La consejera de Cultura declara ante el juez que no recibió ninguna advertencia del TC sobre el 1-O

La consejera de Cultura, Natàlia Garriga (ERC), ha alegado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que no recibió ningún requerimiento del Tribunal Constitucional advirtiéndole de la suspensión del referéndum del 1-O y ha negado que usara fondos públicos para organizar el referéndum. Arropada por la cúpula de los partidos independentistas, Garriga ha comparecido esta mañana ante la juez del TSJC Maria Eugènia Alegret, que le ha notificado su procesamiento por su papel en la organización del 1-O y le ha ofrecido volver a prestar declaración antes de que el caso se envíe a juicio, según han informado fuentes jurídicas.

Antes de adquirir la condición de aforada por su nombramiento como consejera, Garriga fue procesada por el juez que investiga los preparativos del 1-O por los delitos de desobediencia y malversación de fondos públicos, pero tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado le atribuyen solo el primero de ellos, que no conlleva pena de prisión. Garriga se ha acogido a su derecho a contestar solo a las preguntas de su abogada, Laura Parés, y ha mantenido que el Constitucional nunca le notificó su obligación de abstenerse de la preparación del 1-O, por lo que ha pedido al Tribunal que expida un escrito que así lo acredite.

Acerca del delito malversación que planea sobre la consejera -dado que Vox sí podría acusarla del mismo-, Parés le ha preguntado únicamente por su papel en la adjudicación de varios contratos menores para acondicionar un centro de atención telefónica que debía recoger los datos del 1-O en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI). Garriga ha sostenido que las instalaciones del CTII no se acondicionaron para organizar el 1-O, sino que se concibieron para albergar otras utilidades relacionadas con la administración catalana. Concretamente, ha añadido, esas instalaciones se utilizaron para las elecciones catalanas del 2017, posteriormente han acogido el servicio de atención telefónica a la salud del 061 y, ya en pandemia, a los rastreadores de coronavirus.

Según mantiene la Fiscalía, la propia juez del TSJC que procesó por el 1-O a Josep Maria Jové ya descartó que los gastos destinados al acondicionamiento del citado centro constituyeran un delito de malversación de caudales públicos, dado que después fue utilizado para procesos electorales legales y otras actividades.

La Fiscalía acusa a la consejera de ejercer de “enlace” entre Jové y otra de las procesadas por el 1-O para obtener un local donde almacenar el material electoral del referéndum y de “transmitir instrucciones” para la cesión de unas naves de Bigues i Riells (Barcelona), así como de realizar gestiones sobre la web del referéndum. No obstante, la consejera no ha llegado a pronunciarse sobre esos hechos, dado que su defensa ha optado por obviarlos en su interrogatorio.

Varios consejeros del Govern, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y dirigentes de ERC, JxCat, la CUP y Òmnium Cultural han arropado hoy a la consejera de Cultura, Natàlia Garriga, ante lo que han calificado de nueva muestra de la “represión” del Estado. La secretaria general adjunta y portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, en declaraciones a los medios, ha definido a Garriga como “una servidora pública que a lo largo de su carrera ha trabajado por el bien común y ahora debe enfrentarse a una causa injusta, se la persigue por haber colaborado en el referéndum”, que “nunca es delito”. La portavoz republicana ha cargado contra la “persecución obsesiva del Estado”, que “no servirá para parar al independentismo”, por lo que ERC “reivindica las soluciones políticas y no represivas”, entre ellas, una amnistía.

Por su parte, la presidenta del Parlament, Laura Borràs (JxCat), acompañada de los diputados Aurora Madaula, Francesc de Dalmases y Elsa Artadi, ha denunciado que el Estado “no pasa página” del referéndum del 1 de octubre y continúa con su “represión” contra “servidores públicos” como Garriga. “En estos tiempos en que se apela al principio de realidad, vemos cuál es la realidad del Estado: esta persecución que no se detiene”, ha dicho Borràs, en un reproche velado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que este fin de semana reivindicó el principio de realidad de ERC en contraposición a las “proclamas vacías” de otros partidos. La CUP ha acudido con los diputados Dolors Sabater, Xavier Pellicer y Eulàlia Reguant para reclamar “no normalizar esta situación de represión” ni tampoco “estabilizar las relaciones con el Estado como si no existiera el conflicto”, ha dicho Sabater, que ha pedido una “amnistía completa”. El nuevo presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha criticado la “anomalía” que supone que “los mismos tribunales supuestamente de justicia persigan a la consejera por dar voz a la ciudadanía, mientras amparan la corrupción y podredumbre de la monarquía borbónica”.

Garriga fue detenida el 20 de septiembre de 2017, en la operación para abortar la logística del 1-O y que dio pie al registro al Departamento de Economía, dirigido por Oriol Junqueras y donde ella ejercía de directora de servicios. Posteriormente, fue procesada por participar en los preparativos del referéndum que suspendió el Tribunal Constitucional, principalmente dadas sus gestiones para obtener un local donde almacenar material electoral y acondicionar un centro de recogida de datos de la votación. A raíz de las últimas elecciones catalanas, Garriga fue nombrada consejera de Cultura y la causa contra ella, que estaba ya ultimada, pasó a manos del TSJC, que la ha incorporado al proceso que tiene abierto contra los diputados de ERC y ex altos cargos de Economía Josep Maria Jové -quien era su superior en el Departamento- y Lluís Salvadó. Junto a una treintena de cargos del Govern de Carles Puigdemont, Garriga fue procesada por desobediencia y malversación; pero ahora, con la causa ya en manos del TSJC, la Fiscalía ha abierto la puerta a que se le impute solo el primero de esos delitos, que se castiga con inhabilitación y multa, pero no conlleva penas de prisión.