El sector inmobiliario presenta un recurso para tumbar el plan urbanístico de Gràcia de Colau

Las patronales del sector inmobiliario de Barcelona han realizado el primer trámite para presentar un recurso contencioso administrativo contra el plan urbanístico del barrio de Gràcia de Barcelona. El sector, representado los promotores y constructores (APCE), la Cámara de la Propiedad, los administradores de fincas y los agentes de la propiedad inmobiliaria, pretende tumbar el plan. La razón: creen que las exigencias del plan hacen inviable edificar o rehabilitar pisos en el barrio. Los impulsores no descartan pedir medidas cautelares para esquivarlas.

El recurso se suma a la ofensiva judicial contra las políticas del gobierno de la alcaldesa Ada Colau por parte de sectores afectados por nuevas normativas. El plan de hoteles, la obligación de los promotores de destinar un 30% de los pisos que construyan a vivienda social, la Zona de Bajas Emisiones o las subvenciones a entidades afines son otras medidas que han sido llevadas a los tribunales por patronales o asociaciones (algunas sin actividad conocida en la ciudad). Fuentes municipales han destacado este lunes que el plan de Gràcia sigue siendo vigente y se aprobó con el apoyo mayoritario del pleno del Ayuntamiento: “El recurso no para nada y habrá que ver qué recorrido tiene”.

En concreto, las patronales rechazan que el plan les obligue a hacer un 30% de vivienda social en cualquier edificio nuevo o rehabilitación de más de 400 metros cuadrados (cuando en el resto de la ciudad se aplica a partir de 600 metros cuadrados, una medida que también recurrieron pero no está resuelta). “La reserva en suelo urbano consolidado constituye una carga nueva sobre la propiedad porque impone un nuevo deber a los propietarios del suelo”, defienden las patronales, que recuerdan que la imposición “debe comportar la correspondiente indemnización, como estableció recientemente el Tribunal Constitucional”.

El recurso (ahora presentado; en una segunda instancia se formulará la demanda) también cuestiona la memoria económica del plan urbanístico, que fue aprobado como Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM). Su tramitación fue muy polémica: por las imposiciones a los promotores y porque contemplaba derribar decenas de negocios y viviendas para crear zonas verdes. En el redactado final, el Ayuntamiento indultó algunas de las viviendas. “El estudio económico no aclara la viabilidad real de la nueva norma ni establece la sostenibilidad para las finanzas públicas”, rechazan las patronales en un comunicado.

Fuentes del consistorio han respondido también que “el plan quiere garantizar el derecho a la vivienda y a precios asequibles y ser una herramienta para evitar la gentrificación. Va en la línea del 30%, vigente y con amplio apoyo de entidades y movimiento vecinal”.

Sobre las obras de rehabilitación, avisan que la imposición de destinar un 30% de pisos rehabilitados en edificios de más de 400 metros cuadrados frenará las operaciones de reforma, justo cuando los fondos europeos Next Generation contemplan una millonada en ayudas para obras de mejora de viviendas.

En el caso de los Agentes de la Propiedad, se suman a la demanda porque, explica Montse Junyent, jurista del colegio, la norma “impacta en la oferta y genera inseguridad jurídica”. “El lío legislativo altera un mercado que no gana para sustos, nosotros comercializamos y pedimos estabilidad”, lamenta. Las patronales reprochan a la administración que no moviliza las reservas de suelo para hacer vivienda pública.

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