El nuevo plan urbanístico del barrio de Gràcia, en manos del voto de ERC

El Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, vuelve a estar en manos de ERC para aprobar un proyecto de envergadura. En este caso, la modificación urbanística (MPGM) del barrio de Gràcia. ERC explicó este lunes cuáles son sus exigencias, sobre las que ha asegurado, existe un acuerdo “verbal” con el ejecutivo de comunes y PSC. El ejecutivo respondió que está “terminando de cerrar el documento” para llevarlo a aprobación provisional “incorporando los ajustes trabajados con vecinos y ERC”.

Los republicanos, con todo, no confirmaron que estén dispuestos a aprobar el plan, que se votará la semana que viene. Los vecinos agrupados en la plataforma vecinal Otra MPGM es posible, por su parte, han emprendido una campaña de reparto de pegatinas en las que se puede leer “MPGM de Gràcia sí, pero no así”. Junts aseguró que votará en contra. Y Barcelona pel canvi (rebautizado como Valents, aunque no es oficial) indicó que está en contra del plan.

ERC presumió de haber evitado la expropiación y derribo de las viviendas afectadas en el pasaje de Frigola y su entorno. Una posibilidad a la que ya se abrió el consistorio en verano. Pero las unidades de expropiación con vecinos o negocios afectados son un total de 12, la mayoría para crear plazas o zonas verdes. Entre ellas, los laboratorios Viñas (75 empleados), un aparcamiento (el Principal) donde se estacionan casi 200 coches de vecinos, los talleres entorno al pasaje de Carolines, o la calle de Igualada, un conjunto de 12 pequeñas casitas. En ninguna de estas está previsto dar marcha atrás, aseguran fuentes próximas a las negociaciones.

A lo que sí ha accedido el Ayuntamiento, a petición de ERC, pero también de vecinos, es a recular en la idea de obligar a hacer vivienda social si se hacen remontas (levantar más pisos de los que tiene una casa si la edificabilidad no está agotada).

La concejal de ERC Elisenda Alamany presumió de “haber escuchado a los vecinos para replantear el proyecto completamente, bajando a la calle, finca a finca, con bisturí para replantear”. Según Alamany “el número de viviendas protegidas que el consistorio aseguró que se podrían crear era irreal y poco riguroso”. De los 2.500 que aseguró el gobierno que se podrían crear, ERC asegura que 1.500 “eran irreales”.

Sobre las unidades de expropiación que podrían acabar materializándose, fuentes de ERC apuntaron que la idea es “trabajar para garantizar el verde [en un futuro] pero permitiendo su normal actividad mientras no se produce la expropiación”. La idea es pues, que el cambio de cualificación urbanística de vivienda o industria a zona verde, no se produzca hasta llegado el día: porque el plan prevé llevar a cabo las expropiaciones en un plazo de 12 años. Durante este tiempo, los propietarios de estos edificios estarían recalificados como zona verde y no podrían, por ejemplo, rehabilitarlos.

Sobre la inclusión de la plaza de Joanic y su entorno en el plan, otra petición de varios grupos municipales, ERC contó que se aplicará una solución salomónica: incluir una añadido a la MPGM de Gràcia que permita abordar esta zona en el futuro.