El TSJC rechaza investigar a un diputado de JxCAT por falta de indicios sobre el desvío de subvenciones
El tribunal reprocha al juez que investiga el caso que no haya concretado las pruebas sobre Francesc de Dalmases
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha negado a investigar, al menos por ahora, al diputado autonómico Francesc de Dalmases (Junts per Catalunya) por el presunto desvío de subvenciones públicas. La sala ha rechazado la petición del juez instructor al considerar que no ha aportado indicios suficientes de que Dalmases haya cometido los delitos que le atribuye: malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Según el juez, el dirigente de la formación independentista desvió ayudas concedidas por la Diputación de Barcelona a las entidades Igman y Catmon entre 2014 y 2017. Para el tribunal, sin embargo, nada de eso se ha acreditado todavía en una causa judicial que está en un “estado embrionario”.
El tribunal devuelve así el asunto al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, y le pide que dé al diputado la “oportunidad de declarar de forma voluntaria”. La sala reprocha al juez que la petición de investigar a Dalmases no “concrete e individualice” las conductas presuntamente delictivas. Le afea, también, que no haya investigado lo suficiente para aclarar si efectivamente “se concluyeron y justificaron los trabajos” para los que fueron concedidas las ayudas públicas. “Es significativo”, señalan los magistrados de la sala civil y penal del TSJC, que “los informes de la policía dijeran que no estaba claro el destino de los fondos”. Una falta de concreción que tampoco aclaró la exposición razonada dirigida por Aguirre el pasado mayo.
La resolución supone un primer revés a una macrocausa sobre desvío de fondos públicos a través de la Diputación de Barcelona que Aguirre sigue desde hace tres años y que mantiene como investigadas a más de 50 personas. Dalmases formaba parte de la dirección de las entidades Catmon e Igman, que recibieron subvenciones para cooperación al desarrollo de la Diputación y otros organismos públicos en la etapa en la que gobernaba Convergència, antecesora política de Junts. El juez vincula al diputado con el desvío de casi 1,3 millones de euros en expedientes que considera plagados de irregularidades.
El juez pretendía que la sala asumiera la causa contra otros responsables de Catmon e Igman; entre ellos, el exsecretario de Relaciones Internacionales de CDC Víctor Tarradellas. Unas conversaciones incautadas en la investigación a Tarradellas sobre el supuesto apoyo de Rusia al proceso independentista fueron el origen de una causa posterior, Voloh, en la que están implicados distintos empresarios y dirigentes independentistas.
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