Borràs desmorona la unidad independentista contra el espionaje pidiendo la dimisión de Sánchez
El Gobierno hace gestiones para rebajar la tensión mientras que Podemos pide cabezas y se reúne con Aragonès
La imagen de unidad con la que el independentismo catalán busca afrontar el escándalo del espionaje a los móviles de más de 60 líderes políticos, sociales y abogados que reveló el grupo de investigación canadiense Citizen Lab empezó a mostrar grietas este miércoles. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, pidió directamente la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rompiendo así el difícil equilibrio que habían fraguado el martes en Bruselas los presidentes de Junts (Carles Puigdemont) y Oriol Junqueras (ERC) y el propio jefe del Govern, Pere Aragonès.
“[Sánchez] tiene que dimitir como presidente del Gobierno que permite esta guerra sucia estructural”, pidió la también excandidata de Junts a la presidencia del Ejecutivo, en una entrevista a Catalunya Ràdio. Borràs criticó la decisión del Govern de Aragonès de congelar las relaciones políticas con el Gobierno (no así las sectoriales) a la espera de que se ponga en marcha una investigación interna, con peritaje independiente, sobre si el CNI u otra entidad del Estado usó el programa Pegasus para infiltrarse en los teléfonos móviles de los afectados.
Para Borràs tiene que haber “consecuencias políticas” más allá de “congelar relaciones” con quien les espía. Su respuesta al caso de espionaje va mucho más allá de lo que planteó el propio Puigdemont el pasado martes. Desde Bruselas, donde está huido de la justicia española y es eurodiputado, señaló que no se entendería que ante la magnitud del escándalo “las cosas siguieran igual y continuásemos confiando en el Gobierno”. Varias voces del partido señalaron que la petición de Borràs no fue consensuada previamente con la dirección y, como casi siempre, actuó por libre.
“La mesa [de diálogo] no es un acto de fe”, continuó la líder de la Cámara catalana, recordando que da por amortizado ese foro entre los gobiernos para intentar buscar una salida al conflicto político. El presidente de la Generalitat salió en defensa del diálogo, aunque evitando entrar en el cuerpo a cuerpo partidista con Borràs. En una entrevista a RAC-1, defendió la negociación con Sánchez pero pidió garantías. “Para proteger ese proceso es indispensable el juego limpio, que cuando negociemos con el Estado tengamos mínima seguridad de que lo que les explicamos no lo saben antes por un espionaje”, dijo Aragonès, que insiste en señalar al Estado como responsable. El jefe del Govern también hizo un llamamiento a mantener cierta unidad dentro del secesionismo (se habrían espiado también a miembros de la Assemblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural) en este tema. “Es muy importante que independientemente de las miradas políticas diversas que hay en el independentismo se responda con la máxima unidad. Probablemente habrá acentos diferentes, pero la esencia de la respuesta tiene que ser compartida”, apostilló Aragonès, en un mensaje que trata de matizar el planteamiento maximalista de Borràs.
El verdadero test de estrés en la unidad del independentismo ante el caso será el momento de la presentación de querellas y denuncias que han anunciado tanto los partidos como el Govern y la Generalitat. Está por ver si logran ponerse de acuerdo en una conjunta y contra quién van dirigidas. El expresidente de la Cámara, Roger Torrent, se querelló en su día directamente contra el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, y los fabricantes del software, la empresa israelí NSO Group. La investigación sigue inactiva en un juzgado de Barcelona a la espera de respuesta de comisiones rogatorias a Israel e Irlanda. El president también anunció el martes una denuncia, argumentando violación a su intimidad.
“Si hay un espíritu de reencuentro esto tiene que verse en palabras”, dijo Aragonès, que insiste en la necesidad de encontrarse cara a cara con Sánchez para recibir explicaciones. El president se desplazará este jueves a Madrid para reunirse en el Congreso con las bancadas de ERC, Junts, CUP, PDeCAT y Bildu, todos ellos con afectados por el software israelí entre sus filas. También aprovechará para verse con representantes del PNV y los socios de Sánchez, Unidas Podemos, de cara a intentar cerrar la petición de una comisión de investigación en el Congreso. Cuando estalló el caso de Torrent, el PSOE frustró esa posibilidad votando en contra en la mesa de la Cámara con PP, Vox y Ciudadanos.
