Laura Borràs queda a un paso de juicio por corrupción tras los nuevos indicios

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, está a un paso de sentarse en el banquillo por diversos delitos de corrupción relacionados con su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la ha procesado por malversación, prevaricación, fraude y falsedad, en un auto muy similar al que ya dictó el pasado marzo y que fue recurrido por las defensas. En estos meses, uno de los cuatro investigados —el funcionario de la ILC Roger E.— ha declarado y ha aportado al tribunal archivos de audio e informes de auditoría que ponen aún más contra las cuerdas a la dirigente de Junts per Catalunya. Borràs ve como se le confirma aquel escenario de marzo, con un pie y medio en el juicio y pendiente de la acusación de la Fiscalía. El cerco judicial se estrecha y su posición política queda en entredicho, justo cuando acaba de estrenar la presidencia de Junts per Catalunya, en sustitución de Carles Puigdemont.

Desde su llegada al frente de la ILC en 2013, Borràs presuntamente fraccionó de forma artificial contratos para adjudicárselos a dedo a un amigo suyo, el informático Isaías H., con el que había colaborado anteriormente. El importe pagado por la institución cultural de la Generalitat al informático supera los 300.000 euros. El magistrado Josep Seguí concluye que, una vez practicadas las últimas diligencias de investigación —incluida la declaración de Roger E.— hay indicios para afirmar que Borràs defraudó al ente público que promueve la literatura catalana. Los correos electrónicos que intercambiaron Borràs e Isaías H. son la principal prueba de cargo en la causa.

El TSJC ha dado ya traslado a la Fiscalía para que presente, en un plazo de 10 días, su escrito de acusación. El ministerio público previsiblemente solicitará penas de prisión e inhabilitación para la presidenta de la cámara catalana y candidata de Junts a las últimas elecciones al Parlament. A la espera de que se concrete esa acusación, los jueces ven indicios de cuatro delitos. Borràs prevaricó, señala, porque “abusó de sus funciones” como responsable de contratación en la ILC para “aprobar la adjudicación” de hasta 18 contratos menores que beneficiaron a Isaías H.

A petición de Borràs, el informático confeccionó presupuestos ficticios que puso a nombre de otras empresas y personas físicas (falsedad documental). El tribunal considera que también se ha producido un fraude en la administración y un delito de malversación, porque las facturas presentadas por Isaías y abonadas por la ILC “se hacían con criterios arbitrarios”, lo que pudo suponer un perjuicio para la administración.

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