El Govern dio el tercer grado al exalcalde de Sabadell en contra del criterio de los técnicos

El Gobierno catalán concedió el tercer grado penitenciario al exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, contra el criterio mayoritario de los técnicos, según han confirmado a EL PAÍS fuentes judiciales. La junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners (Barcelona), donde el exedil cumple condena por delitos de corrupción, había propuesto su clasificación inicial en segundo grado, el régimen ordinario en el que se encuentran la mayoría de internos. Pero el Departamento de Justicia, del que depende la decisión, concluyó hace un mes que Bustos merecía el tercer grado restringido, que le permite pasar los fines de semana en casa. La decisión ha sido recurrida por la Fiscalía.

Bustos, antiguo peso pesado del Partit dels Socialistes (PSC), es uno de los políticos que ha pagado el precio de la corrupción. El caso Mercurio, que le apeó del poder, ha lastrado su salud y le ha conducido a una serie de procesos judiciales, muchos de ellos aún vivos. Acumula dos condenas en firme. La primera, de un año y cuatro meses de cárcel, por presionar a la alcaldesa socialista de Montcada (Barcelona) para enchufar en el Ayuntamiento a una excargo público del tripartito de izquierdas. Esquivó la prisión tras comprometerse a seguir un curso de prevención de la corrupción.

Cuando el Tribunal Supremo confirmó, hace un año, la segunda sentencia, el exalcalde sabía que tenía pocas esperanzas de seguir libre. Condenado a tres años de cárcel por ordenar a la Policía Local de Sabadell que retirara multas de tráfico a su mujer y su hijo, el pasado 12 de enero ingresó de forma voluntaria en Lledoners, la misma cárcel donde permanecieron los presos del procés.

Las juntas de tratamiento son órganos que se reúnen cada semana para decidir sobre la vida de los presos; por ejemplo, si deben disfrutar o no de permisos de salida. La integran profesionales de perfil técnico (psicólogos, educadores, juristas y trabajadores sociales), aunque también suele estar el subdirector de tratamiento de la cárcel y, ocasionalmente, el director. Ante la llegada de un nuevo interno, disponen de un máximo de dos meses para lanzar una propuesta inicial de clasificación, que debe ser luego examinada por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima del Departamento de Justicia, que dirige Lourdes Ciuró. En la inmensa mayoría de ocasiones (en torno al 95%), la Generalitat ratifica lo que proponen las juntas.

En el caso de Bustos, la junta propuso —por mayoría y no por unanimidad— su clasificación en segundo grado. Con dos argumentos de peso: el exalcalde afronta otras cuatro causas en fase de instrucción por los mismos delitos y debe reconocer los hechos “sin minimizaciones ni justificaciones”. Justicia sopesó argumentos a favor del tercer grado: que la condena es corta (tres años), que ingresó voluntariamente, que ha pagado la responsabilidad civil, que los hechos son antiguos (se remontan a 2012), que tiene un medio acogedor (su familia) y que la posibilidad de que reincida es “baja”.

Hace un mes, la Secretaría —comandada por el abogado y activista por la independencia Sergi Blàzquez— concedió al exalcalde el tercer grado. Una portavoz de Justicia subraya que la decisión se adoptó con “criterios técnicos”. Por lo general, el régimen abierto significa que los presos vuelven a la cárcel solo a dormir de lunes a viernes. En el caso de Bustos, se le aplicó la modalidad restringida, por lo que permanece en Lledoners todo el día salvo los fines de semana.

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