Expropiaciones a decenas de vecinos y negocios, lo que oculta el plan urbanístico de Gràcia

El plan urbanístico del barrio de Gràcia de Barcelona prevé expropiar a decenas de vecinos y negocios. La modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) fue presentada por el gobierno de la alcaldesa Ada Colau en febrero como una fórmula para preservar la idiosincrasia y patrimonio del distrito, incrementar la vivienda asequible y las zonas verdes. Aprobada inicialmente desde febrero, la actuación contempla desafectar muchos edificios, pero también expropiar y derribar otros para hacer zonas verdes o vivienda pública. Los afectados no han sido avisados (algunos ni se han enterado) y el plan ha provocado un alud de alegaciones.

Las alegaciones son de propietarios afectados por expropiaciones, pero también de entidades que quieren más vivienda de la prevista, partidos políticos o la APCE, la patronal de los promotores. Cuando se presentó el plan, el gobierno municipal señaló la idea de aumentar la vivienda social en plantas bajas o construyendo remontas y habló de 2.000 pisos potenciales. También destacó que incluye el catálogo de patrimonio que dobla las fincas protegidas y presumió de indultar fincas afectadas por viales, los edificios que rompen la alineación con el resto.

Pero no mencionó las expropiaciones. Las viviendas suman 68 (93 empadronados). Es el caso de las casas bajas de la calle de Igualada, un edificio de 14 pisos en el pasaje de Frigola u otro de la calle Carolines. La dueña de nueve de las casas de Igualada, alquiladas, explica que hace cuatro años las reformó. Se enteró de la expropiación prevista en el plan por otros afectados y no entiende cómo el Ayuntamiento no lo ha notificado. Otro propietario de ocho viviendas en la misma calle entiende que “no tiene ningún sentido, con el problema de vivienda que hay en la ciudad, derribar viviendas consolidadas para hacer una plaza”. “Aquí el problema no es de dinero o con lógica patrimonialista, estamos hablando de sacar gente de su casa”, lamenta y explica que sus inquilinos están muy preocupados.

En el capítulo de las actividades económicas a expropiar figuran despachos, una agencia de publicidad, talleres, la librería Ona de Gran de Gràcia, los laboratorios Viñas (75 empleados) o el Garaje Principal, un aparcamiento de 190 plazas cuyos abonados son vecinos. La mayoría de las expropiaciones son de fincas afectadas urbanísticamente desde hace décadas, pero en el caso del aparcamiento citado, no lo está. Pasaría a ser zona verde, cuando su calificación actual permite construir vivienda, el suelo más caro de todos. Los que han llegado a tiempo, han presentado alegaciones al plan y en paralelo se han puesto en manos de abogados.

Fuentes jurídicas alertan de la “falta de coherencia” de expropiar edificios con actividad económica para crear zonas verdes: “comporta compensar el valor del suelo y de la actividad”. “Lo lógico es elegir las que tienen menos actividad y expectativa de edificabilidad”, apuntan y se preguntan: “¿Cuánto puede costar a los ciudadanos el metro cuadrado de parque? De la docena de propietarios consultados, la mayoría rechaza dar su nombre. Priorizan informarse y asesorarse, sobre todo para conocer la situación y poder informar a los inquilinos, sean vecinos o empresas.

Otros se han organizado, han colgado pancartas y recogido firmas. Ocurre en el pasaje de Frigola. Aquí las expropiaciones afectan a un gran local y un edificio de 14 vecinos para abrir un paso hacia los jardines y levantar equipamientos. Sílvia Callejas y su hermana compraron el local, 2Estones, que se alquila para actividades y talleres. “Llevaba 25 años cerrado, hicimos una inversión grande”. Fue hace solo tres años y aunque sabían que estaba afectada, el Ayuntamiento les dio licencia de obras y una subvención para obras estructurales. “Sabíamos que corríamos un riesgo, pero después de tantos años era poco probable y en Gràcia está todo afectado”, lamenta Callejas. Se enteraron por el semanario L’Independent, añade, y reivindica que la actividad que hacen es “de proximidad y comunitaria, lo que defiende el Ayuntamiento”. Antonio Ramírez es el presidente de los vecinos del edificio, “afectados de toda la vida”. “Si hasta tuvimos aluminosis y nos dieron una subvención”. Critica la falta de información, “no es forma de hacer para un consistorio tan progresista”.

”Las realidades cambian”

Otra propiedad en cuyo edificio hay actividad económica, señala también el coste que tendrán las expropiaciones y apunta: “No tiene ningún sentido mantener afectaciones de hace 45 años, desde el PGM de 1976. Las realidades de las ciudades y de sus barrios cambian. No es lógico que se tenga que afrontar la expropiación de una finca que desarrolla dos actividades económicas en la que trabajan más de 20 personas y hay aparcamiento para vecinos para ganar 800 metros de zona verde”. El edificio en este caso, es una nave rehabilitada, donde se sustituyeron las cubiertas de Uralita, que fue una fábrica textil y en la que se recuperaron la estructura y elementos de los edificios industriales de Gràcia de hace más de un siglo.

Además de las alegaciones de afectados por expropiaciones, también han presentado, desde la oposición en el Ayuntamiento, ERC y Junts. De la oposición dependerá que se apruebe o no el plan. ERC ve en el plan “una gran mentira, porque excluye lo más difícil de resolver” y lamenta que la MPGM excluya los Tres Turons y el entorno de la plaza de Joanic. Junts, entre otras cuestiones, pide repetir el proceso participativo, con mayor transparencia.

En el frente de las entidades, las hay conjuntas (de hasta cinco entidades) o de asociaciones solas. Entre otras cuestiones, piden aumentar el número de pisos públicos que prevé el plan (construyendo también donde está previsto hacer zonas verdes) y hacerlo también aprovechando las viviendas vacías. O que la administración se implique en hacerlo, no solo los propietarios privados.