El exalcalde de Sabadell Manuel Bustos pierde el tercer grado penitenciario

El exalcalde socialista de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos ha perdido su semilibertad después de que el pasado mes de julio el juez de vigilancia penitenciaria le revocara el tercer grado que se le concedió pocos meses después de ingresar a la prisión barcelonesa de Lledoners. El Ministerio Público recurrió la decisión del tercer grado el pasado mes de abril, cuando el exdirigente del PSC, condenado en el marco del caso Mercurio por haber retirado multas a familiares suyos, salió de la cárcel, al asegurar que Bustos “minimizaba” los delitos de corrupción y solo los reconocía “parcialmente”.

La concesión del tercer grado, que ha permitido al exalcalde entrar y salir de la cárcel, ya generó controversia, puesto que la junta de tratamiento de Lledoners propuso por mayoría que siguiera en régimen cerrado, y fue la Dirección General de Asuntos Penitenciarios de la Generalitat la que le concedió la semilibertad. La dirección general asumió los criterios del equipo técnico encargado de la clasificación que, entre otras cuestiones, argumentaba que no existía riesgo de reincidencia por parte de Bustos puesto que dejó la política de forma definitiva en julio de 2014 y que ingresó a la cárcel voluntariamente.

El exdirigente socialista entró en la prisión para cumplir tres años de cárcel por dos delitos de tráfico de influencias, después de que el Tribunal Supremo lo ratificara en marzo de 2021. Bustos, que tiene otra sentencia condenatoria con pena de cárcel por el nombramiento irregular de un alto cargo en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona), todavía está pendiente de otros juicios enmarcados dentro de la macrocausa de Mercurio.

Las juntas de tratamiento son órganos que se reúnen cada semana para decidir sobre la vida de los presos; por ejemplo, si deben disfrutar o no de permisos de salida. La integran profesionales de perfil técnico (psicólogos, educadores, juristas y trabajadores sociales). También suele estar el subdirector de tratamiento de la cárcel y, ocasionalmente, el director. Cuando llega un nuevo interno, disponen de un máximo de dos meses para lanzar una propuesta inicial de clasificación, que debe ser luego examinada por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima del Departamento de Justicia, que dirige Lourdes Ciuró. En la inmensa mayoría de ocasiones (en torno al 95%), la Generalitat ratifica lo que proponen las juntas.

En el caso de Bustos, la junta propuso —por mayoría y no por unanimidad— su clasificación en segundo grado. Con dos argumentos de peso: el exalcalde afronta otras cuatro causas en fase de instrucción por los mismos delitos y debe reconocer los hechos “sin minimizaciones ni justificaciones”. Justicia sopesó argumentos a favor del tercer grado: que la condena es corta (tres años), que ingresó voluntariamente, que ha pagado la responsabilidad civil, que los hechos son antiguos (se remontan a 2012), que tiene un medio acogedor (su familia) y que la posibilidad de que reincida es “baja”.

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