La lengua como mecha

Que el ruido no nos haga, además de sordos, ciegos. Cuando la esfera pública se llena de griterío y de hipérbole la moderación y la cordura suelen quedar sepultadas por los decibelios y la neblina de relatos distorsionados acaba ocultando la realidad de las cosas. Eso es lo que está ocurriendo con el debate de la lengua, ese instrumento que debería servir para comunicarnos y que en la política catalana y española se utiliza para zarandearnos. Pero habrá que insistir: no hay conflicto lingüístico en las escuelas. No hay enfrentamiento entre padres. No hay persecución por defender el castellano. No hay apartheid en Cataluña. No los hay, por mucho que ese sea el relato que intentan imponer ciertos medios prestos siempre a alimentar el anticatalanismo en defensa de los intereses electorales del tridente de la derecha.

Lo que hay son unas fuerzas políticas que llevan años intentando prender un incendio social en Cataluña utilizando la lengua y la mentira sobre la lengua como mecha, unos tribunales que se arrogan la función del legislador y unas minorías independentistas ahora frustradas y radicalizadas que insensatamente están cayendo en la provocación. Y mientras tanto la salud del catalán se deteriora. Los últimos datos sobre el retroceso del uso social indican que ese supuesto totalitarismo lingüístico, que según los detractores de la inmersión lingüística se ejerce en Cataluña, no debe ser tal a la vista de los resultados. Y el hecho de que, pese a todo el arsenal político y jurídico puesto a su disposición, apenas unas ochenta familias hayan pleiteado para exigir el bilingüismo en el aula confirma que, en la realidad, ni de lejos hay tanto descontento como se proclama.

Deberíamos escapar del marco mental de la confrontación e ir a lo que importa, y es que el catalán, como lengua minorizada por los efectos de la globalización comunicativa y la llegada de nuevos contingentes migratorios de habla castellana, está de nuevo en retroceso. Y que hay que seguir protegiéndolo asegurando que todos los escolares alcancen plenas competencias en ambas lenguas y dominen además un idioma extranjero. Lo importante es siempre el resultado final. En cada nuevo contexto se pueden discutir las fórmulas más idóneas para que el resultado sea un bilingüismo competente, pero ese es un debate que deberíamos confiar a los expertos.

La inmersión lingüística ha concitado en Cataluña el mayor consenso. La ley de normalización de 1983 se aprobó con una sola abstención y la Ley de Política Lingüística de 1998 obtuvo el 80% de los votos del Parlament. Es una fórmula de éxito reconocida internacionalmente que ha permitido que el catalán siga vivo y ha asegurado la igualdad de oportunidades al garantizar que escolares de origen inmigrante pudieran alcanzar las competencias lingüísticas necesarias para integrarse plenamente. Pero todo evoluciona. También la realidad a la que sirve.

Antes de que las recientes sentencias fijaran un 25% de materias en castellano ya se había planteado la necesidad de revisar y flexibilizar la metodología de aprendizaje en función del contexto sociolingüístico. Un extenso documento de 74 páginas publicado por el Departamento de Educación en octubre de 2018 bajo el mandato de Josep Bargalló, de ERC, proponía que “las lenguas curriculares (catalán, castellano y extranjeras) se traten como lenguas de aprendizaje y como vehículo de contenidos durante el tiempo lectivo y escolar de acuerdo con los proyectos lingüísticos de cada centro”.

El documento defendía el catalán como lengua propia y vehicular de la educación y la inmersión en catalán en aquellos lugares donde el castellano fuera la lengua predominante. Pero también preveía que “en los contextos en los que el castellano no tiene esa fuerza social y no es la primera lengua de buena parte de los alumnos habrá que hacer un enfoque didáctico próximo al que utilizamos con las segundas lenguas (inmersión lingüística en el caso del catalán). Si el número de horas de exposición a esta lengua no fuera suficiente para alcanzar, al acabar el sistema educativo, el mismo nivel de catalán y de castellano, el centro decidirá, en su proyecto lingüístico, incorporar bloques de contenidos curriculares en castellano y planificará actividades que potencien la expresión oral de los alumnos”.

Será interesante ver el resultado del informe que ha encargado el consejero González Cambray sobre el uso real de cada lengua en los centros educativos. La intransigencia, sea del lado que sea, va en contra de los intereses de los alumnos. Excluir cualquier posibilidad de ofrecer materias en castellano, como sostienen quienes en su día arremetieron contra el documento de Bargalló y ahora llaman a tomar la dirección de los centros y a desobedecer las sentencias, perjudica a los alumnos de las zonas con predominio catalanoparlante. Y quienes de forma intransigente recurren a los tribunales para acabar con la inmersión lingüística, perjudican a los escolares de las zonas con fuerte presencia del castellano. Y en medio de esta guerra, lo peor que le puede pasar al catalán es quedar emparedado en dos intransigencias y que sean los tribunales los que acaben decidiendo la política lingüística.