Generalitat y ayuntamientos anuncian una lluvia de recursos al Supremo para salvar el veto a los coches más contaminantes

Una “batería de recursos para evitar que la sentencia sea firme”, en palabras de la teniente de alcalde de Ecología y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz. La Generalitat y los consistorios de Barcelona, L’Hospitalet, Cornellà, Esplugues y Sant Adrià de Besòs presentarán recursos de casación ante el Tribunal Supremo ante las seis sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anulan la zona de bajas emisiones de Barcelona (ZBE) que veta el acceso a los coches más contaminantes.

Lo han anunciado este miércoles en el Saló de Cent del consistorio representantes de las administraciones. Su argumento para defender las ZBE es compartido: luchar contra la contaminación es defender la salud de la población y la legislación obliga a hacerlo. La mera presentación del recurso suspende la anulación, ha explicado Sanz. Con todo, la argumentación jurídica debe ajustarse a una estricta normativa para que el recurso sea admitido a trámite por el Supremo. El proceso, con todo, va para largo. Y mientras tanto la ZBE -y las multas a quien incumpla- seguirá vigente.

Los recursos serán presentados primero por el Ayuntamiento de Barcelona y por la Generalitat. El resto de ciudades, los presentarán a medida que reciban sentencias contra la ordenanza que regula la ZBE y que es la misma para las cinco ciudades. “Para evitar agujeros legales”, han convenido.

Dudas en Reus y Girona

La teniente de alcalde ha añadido que Barcelona está en conversaciones con el Gobierno central para que el futuro decreto sobre el despliegue de ZBE en otras ciudades de seguridad jurídica a los Ayuntamientos. En Cataluña, ha admitido el director general de Calidad Ambiental de la Generalitat, Marc Sanglas, ayuntamientos como Reus o Girona han expresado dudas sobre la creación de zonas de bajas emisiones tras las sentencias del TSJC. Girona incluso ha anunciado que suspende la licitación de cámaras para leer las matrículas de los vehículos. Sanglas ha sido contundente: “El derecho a la salud es inalienable, no habrá sentencia que nos pare”. Pero ha admitido: “Nos preocupa que alguien limite lo que quieren hacer los entes locales”. Para ello convocarán una mesa para “fortificar y dotar de herramientas que den garantías a los Ayuntamientos y que lo que ha atacado esta sentencia no figure en otras ordenanzas” de otros municipios.

Tanto Sanz como el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, han considerado que las sentencias de anulación “incorporan más elementos políticos e ideológicos que jurídicos” y que los fallos “van contra los tiempos, el sentido común y la legislación”. Ambos han recordado que 63 municipios catalanes han acordado crear ZBE, que la Ley Española del Cambio Climático obliga a fijarlas a las ciudades de más de 50.000 habitantes y que Madrid y Barcelona se exponen a multas de la Unión Europea por rebasar los límites de contaminación.

Los comparecientes no han revelado los detalles de la estrategia jurídica, porque todavía está en estudio, tienen 30 días para presentar los recursos. Pero sí intentarán rebatir los puntos que la sentencias cuestionan: el ámbito de la ZBE, las mediciones de contaminación para crearla o poner en duda las etiquetas ambientales como sistema para vetar vehículos (es el que se está utilizando en toda Europa, ha recordado Badia). El concejal también ha rebatido que la ordenanza de Barcelona contempla medidas específicas para ciudadanos con rentas bajas.