El juez da el primer paso para llevar a Dalmases ante el TSJC

El diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Francesc de Dalmases está más cerca de ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por irregularidades en la Diputación de Barcelona. El juez que investiga el presunto desvío de un millón de euros del ente provincial a entidades afines al nacionalismo conservador ha iniciado los trámites para que Dalmases, dada su condición de aforado, sea citado por el TSJC.

El nombre de Dalmases figura, junto a casi 50 personas más, en la presunta trama de corrupción que investiga el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Por su condición de diputado en el Parlament, el órgano competente para tomarle declaración —y en su caso llevarle a juicio— es el TSJC. Aguirre ya ha dado el primer paso al solicitar formalmente al Parlament que acredite su condición de diputado. El secretario general de la cámara, Xavier Muro, ha contestado.

Con esa información, el juez ya puede elaborar una exposición razonada con los indicios que involucran a Dalmases en el presunto desvío de subvenciones en el ámbito de la cooperación internacional durante la etapa de CiU. En 2018, la investigación culminó con la detención del expresidente de la diputación Salvador Esteve, además de los dos responsables de las fundaciones Catmon e Igman: el propio Dalmases y el exdirigente de Convergència Democràtica de Catalunya Víctor Tarradellas.

Las fundaciones

Las conversaciones intervenidas a Terradellas —en las que hablaba del papel que podría jugar el Estado ruso en la independencia de Cataluña— dieron lugar a una nueva línea de investigación: el caso Voloh, que indaga el supuesto desvío de dinero público al procés. El pasado octubre, la operación culminó con la detención de los empresarios y excargos de CDC y ERC David Madí y Xavier Vendrell. Ambos fueron miembros del llamado “Estado Mayor” que organizó, a la sombra del Govern, el referéndum independentista del 1-O.

Las fundaciones Catmon e Igman, afines a CDC, son las dos principales perceptoras de las subvenciones bajo sospecha. Mediante un entramado de facturas duplicadas e improcedentes, esas dos entidades sirvieron presuntamente para canalizar el desvío de fondos.