Barcelona reducirá el tráfico un 7% en 2020 con el veto a los vehículos más contaminantes

Barcelona se prepara para la aplicación, a partir de 2020, de restricciones de tráfico de los vehículos más contaminantes en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un área de 95 kilómetros cuadrados que abarca casi toda la ciudad de Barcelona y parte de cuatro municipios más, donde solo podrán circular los vehículos que tengan el distintivo de la Dirección General de Tráfico (DGT). El Ayuntamiento calcula que, a partir de la entrada en vigor de las restricciones, dejarán de circular 50.000 coches, motos y furgonetas, el 7% del parque circulante.

A medio plazo, en 2024, el consistorio estima que entre la activación de la ZBE y las medidas para generar más oferta de transporte público, el crecimiento de la red de carriles bici o las supermanzanas —donde solo pueden entrar los vecinos— habrán sacado 125.000 vehículos de la ciudad (el 20%). Y que la reducción de la contaminación será del 15%. “Marcará un antes y un después”, aseguró ayer la alcaldesa Ada Colau, cuyo gobierno ha calculado que en la ciudad se producen cada año 354 muertes prematuras asociadas a la contaminación.

La Zona de Bajas Emisiones fue delimitada por el consistorio y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en 2017 y durante este año solo entrará en vigor en casos de episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno, lo que todavía no ha ocurrido. Pero se convertirá en permanente a partir de 2020.

Las restricciones se aplicarán de lunes a viernes de las 7.00 horas hasta las 20.00 y afectarán a todos los vehículos salvo a los camiones pesados, vehículos de emergencias, de personas con movilidad reducida y servicios médicos o funerarios.

Hasta el mes de septiembre se abrirá un debate sobre si hay excepciones y cómo se aplican: la idea es analizar qué permisos tienen tres colectivos muy concretos. Primero, personas con coches que no tienen etiqueta pero que necesitan entrar puntualmente en la ciudad. Segundo, si el veto se levanta los viernes por la tarde, aunque cuando hay puentes circulan más coches que nunca. Y, tercero, si el veto en la Zona de Bajas Emisiones se aplica de forma progresiva a colectivos como los repartidores u otros profesionales que necesitan furgonetas para trabajar pero son antiguas y no tienen etiqueta.

El control de los coches que circulan se hará con cámaras que leerán las matrículas —multarán con 100 euros a los coches que burlen el veto— y se aplicará a través de una ordenanza municipal pendiente de debate, redacción y aprobación. El texto no se podrá tramitar y votar antes de las elecciones. Pero el actual gobierno confía en que se aprobará, por el amplio consenso que hay entre todos los partidos, sobre la necesidad de reducir la contaminación.

El equipo de Colau alerta de que la contaminación es “un problema de salud pública de primer orden, probablemente el primero de la ciudad”, en palabras de la comisionada de Salud, Gemma Tarafa. La teniente de alcalde de Urbanismo, Ecología y Movilidad, Janet Sanz, recordó que el horizonte marcado por la Unión Europea es de reducción de un 30% de la contaminación en 2024 y que otras 300 ciudades europeas han vetado la circulación a los coches más contaminantes.

Hasta la fecha, expertos y entidades ecologistas han sido muy críticos con las políticas de lucha contra la contaminación de Colau. Lamentan que en el último episodio de contaminación, provocado por polvo en suspensión, no se restringiera el tráfico, cuestionan que las etiquetas de la DGT midan las emisiones reales de los vehículos y exigen la puesta en marcha de un peaje urbano para reducir el tráfico.