Sin embargo, no está prevista ninguna reunión con Sánchez en Madrid ni con ningún representante del Ejecutivo. En La Moncloa no rechazan la idea de un encuentro más adelante, pero este jueves será imposible pues el jefe del Gobierno estará en Ucrania. Antes de esa cita, los equipos tendrían que pactar alguna salida a la crisis, algo que todavía no se ha logrado. El Ejecutivo insiste en que hay muchos contactos y aseguran que ellos están dispuestos a dar todas las explicaciones pertinentes y hacer lo que sea necesario para restaurar la confianza. Sin embargo, el punto de encuentro se antoja difícil porque el Gobierno insiste en que ellos no tienen “nada que ver” con el espionaje, que ni siquiera confirman, mientras los independentistas lo dan por hecho y están convencidos de que detrás está el CNI.
Negociación
La Generalitat acepta que hay negociaciones entre los equipos, aunque de momento parece que está lejos la posibilidad de un acuerdo. El president recordó que los ataques cibernéticos revelados por Citizen Lab, el grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, se produjeron cuando Sánchez ya estaba en La Moncloa y que este programa solo lo pueden adquirir estados soberanos. Sin embargo, le concedió el beneficio de la duda y dejó caer la posibilidad, sin aclarar, de que haya otro responsable. “Hay aparatos del Estado que están activos contra el proceso de negociación”, afirmó.
En La Moncloa insisten en que es implanteable que un presidente que está apostando por el diálogo y la desjudicialización del conflicto catalán, y que ha aprobado los indultos a los presos del procés, a la vez estuviera dando órdenes para investigar a los líderes independentistas.
Sin embargo, en el Gobierno hay una grieta importante. Mientras el sector socialista insiste en desvincular al Ejecutivo de este espionaje, el de Unidas Podemos está exigiendo incluso que rueden cabezas. De hecho, el portavoz de la formación en el Congreso, Pablo Echenique, se reunirá este jueves con Aragonés en Madrid. Unidas Podemos se ha sumado a la firma de varios grupos que apoyan una comisión de investigación en el Congreso sobre este asunto (ERC, Junts, Bildu, PNV, PDeCAT, Más País, Compromís, BNG, CUP). Echenique pidió que “rueden cabezas” si se confirma que alguien en el Estado espió a políticos. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, líder de Podemos, también exigió “llegar hasta el fondo de este asunto” y recordó que su partido ya sufrió “la persecución de las cloacas del Estado en España”. La división no está pues solo en el independentismo, también en el Gobierno, aunque hay mucho trabajo discreto en estas horas para rebajar la tensión.
La ministra Robles dice que el CNI solo actúa con "control judicial"
“El Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia siempre actúan con arreglo a la legalidad vigente. Todas las actuaciones del CNI están sujetas a control y autorización judicial”, afirmó ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles. En declaraciones a RTVE, la ministra rechazó que se hagan acusaciones “sin pruebas”, en alusión a la teoría de que el centro espió a dirigentes independentistas con el programa Pegasus. Subrayó que esa acusación se apoya en que hay “una ONG que hace un informe”, en referencia a Citizen Lab, un departamento especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canadá). Y puntualizó que ella no sabe “cómo” se ha hecho ese informe ni “con qué contraste”.
Robles evitó aclarar si el CNI cuenta con el programa Pegasus, alegando que todo lo relacionado con el centro de inteligencia es secreto por ley. Pero invitó a los presuntos afectados a dirigirse a la justicia para que allí sea esclarecido el caso, y aseguró que el Gobierno colaborará. La ministra recordó que el CNI también está sujeto al control parlamentario a través de la Comisión de Gastos Reservados —que aún no se ha constituido esta legislatura, por vetos cruzados entre ERC, EH Bildu y Vox—, y animó al Congreso a convocarla para que la directora del organismo, Paz Esteban, pueda rendir cuentas “sin ningún tipo de cortapisas ni reservas”.
“Que todo el mundo lo tenga claro: tenemos que sentirnos orgullosos de España como un Estado democrático de derecho”, remarcó.
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