Barcelona recurre ante el Supremo la anulación de su zona de bajas emisiones con la salud como argumento

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que desde 2020 veta la entrada a la ciudad de los vehículos más contaminantes. La Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona han presentado también recursos. Las tres administraciones sitúan la preservación de la salud pública ante el impacto de la contaminación del tráfico como principal argumento para defender la ZBE.

Además, recuerdan que el modelo de Barcelona es el que ha inspirado la implantación de estas zonas en municipios de más de 50.000 habitantes de toda España, tal y como prevé la Ley del Cambio Climático. Para blindar la restricciones de entrada a vehículos contaminantes en caso de que el Supremo ratificara la anulación, las tres administraciones actualizarán a actual la ordenanza, incorporando nueva legislación y estudios sobre contaminación.

Formalmente, los recursos se han presentado ante el TSJC, que los ha admitido a trámite. Pero falta que los admita el Supremo, un procedimiento que puede alargarse hasta seis o siete meses. La resolución podría alargarse un año más. Cada administración, además, ha presentado seis recursos, porque fueron seis las asociaciones ciudadanas y patronales las que presentaron el mismo texto contra la ZBE. Las seis demandantes anunciaron el pasado viernes que pedirán la ejecución provisional de la anulación que dicta la sentencia que les dio la razón, mientras el Supremo decide si es firme o no.

Los argumentos de la sala del TSJC no cuestionaron la necesidad de actuar contra la contaminación o para mejorar la calidad del aire, sino la “proporcionalidad” de las medidas que la ZBE contempla para hacerlo, o los “excesos” en el ámbito geográfico o las decenas de miles de vehículos afectados.

Ayuntamiento, Govern y AMB han comparecido conjuntamente para presentar los recursos, como prometieron al conocer la sentencia: en un frente común, anunciaron una “lluvia de recursos”.

El concejal de Emergencia Climática del Ayuntamiento, Eloi Badia, ha argumentado que “el principal motivo para defender la ZBE es el imperativo legal de las administraciones de proteger la salud”. “Así nos comprometimos en la última Cumbre de la Calidad del Aire o ha informado el ISGlobal, que afirma que las muertes prematuras debidas a la contaminación se elevan a 1.500 personas”, ha defendido el concejal y ha celebrado que la ZBE ha permitido reducir un 11% las emisiones de dióxido de nitrógeno, prácticamente eliminar los turismos más contaminantes y evitar 125 muertes al año.

Badia ha explicado que, para “blindar” y “reforzar jurídicamente” la Ordenanza Municipal que fija el funcionamiento de la ZBE, se actualizará incluyendo novedades jurídicas que avalan estas áreas restrictivas con los coches contaminantes o nuevos informes sobre contaminación de los que no se disponía cuando se comenzó a redactar en 2017. Es el caso de la Ley del Cambio Climático, de ámbito español, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a crear zonas de bajas emisiones. La ordenanza, con todo, no modificará el funcionamiento (zona, horarios, exenciones, etc.) de las restricciones actuales. La idea es aprobar la modificación antes de que acabe el mandato en mayo de 2023 por si el Supremo ratificara la anulación.

El director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat, Marc Sanglas, ha defendido que “la UE contempla restringir la movilidad para reducir la contaminación” también “la proporcionalidad” de la restricción. “El camino de las administraciones catalanas está alineado con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las restricciones están plenamente justificadas. El TSCJ pone los derechos económicos por encima de la vida o la salud”, ha resumido antes de advertir: “No habrá sentencia que nos haga retroceder ni a Barcelona ni a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes”.

Los recursos ante el Supremo llegan cuando entidades ciudadanas de Barcelona han presentado una propuesta de peaje urbano para endurecer todavía más el acceso de vehículos a la ciudad.

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