El Govern elude el alza de impuestos pese a las presiones de la CUP

Ni nuevos impuestos ni subidas significativas de los existentes. El Govern, de momento, ignora las presiones de la CUP y el borrador de la ley de acompañamiento adjunta a los Presupuestos de 2022 no incluye cambios de calado en la fiscalidad. El articulado, al que ha tenido acceso EL PAÍS, actualiza las tasas y hace algunas modificaciones en el canon del agua, pero no hay referencias ni al impuesto de Patrimonio ni al de Sucesiones, del que apenas abre la posibilidad a prolongar el plazo de pago a dos años en algún supuesto. Tampoco se ha introducido ningún cambio en el impuesto de la renta, del que dijo el consejero de Economía, Jaume Giró, que cabía una reducción de presión fiscal para las rentas más bajas.

El Ejecutivo que lidera Pere Aragonès siempre ha insistido en que los anticapitalistas son su socio preferente para aprobar las cuentas. Sin embargo, el borrador de la ley, remitido al Consell de Treball Econòmic i Social para que elabore su dictamen, va un poco a la contra de las condiciones bajo las cuales la CUP apoyó la investidura el pasado invierno. “No vamos bien”, remarcó el pasado lunes la diputada anticapitalista Eulàlia Reguant cuando se le preguntó sobre las negociaciones.

Pero pese a lo que parecen los oídos sordos del Govern ante el que ve como su único socio posible y las alertas de la CUP, las negociaciones continúan. Desde Presidencia de la Generalitat niegan que el hecho de que Aragonès participara el pasado martes en una reunión a tres con representantes de Economía y de la formación de Reguant pueda ser leído como un avance sustantivo en el pacto o como una maniobra de desatasco. Pero el manual de negociación indica que el líder baja a la arena en el momento clave.

El debate de Política General en el Parlament, el pasado septiembre, hizo evidente cierto distanciamiento entre los socios del Govern y la CUP. El rechazo a su propuesta de celebrar un referéndum de independencia (incluso de manera unilateral) antes de que termine la legislatura dio argumentos a los anticapitalistas para señalar la falta de avances en el contenido del pacto de investidura. Si esto no cambiaba, advirtió entonces el diputado Carles Riera, no habría pacto.

Las diferencias han seguido acentuándose. El último episodio fue este jueves, a raíz de una moción en el Parlament sobre el uso de los proyectiles de foam por parte de los agentes antidisturbios de los Mossos. La CUP, en plena negociación de la investidura, puso la acción policial en el centro del debate y exigió cambios en la gestión del modelo de seguridad. De ahí que no sentara bien que ni ERC ni Junts apoyaran la moratoria de uso de ese tipo de balas que propusieron los comunes.

Pero la falta de reflejo de las peticiones del grupo de Reguant en el borrador también permite dar más margen (y épica) para llegar a un pacto. O venderse como conquistas, según como se mire. La CUP ha anunciado este viernes que en breve iniciará el proceso para consultar a las bases sobre el apoyo a las cuentas. A nivel fiscal, el articulado solo rebaja ligeramente las tasas que deben pagar las empresas de telecomunicaciones por uso o aprovechamiento de vía pública. “En tanto que no haya culminado el despliegue de las redes de telecomunicaciones en todo el territorio de Cataluña y, en todo caso, por un periodo mínimo de cuatro años, queda en suspenso la exigibilidad de la tasa prevista”, señala el texto.

Se trata de una medida que, de hecho, va en contra de la última Ley de Medidas Fiscales y Financieras. En ella se incorporó una batería de nuevos impuestos entre los que se incorporaba un nuevo impuesto para gravar a las eléctricas y las operadoras de telecomunicaciones por cada unas de sus torres y emplazamientos. Ante las quejas del sector telecos, que advertía que el tributo limitaba la viabilidad de conectar zonas rurales, el Govern se planteó la modificación de la ley y blindar de ese impuesto las zonas rurales.

Más allá de la tradicional actualización de las tasas, el borrador apenas añade una modificación del impuesto sobre bienes de lujo que estén en manos de las empresas y que son innecesarias para su operativa. Se busca que a partir de ahora también tributen las sociedades vinculadas aunque estén inactivas.

La norma vuelve a ser un cajón de sastre para modificar otras leyes. Entre otras la obligatoriedad de que la tramitación presupuestaria incluya nuevos informes (uno sobre perspectivas a largo plazo). O cambios internos en el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), en el centro de la polémica por el caso de los avales a los multados del procés. El reglamento del organismo lo podrá realizar directamente el Ejecutivo, ya que ya no será necesario que sea propuesto por la junta de gobierno, formada por altos cargos de la Administración y externos.