El juez investiga al círculo de Puigdemont por sus contactos con el Kremlin

El juez de Barcelona que este miércoles por la mañana ha ordenado la detención del círculo más cercano al expresident Carles Puigdemont por desvío de fondos públicos investiga también las conexiones de ese grupo con el Gobierno de Rusia. Las conversaciones telefónicas en poder de la Guardia Civil muestran cómo los detenidos buscaron un acercamiento al Kremlin durante el otoño catalán de 2017 y en los meses posteriores. El juez señala que las reuniones y contactos del grupo sirvieron a la “estrategia de desinformación y desestabilización” impulsada por el Ejecutivo de Vladímir Putin contra la Unión Europea.

El 28 de mayo de 2018, Víctor Terradellas debía viajar a Rusia para reunirse con un grupo creado “en la época de Gorbachov”, señala el auto judicial al que ha accedido EL PAÍS, para desarrollar una plataforma de criptomonedas. La iniciativa había partido de Xavier Vendrell, uno de los empresarios detenidos y que fue miembro del sanedrín de Puigdemont durante el procés. El objetivo era “garantizar la estabilidad financiera” de la Generalitat y “evitar el control del Estado en los movimientos de capital”. Terradellas, enlace del expresidente catalán en temas internacionales, no pudo asistir a la cita: cuatro días antes, fue detenido por la Guardia Civil en unas pesquisas que fueron el origen de la operación de este miércoles.

Según las conversaciones telefónicas de Terradellas, ese llamado “grupo ruso” con el que tenía contacto quería “participar en los temas de comunicación" desarrollados por Vendrell, por el empresario David Madí —que fue jefe de campaña de Artur Mas— y por el fundador de Mediapro, Jaume Roures. Estaban “dispuestos a invertir entre 100 y 300 millones de dólares”, según comentó Terradellas en sus conversaciones con Vendrell.

Terradellas le confió otro dato: el 24 de octubre de 2017, el “jefe” de ese grupo había ofrecido a Puigdemont “contar con 10.000 soldados y pagar toda la deuda catalana” si proclamaba la independencia. Pero el exmandatario, huido a Bélgica de la justicia española, “se cagó en los calzones”. El juez da cierta credibilidad a ese relato al señalar que, de haber aceptado Puigdemont la oferta, “probablemente los acontecimientos habrían sido trágicos y habrían desencadenado un conflicto armado con el Estado con un incierto número de víctimas mortales”.

La segunda pata de la supuesta trama rusa tiene que ver con el empresario de la comunicación Oriol Soler, también detenido. Tal como publicó EL PAÍS, Soler se reunió con Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres en noviembre de 2017. La reunión, concluye el juez, “se enmarca en la estrategia de desinformación y desestabilización en la que también habría participado el gobierno del Kremlim como parte de una narrativa de una Unión Europea al borde del colapso”. El juez acusa a Soler de plantear una “estrategia coordinada de comunicación” que tenía como último objetivo la “guerra de información” de Rusia. Soler, añade el auto, viajó en junio de 2017 a San Petersburgo.