editorial
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Espionaje al Estado

El Gobierno debe ofrecer explicaciones sobre la vulneración de derechos fundamentales a líderes independentistas

El presidente catalán, Pere Aragonès, durante su comparecencia el martes tras las revelaciones sobre el espionaje.
El presidente catalán, Pere Aragonès, durante su comparecencia el martes tras las revelaciones sobre el espionaje.MASSIMILIANO MINOCRI

Más de 60 líderes nacionalistas catalanes fueron espiados al menos entre 2017 y 2020 a través de sus teléfonos móviles, según una investigación del grupo de expertos Citizen Lab validada por Amnistía Internacional. El espionaje se realizó por medio de un software de origen israelí, que ya ha sido objeto de polémica anteriormente por su nivel de intrusión y sofisticación. El grupo autor del informe, perteneciente a la Universidad de Toronto, asegura que no ha podido descubrir quién está detrás del espionaje masivo al independentismo catalán, “pero pruebas circunstanciales contundentes sugieren una conexión con las autoridades españolas”. La ministra portavoz del Gobierno negó cualquier relación del Ejecutivo con el caso, pero sí precisó que en España el espionaje se hace dentro de la ley y que el Ejecutivo siempre colabora con la justicia. Fuentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han asegurado a este periódico que el organismo compró el programa Pegasus para usarlo en el extranjero porque en España existe un proceso que permite las escuchas telefónicas con autorización judicial. La prometida comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien dependen los servicios de espionaje, es adecuada y oportuna, y debe servir para aclarar muchas dudas inquietantes.

Sin desvirtuar unas actividades de inteligencia que por su propia naturaleza necesitan del secreto oficial, el Gobierno debe confirmar si es cliente de la empresa israelí NSO Group, desarrolladora del spyware (programa de espionaje) supuestamente utilizado. El programa, de nombre Pegasus, es un potente software de espionaje que infecta los teléfonos por control remoto. Una vez accede al móvil, el espía puede ver toda la información del teléfono, escuchar conversaciones e incluso activar la cámara o el micrófono sin ser detectado. El nivel de intrusión es absoluto. La empresa asegura que solo vende su tecnología a gobiernos y únicamente para ser utilizada en investigaciones de terrorismo y crimen organizado. Por grave que fuera el desafío constitucional que se materializó durante el mes de octubre de 2017, si es que esa es la razón del espionaje, no se puede enmarcar en esos supuestos. Amnistía Internacional asegura que ya pidió información al Gobierno sobre el uso de Pegasus por parte del CNI en octubre de 2020 y que este respondió que se trata de información clasificada. El Congreso merece una respuesta mejor que esa.

Entre las víctimas del espionaje están los líderes de organizaciones civiles que agitaron el desafío independentista de 2017 y personas sin responsabilidad alrededor de los dirigentes catalanes, pero también miembros del Gobierno catalán (entre ellos, los últimos cuatro presidentes de la Generalitat), parlamentarios y eurodiputados. Esta circunstancia debería ser suficiente para que el Gobierno de España no se inhiba del escándalo, pues se trata de los representantes del Estado en Cataluña. La exigencia de explicaciones por parte del presidente de la Generalitat está justificada.

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En un plano más amplio, los gobiernos y las autoridades europeas no pueden dilatar más una regulación sobre el uso de estas herramientas de spyware en un mundo en el que sus ciudadanos están permanentemente conectados al móvil. La indefinición crea agujeros negros de derechos humanos elementales como la libertad de expresión y de movimiento o el derecho a la privacidad. Las víctimas se cuentan ya por miles, y van desde jefes de Gobierno hasta Jeff Bezos o periodistas en regímenes de dudosa calidad democrática, como en El Salvador. La investigación pública es el primer paso para acabar con los abusos.

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