La Generalitat elude la nueva ley lingüística en las instrucciones enviadas a las escuelas

Ni rastro del concepto del castellano como lengua “curricular” en los documentos que se envían a los centros para orientarlos en la organización del próximo curso. Se trata de un paquete de instrucciones sobre los diferentes aspectos de gestión de un centro -desde profesorado, los contenidos a los riesgos laborales-, que incluye uno específico para elaborar los proyectos lingüísticos. En este caso específico, las nuevas orientaciones no recogen la nueva Ley de uso de lenguas oficiales en la escuela, ni tampoco hace referencia a la sentencia que obliga a impartir el 25% de castellano en todo el sistema educativo. Lo que sí permite es modular y aumentar el uso del castellano según su realidad sociolingüística, una medida que, no obstante, no es nueva y ya la recogían las orientaciones de cursos anteriores.

El Parlament aprobó el pasado 8 de junio -con los votos de Junts, ERC, PSC y En Comú Podem- la nueva ley que reconoce el catalán como lengua vehicular en la escuela, pero al mismo tiempo otorga el reconocimiento de lengua curricular al castellano. Ese nuevo estatus comporta que pueda usarse más allá de la propia asignatura de Lengua Castellana, y modular su uso en función de la realidad sociolingüística de cada centro educativo. Con esta nueva normativa, el Govern considera que puede obviar la sentencia del 25% de castellano porque crea un nuevo marco legal que genera unas nuevas reglas del juego.

Desde el Departamento de Educación justifican que los documentos con las orientaciones tienen una fecha -el 7 de junio- antes de la aprobación de la ley en el Parlament (que se produjo al día siguiente). Además, consideran que “no entra en contradicción con la ley porque los centros pueden adaptar los usos lingüísticos a su realidad y necesidad”. Educación también recuerda que días antes, cuando se aprobó el nuevo decreto ley sobre lenguas en la escuela, ya se enviaron unas instrucciones específicas. “Y si tenemos que hacer una aclaración lo haremos”, remachan desde el Departamento.

Por su parte, los partidos de derecha mantienen el pulso jurídico. Vox anunció este viernes que ha presentado una querella contra el consejero Josep Gonzàlez-Cambray por “desobedecer” la sentencia del 25%, ya que no dictó “las instrucciones ni las medidas de control para cumplir la sentencia” en el plazo dado por los tribunales. Y Ciudadanos amplió su denuncia contra Cambray por enviar unas instrucciones en que se obvia explícitamente el porcentaje en las lenguas. Según el partido naranja, el consejero estaría incurriendo en un posible delito de prevaricación continuado.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal