El exjefe de investigación de los Mossos acusa al ‘número dos’ del cuerpo de pedir datos de un caso judicializado
El intendente Toni Rodríguez denuncia ante los juzgados su cese, que atribuye a su negativa a facilitar información confidencial
![Rebeca Carranco](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fad554526-c291-4dbf-a9ed-9a24fc389102.png?auth=ab3280373f3f4ee0712a92212037b29a8f46e8f1093fc1ca82d1eb580376332a&width=100&height=100&smart=true)
![El intendente de los Mossos d'Esquadra Toni Rodríguez, en una fotografía de archivo.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/CAVRL3BBYEJT75DUJC5U3IUFKQ.jpg?auth=eb01b1d85845b92fa6fc9d21c65c2d0c618157d6f4ec2e04f0b69d9bbf4af3bb&width=414)
El exjefe de investigación de los Mossos d’Esquadra, el intendente Toni Rodríguez, acusa al actual número dos de la policía catalana, el comisario Eduard Sallent, de pedir datos confidenciales de una investigación judicializada. En la denuncia que ha presentado contra su cese, el pasado mes de diciembre, asegura que el comisario ordenó que se solicitase una “copia de las diligencias” de la investigación contra el entonces consejero de Interior, Miquel Buch, por la escolta de Carles Puigdemont. Sallent ostentaba en aquel momento la jefatura de los Mossos.
El intendente, destituido cuando el Departamento de Interior que dirige Joan Ignasi Elena (ERC) nombró a una nueva cúpula en sustitución de Trapero, asegura que uno de los motivos para cambiarlo fue una “desviación de poder”. Y cita como detonantes las investigaciones que dirigió y que afectaron a la entonces consejera de cultura Laura Borràs, imputada y apartada por ello como presidenta del Parlament, y al consejero del Interior Miquel Buch, para el que el fiscal pide seis años de cárcel, y sus negativas a facilitar información confidencial a sus superiores jerárquicos sobre ambos casos.
En su denuncia, el intendente relata injerencias vinculadas sobre todo a la investigación contra Buch. Asegura que el Departamento del Interior sabía que les estaban investigando los propios Mossos porque hubo “diversos requerimientos de información y documentación”. Posteriormente, entre julio y junio de 2020, “por orden del jefe del cuerpo, el comisario Sallent, se pidió una copia de las diligencias de aquella investigación”, indica el escrito presentado ante el juzgado. Requerimiento que “no se atendió y generó tensión con la cúpula del cuerpo” que finalmente “tuvo acceso a las mismas por vías desconocidas”. En aquel momento, parte de la causa seguía secreta, según fuentes policiales.
Otras fuentes policiales insisten en que buena parte de los atestados ya no eran secretos, y estaban en manos tanto de la prensa como de los propios investigados. También niegan cualquier intento de favorecer a Buch o a cualquier otro político por parte de la cúpula policial del momento. La denuncia de Rodríguez relata que la situación “fue empeorando con acciones que dificultaban seriamente las funciones de policía judicial”, hasta el punto que pidió ampara judicial al magistrado instructor. La unidad anticorrupción, dependiente del intendente, también decidió extraer del sistema interno de los Mossos todos los archivos referentes a la investigación y operar al margen para evitar cualquier injerencia.
Para Rodríguez, ese episodio junto a las filtraciones de la causa de Borràs que motivaron que la juez arrebatase la investigación a los Mossos, tienen “directa relación” con su destitución, dos años después, cuando Sallent -que había cesado de la jefatura de los Mossos cuando fue restituido en el cargo el mayor Josep Lluís Trapero- volvió de nuevo a la cúpula policial, en esta ocasión como número dos del comisario Josep Maria Estela. “Por parte de miembros de la actual cúpula, presentes en el momento del cese del intendente, existen unos episodios de desavenencias motivadas por su hermetismo en la transmisión de información a sus superiores”, asegura la denuncia. Y añade que ese hermetismo respondía a un “cumplimiento escrupuloso” de su papel como policía judicial.
En su denuncia, que ha recaído en el juzgado contencioso-administrativo 11 de Barcelona, Rodríguez pide la “nulidad de la actuación administrativa” y, por tanto, de su cese, que considera “arbitrario y no ajustado a derecho” y que se le restituya en su cargo. Entre otros elementos, argumenta también que la destitución, el pasado 20 de diciembre, no fue motivada, ni por escrito, ni cuando se le comunicó de viva voz por parte de la actual cúpula policial. “Supongo que te lo esperabas” o “queremos cambios al frente de la comisaría” fueron algunas de las “frases estereotipadas” con las que lo justificaron, indica, sin mencionar “ninguna circunstancia objetiva”. Públicamente, se le achacó falta de liderazgo, a pesar de que en las evaluaciones internas el intendente obtuvo la máxima puntuación en ese ámbito.
También alega otros errores administrativos, como que no se le reconozca que ejercía como jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal (el acto administrativo le sitúa como segundo) o que se le haya destinado a un puesto por debajo de su categoría profesional. El intendente Rodríguez pasó de unos de los lugares clave dentro del organigrama de los Mossos d’Esquadra a dirigir la comisaría de Rubí, con unas obligaciones, insiste, inferiores al rango que ostenta, siendo uno de los intendentes con menos atribuciones del cuerpo, asegura.
La denuncia del exjefe de investigación de la policía catalana se produce en un contexto de inestabilidad en los Mossos d’Esquadra. Apenas nueve meses después de suceder a Trapero, el actual jefe del cuerpo, Josep Maria Estela, ha solicitado al Departamento del Interior el cese de Sallent, con quien asegura que no se entiende, entre acusaciones de deslealtad e injerencias políticas. El Departamento, sin embargo, ya ha manifestado que ambos deben entenderse, y el propio Estela ha enviado una carta interna a todos los policías para intentar frenar la crisis abierta. En ella, asegura que la actual jefatura seguirá trabajando conjuntamente.
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