, está poniendo el foco mediático. Se trata del currículum educativo. Desde Unidas Podemos y En Comú Podem dimos la batalla en la negociación de la Lomloe para incorporar elementos de memoria democrática, igualdad, derechos LGTBI, educación afectiva y sexual, empatía animal o educación en fiscalidad al currículum educativo; y finalmente se recogió negro sobre blanco en la ley. Ahora viene cuando esos currículums se deben desplegar para hacer que todos estos derechos entren en el sistema. Los intolerables actos que hemos vivido recientemente en el colegio mayor Elías Ahuja de Madrid, por ejemplo, demuestran que necesitamos extender la educación sexual y afectiva a todas las etapas educativas. El machismo, la homofobia y la intolerancia sólo se combaten con políticas públicas que aborden los derechos de todas las personas. Y de eso va la educación sexual.

Estos son, en definitiva, unos buenos presupuestos que continúan el camino de reorientar el modelo educativo español hacia la senda de la equidad, la justicia social y el derecho a la educación. Mejores presupuestos educativos nos traen una mejor educación pública. Sólo así seremos capaces de resolver el déficit educativo histórico que ha padecido España en los últimos 40 años.

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