La justicia anula el veto a los coches contaminantes en Barcelona “por excesivo”

Revés judicial a la prohibición de los coches más contaminantes en la capital catalana, una de las medidas estrella de la alcaldesa Ada Colau, y que llega diez días después de otra anulación que ha impactado en los comunes por su papel de impulsores: la de la regulación del alquiler. La sección quinta de la sala del Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado este lunes la ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona, el ámbito que comprende las rondas de la ciudad y dentro del que tienen prohibida la circulación de lunes a viernes los coches más contaminantes.

La anulación responde a seis recursos presentados por diez asociaciones o gremios (en su mayoría vinculados al motor o al transporte de personas o mercancías), que han sido debatidos conjuntamente por la sala quinta. Las sentencias han sido notificadas este lunes, pero no tendrán consecuencias en la práctica hasta que alguna de las partes demandantes solicite su ejecución. El Ayuntamiento puede recurrir la sentencia, pero el recurso no paraliza la vigencia de la sentencia. El consistorio se reunirá este martes con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Generalitat para decidir los pasos a seguir.

Por su extensión, de casi 100 kilómetros cuadrados, la ZBE de Barcelona es una de las más ambiciosas de Europa (afecta a la capital y cuatro ciudades colindantes). Afecta a los turismos y vehículos que no tienen etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) y se aplica a todos salvo camiones de gran tonelaje, autocares y vehículos de servicios especiales, que tienen hasta finales de este 2022 para renovar sus vehículos. Dos años después de su puesta en marcha, la ZBE ha reducido un 11% las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) y ha reducido en más de 600.000 los desplazamientos diarios de vehículos contaminantes.

En síntesis, las argumentaciones de la sala del TSJC no vienen a cuestionar la necesidad de actuar contra la contaminación o para mejorar la calidad del aire, sino la “proporcionalidad” de las medidas que la ZBE contempla para hacerlo, o los “excesos” en el ámbito geográfico o las decenas de miles de vehículos afectados. Aspectos como la extensión de la ZBE en Barcelona y parte de sus cuatro municipios colindantes; el horario de 7 a 20 horas todos los días laborables; o el criterio de vetar a través de las etiquetas de la DGT.

Las sentencias también señalan la afectación sobre ciudadanos con rentas bajas, colectivos profesionales como los autónomos o pequeñas y medianas empresas. “Desde el momento en que circular por la ciudad de Barcelona en días y horas laborables se condiciona a la renovación del vehículo sin distintivo ambiental, es indudable que los más afectados son los colectivos que no tienen capacidad económica para cambiar su vehículo por uno con distintivo ambiental y pretenden seguir circulando por Barcelona”, apunta. Por todo ello plantean que podría haber “medidas alternativas o menos restrictivas”.

Los textos también destacan a que los datos de contaminación de partida o del parque móvil afectado (de 2017) estaban desfasados en 2020, cuando se aplicó, un momento en que la contaminación iba de baja. E incluso apuntan a que la zona que más dióxido de nitrógeno (NO2) emite de toda la ciudad es el puerto, que queda fuera de la restricción. “La existencia de un procedimiento ante la Comisión Europea justifica una intervención municipal urgente, pero no necesariamente determina la validez del modelo de planificación de la Ordenanza, mayormente cuando no actúa sobre el principal foco de contaminación de NOX que es el puerto”, indica la sentencia del recurso de ASOPARC (Asociación de afectados por las restricciones circulatorias). Los textos también reprochan la falta de “informes que avalen algunas restricciones”.

El concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, ha respondido en nombre del gobierno municipal expresando “sorpresa y perplejidad”. Ha señalado la paradoja de que “mientras los tribunales europeos alertan de que incumplimos en contaminación, la sentencia apunta en la dirección contraria y el TSJC anula la ZBE”. “Hay contradicciones que no tienen ni pies ni cabeza, una sentencia así podría desproteger a los vecinos que sufren la contaminación”, ha lamentado y ha recordado que hay 300 ciudades europeas con Zonas de Bajas Emisiones, y que la de Barcelona es tomada como modelo por el Gobierno español. La teniente de alcalde de Urbanismo, Ecología y Movilidad, Janet Sanz, ha calificado las sentencias de “trumpistas, contra la UE, la OMS y la comunidad científica”.

La anulación es la respuesta a seis recursos presentados por entidades como la Asociación de Familias Numerosas, gremios vinculados al motor, asociaciones de transportistas, de transporte discrecional, talleres y ASOPARC, creada precisamente contra las restricciones de circulación.

La ordenanza que veta a los vehículos contaminantes fue aprobada por el plenario municipal el 20 de diciembre del año 2019 y entró en vigor en enero de 2020. La ZBE contó con un amplio apoyo, del 80% de los regidores, y ningún voto en contra. Votaron a favor 33 concejales (comunes, PSC, ERC, Junts per Catalunya) y hubo ocho abstenciones (Ciudadanos, PP y Barcelona pel canvi).