Un año de los indultos: de la desinflamación a la ‘realpolitik’

Hace justo un año ―se ha cumplido este jueves 23 de junio― que los nueve líderes del procés independentista catalán condenados a prisión por el Tribunal Supremo salieron de la cárcel gracias a los indultos concedidos por el Gobierno. La medida de gracia dejaba en suspenso la pena de cárcel por los delitos de sedición y malversación, aunque condicionada a no volver a delinquir. ¿Qué ha cambiado desde entonces en la sociedad catalana? La respuesta, obviamente, varía de acuerdo al interlocutor. Patronales y sindicatos detectan una disminución en la tensión social. El movimiento independentista insiste en que aún no se ha terminado con la “represión”. Y de fondo, tras años de parálisis, viejos problemas se imponen en la agenda con nuevos bríos.

La salida de prisión de los líderes independentistas coincidió con la víspera de la verbena de San Juan. No es solo una fiesta con un gran componente familiar en Cataluña sino que contiene la simbología de un nuevo comienzo: el fuego de la tradicional hoguera que incluye la celebración quema lo viejo y allana el camino a lo nuevo. Es imposible saber si hubo un componente simbólico en la elección de la fecha. Pero tras la publicación de la medida de gracia en el BOE las puertas de las prisiones de Lledoners y Wad-Ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Girona) abrieron sus puertas y los condenados del procés fueron libres para pasar la fecha señalada con su familia. Llevaban entre 39 y 44 meses en prisión.

“Hoy es un día en el que los catalanes y catalanas nos reafirmamos. No existe indulto que haga callar al pueblo de Cataluña”, dijo el expresidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, tras poner un pie fuera de Lledoners, acompañado de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn. Solo dos de ellos (Junqueras y Turull) se mantienen en la primera línea de la política. El independentismo y la reivindicación de una amnistía general conviven, según las encuestas de la Generalitat, con la consolidación de la idea de que el Govern debe centrarse en la gestión de los servicios públicos. Casi un 30%, según el barómetro del pasado enero, aún ve como prioridad la resolución del conflicto soberanista. Y un 61% de ellos asegura ser votante de Junts.

La concesión de los indultos es tal vez el único fruto tangible de la línea de diálogo abierta entre el Gobierno central y la Generalitat. Una mesa que censuran duramente tanto los partidos de la derecha de ámbito nacional como Junts, ahora bajo el liderazgo de Laura Borràs. El independentismo niega que el presidente Pedro Sánchez fuera valiente al concederlos, y los ve como el fruto de la supuesta presión internacional hacia España. El mundo económico sí ve una apuesta personal del líder del PSOE. “Imagínate hoy Cataluña con Junqueras todavía en la cárcel. El avance es bestial”, reconocen fuentes del Círculo de Economía.

Fue precisamente en la reunión anual de ese lobby empresarial, en mayo de 2020, donde el empresariado catalán mostró su espaldarazo a Sánchez para conceder el perdón. “El balance es muy positivo porque aquella decisión fue el punto de partida de la desinflamación política. Los empresarios lo necesitábamos”, dice esa misma fuente de la dirección del Círculo. “El Gobierno tomó una decisión que ha ido bien para Cataluña”, abundan desde la cúpula de la patronal catalana de Foment del Treball.

¿Cómo se concreta esa desinflamación política y social de la que hablan los empresarios? El secretario general de CC OO en Cataluña, Javier Pacheco, cree que hace un par de años habría sido imposible superar la dinámica de bloques instalada en el Parlament y pemitir un acuerdo de amplio espectro (desde el PSC hasta Junts) para reafirmar el catalán como el centro de gravedad de la educación. “Ahora tenemos un Govern con carencias, pero con vocación de ejercer su poder ejecutivo”, agrega. UGT, el otro sindicato mayoritario, pidió directamente el indulto para una de sus exlíderes en Girona, la exconsejera Dolors Bassa.

La pandemia pero también el cambio de rasante en el debate público, ha hecho que se vuelva a debatir sobre temas que el procés había terminado por enmascarar. Los diferentes organismos dependientes del Gobierno ejecutaron el año pasado en Cataluña 740 millones de euros, un 35% de lo contemplado en los Presupuestos Generales (frente a los más de 2.000 millones en la Comunidad de Madrid, el 185%). Un bache considerable en la llamada Agenda del Reencuentro, la lista de incumplimientos históricos formulados por varios Ejecutivos catalanes y que Sánchez hizo suya. El president Pere Aragonès se ha encontrado, por su parte, con una comunidad educativa que, tras años de apoyo a la ruta independentista, explota ahora por decisiones que considera impuestas a la brava, como la reforma del calendario, y que aún no nota las mejoras en inversión tras los recortes de hace una década.

Que esos debates ahora monopolicen la agenda pública molesta en una parte del independentismo. Ven en ello la temida “normalización” de las relaciones con el “Estado opresor”. Sin embargo, sí es más generalizado dentro del secesionismo, incluso del más proclive al diálogo, la sensación de que Sánchez considera que con la concesión del perdón se puede dar punto y final al problema del encaje territorial. “Lo dijimos hace un año y lo mantenemos: con los indultos: no acaba nada. Al contrario. Son una medida individual y estamos ante una causa colectiva”, afirma el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich. “Los indultos no han servido de nada, porque sigue habiendo una mayoría política en Cataluña a favor de la independencia”, sostiene, aunque las encuestas no sustentan esa afirmación.

Para Pacheco es una mala noticia la decisión de que el Tribunal Supremo aceptara estudiar, tras reformar su composición, los recursos contra los indultos que promovieron PP, Vox y Cs. “Hay una nueva intención de la justicia de invadir espacios políticos”, alerta. Antich califica de “efímeros” los indultos y cree que desde el Estado no se ha parado “ni un minuto en buscar las grietas para revertirlos”. Por eso, añade, todas sus esperanzas están puestas en lo que determine la justicia europea. La espera hasta ese momento definitivo en Estrasburgo será larga. Pero desde el Círculo de Economía insisten en que en el largo plazo se ha tomado la decisión correcta. “La evolución es lenta y hay que tener en cuenta cómo están las relaciones entre ERC y Junts. Y el coste político que tendrá para el PSOE”, añaden desde la cúpula del lobby empresarial. En la hoguera de Sant Joan no todas las cosas viejas arden por igual.

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